La Federación de Organizaciones Andaluzas de Mayores (FOAM) ha denunciado la opacidad de la Junta de Andalucía tras la negativa de la Agencia de Servicios Sociales y Dependencia (ASSDA) a facilitar información agregada sobre las solicitudes de revisión de grado de dependencia y la recaudación por copagos, pese a tratarse de datos que la propia Administración genera y remite al IMSERSO, informa la FOAM en una nota de prensa.

La resolución de inadmisión, dictada el 15 de enero de 2026 por la Agencia de Servicios Sociales y Dependencia de Andalucía, rechaza proporcionar datos clave sobre la gestión del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD)

La resolución de inadmisión, dictada el 15 de enero de 2026 por la Agencia de Servicios Sociales y Dependencia de Andalucía, rechaza proporcionar datos clave sobre la gestión del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD).

La solicitud de información, presentada por FOAM el 17 de diciembre de 2025, se limitaba a pedir datos agregados, básicos y de evidente interés público correspondientes al periodo 2023-2025, relativos a:

• Número de solicitudes de revisión de grado recibidas, resueltas y pendientes, así como el número de personas fallecidas con la revisión aún en trámite.
• Recaudación por copagos de las personas usuarias, desglosada por tipo de servicio (atención residencial, centros de día y de noche, ayuda a domicilio y teleasistencia).

Sin embargo, la Agencia de Servicios Sociales y Dependencia inadmitió la petición alegando la supuesta necesidad de una “reelaboración ad hoc” de la información y la falta de recursos técnicos, argumentos que FOAM considera injustificados, ya que se trata de datos que la propia Administración genera de manera ordinaria para su gestión interna, contabilidad y elaboración de presupuestos.

De hecho, la Junta de Andalucía remite información de naturaleza equivalente al Instituto de Mayores y Servicios Sociales (IMSERSO). Así lo evidencian los informes oficiales publicados por este organismo estatal.

En concreto, se reflejan copagos del 33,2 % del precio del servicio en atención residencial (aproximadamente 7.665 euros anuales por persona usuaria), del 21,0 % en centros de día, del 11,4 % en teleasistencia y del 1,6 % en ayuda a domicilio

En el ámbito de los copagos, el informe del IMSERSO “Servicios Sociales dirigidos a las Personas Mayores”, con datos a 31 de diciembre de 2024, recoge las aportaciones medias de las personas usuarias en Andalucía a partir de información facilitada por la propia Junta. En concreto, se reflejan copagos del 33,2 % del precio del servicio en atención residencial (aproximadamente 7.665 euros anuales por persona usuaria), del 21,0 % en centros de día, del 11,4 % en teleasistencia y del 1,6 % en ayuda a domicilio. Estos datos (de publicación anual desde el año 2010) demuestran que la información solicitada existe, se procesa y se comunica de forma rutinaria, sin que sea necesaria ninguna elaboración extraordinaria.

En relación con las revisiones de grado, las estadísticas mensuales del IMSERSO incluyen información sobre personas fallecidas en distintas fases del procedimiento, datos que proceden directamente de los sistemas de la Junta de Andalucía. No obstante, la Junta solo traslada al IMSERSO los datos de revisiones cuando estas se resuelven, sin comunicar las solicitudes en el momento de su recepción ni informar sobre las que permanecen pendientes, lo que impide conocer la magnitud real del agravamiento de las situaciones de dependencia y detectar posibles deficiencias en las valoraciones iniciales.

La FOAM denuncia que la Junta de Andalucía maneja y remite datos de copagos y revisiones de grado al IMSERSO, pero niega a la ciudadanía el acceso a esa misma información cuando se solicita de forma agregada y con fines de control democrático, lo que supone una clara vulneración del derecho de acceso a la información pública.

La FOAM denuncia que la Junta de Andalucía maneja y remite datos de copagos y revisiones de grado al IMSERSO, pero niega a la ciudadanía el acceso a esa misma información cuando se solicita de forma agregada y con fines de control democrático, lo que supone una clara vulneración del derecho de acceso a la información pública.

Además, la resolución de inadmisión ignora por completo la petición subsidiaria incluida en la solicitud original de FOAM, en la que se solicitaba, al menos, el acceso a los datos disponibles mediante consultas habituales, información sobre estadísticas ya elaboradas o una explicación técnica detallada de las limitaciones existentes. La Agencia optó por inadmitir la solicitud en su totalidad, sin ofrecer ninguna alternativa ni vía de acceso parcial a la información.

Ante esta situación, FOAM ha interpuesto la correspondiente reclamación ante el Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía (CTPD), solicitando la anulación de la resolución y la entrega inmediata de la información requerida.

FOAM exige a la Consejería de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad:

• Transparencia real y efectiva sobre las solicitudes de revisión de grado de dependencia, incluyendo las pendientes y las personas fallecidas durante esa fase, así como sobre la recaudación por copagos.
• La publicación periódica y accesible de estos datos agregados en el portal de la Agencia de Servicios Sociales y Dependencia, al igual que ya ocurre con otros indicadores difundidos por el IMSERSO.
• La agilización inmediata de las revisiones de grado.
• La reducción de los copagos excesivos para aliviar las cargas económicas injustas que soportan las personas mayores y sus familias

"No estamos solicitando nada extraordinario: exigimos conocer datos que la Junta ya maneja y remite al Estado. Negar esta información es negar el derecho de la ciudadanía a controlar un sistema del que dependen miles de personas mayores. La transparencia no es una opción, es una obligación democrática".