"La cercanía al Estrecho y la fluida entrada de hachís a través de embarcaciones de alta velocidad, los puertos de Algeciras y Málaga con la llegada no solo de aquella sustancia sino también de cocaína en contenedores y la existencia de zonas con clima y situación propicias para el cultivo de cannabis hacen a esta Comunidad Autónoma una de las más afectadas por el fenómeno del narcotráfico".

Así lo recoge la Memoria de la Fiscalía General del Estado, en el apartado correspondiente a la Fiscalía Especial Antidroga, al analizar la situación de Andalucía. Y en esta comunidad, una vez más la memoria fiscal, presentada con motivo de la apertura del año judicial, llama la atención sobre la situación de Granada y Almería, que siguen siendo "dos territorios afectados principalmente por el cultivo del cannabis".

Los delegados antidroga en las fiscalías de las dos provincias "constatan especialmente el incremento y extensión del cultivo indoor de esta sustancia a la vez que se reduce en Almería las plantaciones en invernaderos bajo el falso paraguas del cultivo industrial". Esta forma de cultivo, recoge la memoria, "lleva pareja la comisión de delitos de defraudación de fluido eléctrico en números sorprendentes como los 503 enganches ilegales desarticulados por la policía en Almería que, no huelga repetir, producen cortes de suministro por sobrecargas afectando a terceras personas que viven en edificios o zonas destinadas principalmente al consumo de marihuana". En el caso de Granada, la Fiscalía cita la instalación de clanes para el cultivo en Albolote, Atarfe, Pinos Puente y el norte de la capital.  

Organizaciones holandesas, lituanas, ucranianas y albanesas

"Aunque haya una percepción de la menor gravedad de estas conductas, los dos delegados advierten de la mayor violencia de los clanes y organizaciones dedicados a estas actividades a los que cada vez con mayor frecuencia se les intervienen cantidades alarmantes de armas de fuego". Igualmente, ya se alertaba el año pasado de "la instalación de organizaciones extranjeras dedicadas a este cultivo y tráfico, holandeses, lituanos, ucranianos y especialmente albaneses, que encuentran en nuestro país la base de operaciones de sus organizaciones criminales".

No es la primera vez que la Fiscalía General del Estado alerta en su memoria sobre el impacto del cultivo de marihuana. En la anterior, citando el informe del Observatorio Europeo sobre Drogas con el lema "Everywhere, Everything, Everyone", llamó la atención sobre la "omnipresencia" de las drogas. 

Venta de cogollos en formatos de todo tipo, muchos de ellos con embalajes recreativos simulando golosinas

Las investigaciones por ventas de cogollos en cantidades y formatos de todo tipo, muchos de ellos con embalajes recreativos simulando golosinas por el territorio nacional incluso en máquinas de autoventa, "dan lugar a actuaciones policiales y procedimientos judiciales complejos y de difícil gestión" entre los que se cita como ejemplo unas diligencias tramitadas por el Juzgado número 1 de Berja (Almería) en las que, tras la incautación de cannabis vendido en gasolineras, se realiza una investigación con 244 establecimientos inspeccionados en 31 provincias, con la intervención de dos toneladas de cogollos, más de 100  plantas de marihuana y en la que figuran 147 personas investigadas.

En lo referido al tráfico de drogas, la memoria menciona la situación de las embarcaciones de alta velocidad neumáticas y semirrígidas. Este tipo de embarcaciones ha sido declarado "género prohibido por Real Decreto-ley 16/2018, de 26 de octubre, por el que se adoptan determinadas medidas de lucha contra el tráfico ilícito de personas y mercancías en relación con las embarcaciones". Por tanto, explica la Fiscalía, "el uso de estas embarcaciones es un delito autónomo de contrabando cuando su valor supera los 50.000 euros y la pena a imponer es de 3 a 5 años de prisión. La medida, resalta la Fiscalía, "ha tenido una indudable repercusión práctica ya que no pueden ser fabricadas en España y se ven obligados a su ocultación en aguas internacionales o de otros Estados".

El caso del asesinato de dos guardias civiles en Barbate muestra "la impotencia del Estado ante unas redes criminales que deben ser inmediatamente desarticuladas"