Málaga. La investigación se inicia en marzo del año pasado a raíz de una denuncia interpuesta por una congregación de monjas en Granada en la que manifestaban que una empresa de publicidad había contactado con ellas comunicándoles que el proyecto publicitario que habían contratado ya estaba listo y que tenían que pagarlo, según informó la Policía Nacional en un comunicado.

En un primer momento, y ante la negativa de la congregación a realizar el pago -ya que ellas no habían contratado nada- la empresa finalmente, les exigió que abonaran el importe correspondiente al trabajo ya realizado, han explicado, a través de un comunicado, desde la Policía Nacional.

 

Hasta el momento se han localizado a  374 víctimas enmarcadas dentro de la denominada operación 'Cuaresma' desarrollada en la provincia de Málaga entre el 15 de junio y el 24 de julio.

 

Entre los arrestados se encuentran los gerentes, responsables y empleados de las 21 empresas que eran conocedores y participantes en la comisión de la estafa investigada. El Juzgado ha ordenado el embargo preventivo de 55 bienes inmuebles valorados en más de 4,5 millones de euros, 48 vehículos valorados en 495.000 euros y 198 productos bancarios con un saldo superior al millón de euros.

 

Las primeras pesquisas condujeron a los investigadores hasta una empresa de publicidad radicada en la provincia de Málaga, una empresa legalmente establecida. Además, averiguaron que esta sociedad estaba relacionada con otras 20 empresas más ubicadas en Málaga y Torremolinos (Málaga).

 

Igualmente constataron que algunas de estas empresas habían sido creadas por empleados --teleopeadores-- que previamente habían trabajado en alguna de las empresas investigadas y, tras aprender la dinámica y hacerse con los contactos, montaban su propia empresa para dedicarse a la comisión de estafas.

 

También mantenían relaciones entre todas ellas e intercambiaban sus listados de clientes, por lo que alguna de las víctimas había sido estafada por más de una de las  empresas. Se da la circunstancia de que en los listados intervenidos algunos de los nombres tenían anotaciones al margen relativas a la posibilidad existente de volver a reclamarles otras cantidades trascurrido un tiempo.

 

Según las investigaciones, el objeto social de estas empresas, y la forma dada a su actividad aparentemente legal, era vender publicidad a otras empresas a través de páginas webs, aunque en realidad se dedicaban a cometer estafas en diferentes formas.

 

En unos casos intentaban confundir a sus víctimas identificándose como una conocida empresa de publicidad y así se hacían con datos fiscales y bancarios para posteriormente realizar cargos ficticios que oscilaban entre los 200 y 398 euros.

 

En otras ocasiones, para que la víctima efectuara el pago de supuestos servicios contratados, utilizaban técnicas autoritarias e incluso coercitivas, llegando en muchas ocasiones a coaccionar a las víctimas ante su negativa a abonar dicho importe.

 

En total, se han practicado 13 registros donde se ha incautado numerosa documentación que acredita las estafas y coacciones. Tras el análisis de la información obtenida, los investigadores estiman que el engaño habría podido alcanzar a más de 7.000 víctimas en todo el territorio nacional, a las que habrían estafado más de 4 millones de euros.

 

La investigación ha sido tutelada por el Juzgado de Instrucción número 2 de Málaga. Ha sido desarrollada por agentes de la Sección de Delitos Económicos y Tecnológicos de la Brigada Provincial de Policía Judicial de de la Comisaría Provincial Málaga y agentes del Grupo de Investigación de la Comisaría de Policía Nacional de Distrito Oeste de Málaga y ha participado el Grupo de Investigación Patrimonial y Localización de Activos de la BPPJ de Málaga.