La Junta de Andalucía, a través de la Consejería de Igualdad y Políticas Sociales, reitera su apoyo a Juana Rivas, la madre de Maracena (Granada) que ha estado ilocalizable tras no entregar sus hijos al padre, una vez que se ha personado en los Juzgados de Granada y ha prestado declaración ante el juez de guardia, y ve "positiva" la resolución judicial que establece su libertad provisional. Asimismo, considera fundamental dar voz a los menores.

En un comunicado, el Gobierno andaluz mantiene el máximo respeto al proceso y a las decisiones judiciales, recordando no obstante que el ordenamiento jurídico contempla que toda decisión e interpretación judicial vele por la protección de las víctimas especialmente si son menores.

La consejera de Igualdad y Políticas Sociales, María José Sánchez Rubio, entiende prioritario el interés superior de los menores "para los que darle voz es fundamental, siguiendo el espíritu del anteproyecto de la Ley de Infancia y Adolescencia de Andalucía, recientemente aprobado por el Consejo de Gobierno, y tal como establece Ley Orgánica 8/2015, de 22 de julio, de modificación del sistema de protección a la infancia y a la adolescencia, de rango estatal".

La norma estatal, en su artículo 2, señala que "todo menor tiene derecho a que su interés superior sea valorado y considerado como primordial en todas las acciones y decisiones que le conciernan, tanto en el ámbito público como privado. En la aplicación de la presente ley y demás normas que le afecten, así como en las medidas concernientes a los menores que adopten las instituciones, públicas o privadas, los Tribunales, o los órganos legislativos primará el interés superior de los mismos sobre cualquier otro interés legítimo que pudiera concurrir".

Además, manifiesta el derecho del menor de ser informado, oído y escuchado por sí mismo, a través de profesionales expertos o de un defensor judicial.

El anteproyecto de Ley de Infancia y Adolescencia de Andalucía amplía la actual regulación de derechos. De este modo, junto al derecho a ser oído de la norma vigente, la nueva, en consonancia con la legislación estatal, fija el de ser escuchado, que compromete al poder judicial igualmente. Denegar este derecho conlleva resolución motivada.

La Consejería de Igualdad y Políticas Sociales manifiesta la necesidad de realizar las modificaciones legales necesarias y elaborar un protocolo específico en los casos que concurra una situación de violencia de género, adaptado a los principios y normas que establece el sistema jurídico en esta materia.

Según defiende este departamento, el caso de Juana Rivas responde claramente a situaciones de violencia de género, con condena judicial firme, tras la cual víctima y agresor volvieron a caer en la dependencia emocional, repitiéndose así el ciclo de violencia machista, que sufren de manera directa los menores.

Además, hace apenas un mes se aprobó en comisión un Pacto de Estado contra la Violencia de Género, documento que contempla la reforma legislativa para la suspensión del régimen de visitas a menores por parte de padres condenados por violencia de género.

Sánchez Rubio ha destacado que "procede por tanto que a la mayor brevedad se produzcan los cambios legislativos que contempla el Pacto para evitar que se vuelvan a producir situaciones como en el caso de Juana Rivas".