Caso Romanones
El juez declara responsable civil al Arzobispado de Granada en el caso de los abusos sexuales
El Juzgado de Instrucción número 4 de Granada ha acordado declarar la responsabilidad civil subsidiaria del Arzobispado de Granada en relación a los hechos que investiga de presuntos abusos sexuales a menores por parte de sacerdotes. La cuantía de dicha responsabilidad civil se determinará en el momento procesal oportuno.
El arzobispo de Granada.
El juez se basa en doctrina del Supremo y en las propias indicaciones dictadas por el Vaticano y la Conferencia Episcopal ante los abusos
Al cabecilla del clan de sacerdotes se le imputan presuntos delitos de abusos sexuales por penetración anal con miembro viril y dedos
La Audiencia tiene que decidir este mes el recurso sobre la prescripción de los delitos para once de los doce imputados inicialmente en el procedimiento
El magistrado considera, en su auto, que las personas imputadas, por su condición de sacerdotes, dependían directamente del Arzobispado de Granada.
Así, señala que “precisamente los hechos se producen por la condición de sacerdotes de los imputados, y por el reclutamiento y aprovechamiento como monaguillo de la víctima o víctimas en la sede y casa parroquial de la parroquia”.
Es por todo ello, “por culpa in eligendo como in vigilando y por el lugar del que parten en relación de causalidad los actos de índole sexual que se residencian y originan desde la parroquia”, por lo que se estima que se cumplen todos los presupuestos expuestos para la declaración de responsabilidad civil del Arzobispado.
El titular del juzgado número 4 argumenta su decisión con doctrina del Supremo, en concreto una sentencia referida también a la responsabilidad civil de un Obispado al que pertenecía un sacerdote condenado, en la que repasa los artículos del Código Penal aplicables. Pero el magistrado no se basa únicamente en el Código Penal, sino que recurre a las propias medidas dictadas por el Vaticano, ya con el Papa Francisco al frente de la Iglesia, especialmente implicado en no dejar impunes estos delitos y personalmente dedicado al caso de Granada, tras conocer por la propia víctima los abusos.
Recuerda el juez Antonio Moreno que el Vaticano señala a los obispos y a los superiores de las órdenes como los responsables de garantizar la seguridad de los menores y adultos vulnerables; llega a enumerar entre sus "importantes responsabilidades", además de garantizar su seguridad y protegerlos, dar una respuesta "adecuada" si se producen estos casos de abusos. Órdenes del Vaticano que la Conferencia Episcopal Española reflejó en su protocolo de actuación ante los abusos.
Para el juez no cabe duda que el Arzobispado y su máximo responsable, Francisco Javier Martínez, "habría incumplido con los actos de vigilancia, policía o seguimientos necesarios, y recomendados además como antes se ha expuesto tanto por la Santa Sede como por la Conferencia Episcopal, para evitar unos hechos por parte de unos sacerdotes además muy conocidos en una ciudad como Granada, y en el propio Arzobispado y por el arzobispo monseñor Francisco Javier Martínez Fernández, por su idiosincrasia propia de vida comunal, y bajo cuya autoridad se encuentran de forma directa (...), y por la condición directa de idoneidad como párroco que les otorgó (...)".
Y aunque la mayoría de los actos libidinosos denunciados se produjeron en inmuebles propiedad de los sacerdotes, no de la Iglesia -aunque figura también la casa parroquial como escenario de estos hechos-, se hicieron aprovechándose de su condición de sacerdotes y tras haber reclutado a la víctima en la parroquia, recuerda el juez para rechazar esos argumento.
Los escenarios de los abusos: la casa parroquial de San Juan María de Vianney; un piso de la calle Pavía, en el Zaidín; una casa de recreo situada en la calle Quinto Centenario, en la urbanización Los Pinillos, de Cenes de la Vega; un apartamento en la urbanización Cala Verde de Salobreña, cambiada con el tiempo por un dúplex en la misma zona.
El procedimiento, que se conoce como el caso Romanones, se abrió contra doce personas, sacerdotes y laicos, por los presuntos abusos cometidos contra un joven que fue captado como monaguillo de la parroquia zaidinera. Para once de ellos se han declarado prescritos los delitos de abusos sexuales sin penetración, exhibicionismo o encubrimiento-, aunque la decisión ha de ser todavía analizada por la Audiencia Provincial, que verá este asunto el próximo 15 de septiembre.
La causa, pendiente ahora de ese recurso, sigue contra el principal cabecilla del clan, el sacerdote que ha dado nombre al caso, al que se le acusan de abusos sexuales con penetración. El auto del juez en el que declara la responsabilidad civil del Arzobispado detalla algunos de los abusos sexuales que se le imputan y cita penetraciones anales con dedos y miembro viril.
Actos que según precisa habría sufrido la víctima cuando aún tenía 13 años y hasta los 17. "Por su corta edad, por un cierto aislamiento social y por la torcida manipulación de su voluntad", con esas razones la víctima expuso la persistencia de estos hechos tan duros y reprobables.
