El 26 de abril de este año, coincidiendo con el último Pleno en el Ayuntamiento antes de las elecciones municipales, desde la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (APDHA) y Ajuntamientos Granada convocamos una concentración en la Plaza del Carmen con el fin de que todos los partidos políticos firmarán de forma expresa su compromiso con el cumplimiento de la Declaración Universal de los Derechos Humanos en la ciudad de Granada. La sorpresa llegó cuando tras varios intentos fallidos ni el Partido Popular ni Ciudadanos firmaron el compromiso que vecinos y vecinas de la ciudad esperábamos tener. En junio, Ciudadanos, Partido Popular y Vox lograban un acuerdo por el que se investía a Luis Salvador, de Ciudadanos, como alcalde de la ciudad y se conformaba un gobierno municipal de Ciudadanos y Partido Popular. El acuerdo de las derechas, como en otras comunidades autónomas y ciudades, llegó también a Granada. Aprovechando la conmemoración de la aprobación de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el 10 de diciembre, hacemos un repaso desde los Derechos Humanos a las políticas y actuaciones de estos meses en nuestra ciudad.

Sin derecho a techo, sin derecho a infancia

Empezamos, en estos días de frío, lamentando que se continúe sin dar respuestas eficaces a las personas sin hogar. Existe una total desproporción entre el número de plazas disponibles en el Centro de Alta Tolerancia y el número de personas sin hogar: hay más de 200 personas sin hogar en nuestra ciudad y entre marzo de 2017 y enero de 2019 han muerto ocho personas en la calle. Se están incumpliendo las sugerencias y recomendaciones del Defensor del Pueblo de Andalucía y desde la Concejalía de Derechos Sociales no se prioriza la vivienda social y los mecanismos que garanticen el bienestar del conjunto de vecinos y vecinas sin hogar.

Del mismo modo, siguen faltando políticas decididas que aborden la pobreza infantil en una ciudad donde la tasa supera la media andaluza y española: estamos hablando que 53.000 niños y niñas se encuentran en el umbral de la pobreza lo que afecta tanto a su alimentación y vestimenta, como a su educación, desarrollo pleno e inclusión social. El nuevo Plan adoptado debe invertir todos los esfuerzos necesarios para revertir esta situación porque afecta a quienes más requieren de una política valiente que aborde las desigualdades estructurales: la infancia. No queremos más planes que se quedan en buenos propósitos y no abordan con profundidad las causas de la pobreza. Hasta la fecha las cifras hablan. Las familias también.

A ello le sumamos el cierre de las ludotecas municipales, un servicio esencial en la ciudad que garantiza el bienestar y la educación de nuestra infancia y la conciliación de la vida laboral y familiar; un paso atrás en la igualdad y los cuidados que deja sin respuesta a cientos de familias y cuyo peso recaerá, especialmente, sobre las mujeres en el seno de una sociedad patriarcal. ¿A quién están mirando mientras gobiernan?

Sin derecho a luz

Nos siguen preocupando cómo las desigualdades aumentan en algunos barrios ante la ausencia de respuestas desde el Ayuntamiento. Un Ayuntamiento debe cuidar y fortalecer cada uno de sus barrios, porque todos ellos conforman la ciudad y la calidad y garantía de los derechos no pueden depender del barrio en el que cada persona viva. Podemos mencionar la situación de Distrito Norte y los sistemáticos cortes de luz que están sufriendo desde hace años, lo que afecta a derechos fundamentales como la vida, la educación, la dignidad o la igualdad en el desarrollo de los proyectos de vida. ¿Actuaría igual el Ayuntamiento si la situación fuese en el distrito centro? El olvido continuado y la falta de implicación real del Ayuntamiento en algunos barrios de la ciudad sólo provoca el aumento de las desigualdades estructurales. Las luces que por estas fechas alumbran el centro las queremos en todos los barrios, todos los días, traducidas en vivienda digna, garantía de suministros esenciales, alimentación, recursos sociales y derechos. Sin embargo, ésta tampoco es la apuesta del equipo de gobierno de Granada.

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Concentración reclamando soluciones para los cortes de luz en Norte. indegranada

Sin feminismos no hay Derechos Humanos

Si hablamos de igualdad cabe señalar que este 25 de noviembre, al igual que en el Parlamento de Andalucía, no ha sido posible la aprobación de una declaración institucional contra la violencia de género ante la negativa de VOX, sin cuyos votos Luis Salvador no sería alcalde. No podemos permitir ningún retroceso contra todas las formas de violencia machista y no renunciamos a nuestra aspiración de construir una sociedad feminista. Para alcanzar una ciudad donde todas las vecinas puedan vivir sin miedos, libres e iguales es necesario una política valiente y decidida, que no le deba nada, ni un sillón, ni una enmienda, ni un presupuesto, a la ultraderecha y sus discursos machistas.

Tampoco se ha activado el Observatorio de Delitos de Odio para garantizar el respeto a las diversidades en nuestra ciudad. No podemos permitir ni una pintada más, ni un acto de violencia más, que vulnere derechos y merme nuestras libertades sexoafectivas, identitarias… sin planes de prevención, mediación y mecanismos de atención a quienes los sufren. En esta oleada de retrocesos tampoco comprendemos por qué nuestros semáforos vuelven al negro. Los semáforos que apostaban por la visibilidad de la diversidad en Granada, pintados con los colores de la bandera LGTBQI+, han sido tapados en estas semanas. Las claves de visibilidad, igualdad y avance social parece que no son compañeras de las nuevas políticas que se están implementando.

Sin derecho a migrar

También nos preguntamos qué ocurre con el Protocolo para situaciones de emergencia (conocido como PECOL) con el fin de atender a personas migrantes de forma digna puesto en marcha por el anterior equipo de Gobierno. Este plan pionero en una ciudad española acordado con 46 entidades sociales que trabajan en este ámbito, se desmantela y nos aleja de un modelo de ciudad, basado en la acogida, tan necesario como urgente. Podría asumirse y consolidarse como una política pública ejemplar para el resto de ciudades y municipios en tiempos donde el racismo y la xenofobia aumentan, en tiempos donde todas las instituciones y personas deberíamos asumir desde nuestras responsabilidades la defensa firme de los derechos universales e inherentes a toda persona frente a quienes propagan odios y discriminación.

Nos preocupa cómo en los barrios de nuestra ciudad ha comenzado a emerger un discurso criminalizador contra la infancia migrante

Por otra parte, nos preocupa cómo en los barrios de nuestra ciudad ha comenzado a emerger un discurso criminalizador contra la infancia migrante. No hay ningún tipo de relación entre delincuencia e infancia migrante. Son datos que arrojan las memorias anuales de la Fiscalía General del Estado: según el Sistema Estadístico de Criminalidad del Ministerio del Interior, entre 2012 y 2018 el número de niños y niñas que migran solos ha pasado de 3.261 a 13.796 al mismo tiempo que, durante ese periodo, la tasa de personas detenidas e investigadas para ese grupo de edad ha caído un 32%. En la provincia de Granada, de hecho, se confirma esta misma tendencia descendente: entre 2017 y 2018 la cantidad de investigaciones y detenciones efectuadas entre quienes tienen 14 y 17 años -sin distinción de nacionalidad- ha caído un 23%. En contra de la imagen transmitida por algunos partidos políticos e influyentes medios de comunicación locales, el número de detenciones e investigaciones efectuadas en esa franja de edad durante 2018 (501 en total) representa un 1,22% del total de detenciones realizadas en nuestra provincia en ese año.

Sin derechos fundamentales

Durante los últimos meses numerosos colectivos y organizaciones sociales granadinos han denunciado el recorte de derechos fundamentales, sobre todo los relacionados con libertad de expresión y manifestación. No exageran. Si observamos el desglose de sanciones impuestas en todo el Estado en aplicación de la Ley de Seguridad Ciudadana (la conocida como “Ley Mordaza”), Andalucía es el territorio donde se recoge el mayor número de infracciones cometidas con casi 92.000 a lo largo del año pasado.

Existen, por desgracia, una cantidad incontable de ejemplos. Por eso pondremos tan solo uno que nos parece especialmente significativo. En el mes de marzo de este año y al abrigo de las movilizaciones del 8-M, algunas compañeras hicieron un llamamiento a la huelga permanente de fronteras que en nuestra provincia se materializó en la convocatoria de una manifestación el día 23 de marzo en la ciudad costera de Motril. La Subdelegación del Gobierno en Granada, como por desgracia viene siendo habitual, se opuso al recorrido propuesto sin motivar su resolución y sin ofrecer ningún itinerario alternativo. Por eso, desde APDHA y gracias al apoyo de todas las organizaciones implicadas, recurrimos la decisión frente al Tribunal Superior Justicia de Andalucía. El día 22 de marzo la Subdelegación de Granada fue condenada por vulneración del derecho fundamental de reunión (en este enlace se puede leer la sentencia completa).

Contra los Derechos Humanos

Han pasado sólo seis meses pero la ausencia de sus firmas en aquel acto simbólico era el presagio de lo que está sucediendo. En ocasiones, una continuidad con las políticas del gobierno anterior en el retroceso de derechos y la ausencia de respuestas que los garanticen, en otras, mermando mecanismos puestos en marcha que precisaban de una apuesta firme para su consolidación y, en gran medida, por la falta de nuevas políticas que respondan a las urgencias presentes e invisibilizadas. En definitiva, la ausencia de sus firmas muestra la realidad de aquellos que no precisan comprometerse con sus vecinos y vecinas porque gobiernan de espaldas a sus intereses y derechos. Si ellos gobiernan de espaldas, nosotras estaremos enfrente, bajo el lema de aquella convocatoria de abril “nuestros derechos no se tocan”. Por una Granada diversa, feminista, antirracista y ecologista.