La Junta ha anunciado este martes que "agotará la vía judicial" para evitar que el profesor de Religión que fue detenido en el marco del 'caso Romanones', sobre abusos sexuales presuntamente cometidos por sacerdotes en Granada, sea readmitido en su puesto de trabajo.

Así lo ha señalado el delegado de Educación de la Junta en Granada, Germán González, después de que el Juzgado de lo Social número 1 de Granada haya declarado la nulidad del despido del profesor y haya condenado al Gobierno andaluz a readmitirle, al considerar que se han vulnerado sus derechos fundamentales.

A preguntas de los periodistas durante la inauguración en Motril del curso escolar para Secundaria y Bachillerato, González ha recordado que el profesor no está habilitado por el Arzobispado de Granada para dar clases de Religión, puesto que tienen que darle la idoneidad; de modo que la Junta tampoco podría en estos momentos realizarle una contratación.

Pese a ello, el delegado de Educación ha anunciado que su departamento "agotará la vía judicial" al entender que "hay motivos para reclamar" esta decisión judicial.

De hecho, tanto la Junta como el Arzobispado de Granada ya han recurrido la sentencia, si bien el docente ha solicitado que sea ejecutada de manera provisional hasta que se resuelvan los recursos, según han informado a Europa Press fuentes cercanas al caso, de modo que el Juzgado de lo Social número 1 de Granada deberá pronunciarse a este respecto.

Anula el despido e impone indemnización

Además de la readmisión, el Juzgado ha condenado a la Administración autonómica y al Arzobispado de Granada, que le retiró la idoneidad para impartir la asignatura de Religión, a indemnizarle de manera solidaria con 6.000 euros por los daños morales causados tras su despido.

Según consta en la sentencia, a la que ha tenido acceso Europa Press, el denunciante prestaba sus servicios como profesor de Religión y Moral Católica en un instituto de Dúrcal, habiendo sido propuesto en virtud de la declaración de idoneidad que el ordinario Diocesano había ido comunicando al inicio de cada curso escolar a la Delegación de Educación de la Junta en Granada.

No obstante, el 25 de noviembre de 2014, la Junta remitió un oficio al Arzobispado de Granada informándole de que el maestro había sido detenido "por orden judicial en calidad de imputado en el marco de una operación iniciada por una denuncia de abusos sexuales a menores, caso que ha tenido y sigue teniendo repercusión social y mediática a nivel nacional".

"Dada la gravedad de los hechos denunciados, absolutamente execrables, que han sido condenados directamente por el Papa (...) el citado profesor en la actual coyuntura no debería continuar ejerciendo su labor docente (...) por ello le traslado esta información a fin de someter a su consideración la inmediata sustitución de este profesor mediante la revocación de su declaración de idoneidad, decisión que corresponde al Arzobispado", rezaba el escrito.

Al día siguiente, el 26 de noviembre, el Arzobispado retiró al maestro la idoneidad que tenía para ser profesor de Religión y en la sentencia queda acreditado que fue tras este paso cuando la Junta procedió a la extinción de su contrato, sin que existiese una sentencia condenatoria.

La magistrada mantiene que el derecho a ser tratado socialmente como inocente en las relaciones jurídicas de todo tipo, también lo ostenta en consecuencia el trabajador imputado penalmente y por tanto tampoco él puede ser sometido a una "especie de juicio laboral" paralelo por parte del empresario ni usado como causa de incumplimiento contractual.

Respecto a la decisión del Arzobispado de revocar la idoneidad, en la sentencia se expone que "aun cuando se debe a motivos estrictamente religiosos, vulnera el derecho a la presunción de inocencia".

El Juzgado de Instrucción número 4 de Granada declaró en su día prescritos todos los delitos que se le imputaban a los 12 denunciados inicialmente --incluido el citado profesor-- excepto al considerado líder del grupo, el padre Román M.V.C., contra el que continúa la causa.

La Audiencia Provincial de Granada decidirá precisamente este martes sobre la posible prescripción de los delitos tras los recursos planteados por la acusación particular y popular.