El Defensor del Pueblo Andaluz, Jesús Maeztu, ha demandado este martes en la Comisión de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio del Parlamento de Andalucía, el reconocimiento jurídico del derecho humano al agua y la adopción de políticas y medidas públicas para impedir situaciones de pobreza hídrica en la comunidad, entre las que ha mencionado "la prohibición por norma imperativa del corte del suministro a aquellas personas que por razones económicas no pueden hacer frente al mismo".

Para el Defensor existe en Andalucía un "consenso" de todas las fuerzas políticas y sociales acerca de la necesidad de garantizar que nadie resulte privado de su derecho al agua por razones económicas. Sin embargo, "urge" determinar cómo se garantiza este derecho y quién debe asumir los costes derivados de tal garantía.

En este sentido, ha abogado por que la Ley de Aguas de Andalucía recoja el reconocimiento de un suministro mínimo vital para las personas en situación de pobreza hídrica así como su inclusión en todas las ordenanzas reguladoras del servicio de abastecimiento de agua. Para el Defensor este suministro mínimo vital para las personas más necesitadas estaría en 100 litros por persona y día.

Durante su intervención, ha destacado el "privilegio" que supone contar en Andalucía con una norma como el Reglamento de Suministro Domiciliario de Agua. Una norma, no obstante que "debe adaptarse a los retos futuros en materia de aguas, tales como la necesidad de afrontar las situaciones de pobreza hídrica o la garantía efectiva del derecho humano al agua, así como la urgencia de regular el ciclo integral del agua para garantizar los principios de sostenibilidad y recuperación de costes", por lo que considera una "oportunidad" el reciente anuncio de la Consejería de Medio Ambiente de impulsar una nueva redacción de dicho reglamento.

El informe especial sobre suministros de agua recoge además las quejas presentadas en la Institución sobre esta materia, entre las que destacan las recibidas sobre el derecho de acceso al suministro y aquellas que denunciaban los cortes de agua por el impago de facturas. También alerta de las "carencias y falta de garantías" que se detectan en el sistema de regulación de los servicios de suministro de agua.

El Defensor ha realizado en este informe especial un análisis centrado, preferentemente, en la calidad del servicio y en los derechos de las personas usuarias. Para ello remitió cuestionarios a las empresas suministradoras, organismos públicos y asociaciones de personas consumidoras y del tercer sector social, a los que Maeztu ha agradecido su colaboración.

DERECHO A 3 M3 POR PERSONA Y MES DE FORMA GRATUITA

Así, Maeztu señala que piden una Ley andaluza que garantice el derecho a no verse privado del suministro de agua por razones económicas y a recibir de forma gratuita un suministro mínimo vital cuando la situación económica así lo requiera. Para el Defensor, la regulación de este derecho debe incluir una prohibición expresa de cortar el suministro de agua a aquellas personas que acrediten su situación de pobreza hídrica por no poder hacer frente al pago del suministro y señala que debe reconocer su derecho a recibir un suministro mínimo vital de tres metros cúbicos por persona y mes de forma gratuita.

Asimismo, solicita que se incluyan en las ordenanzas reguladoras de las tarifas del servicio de agua ayudas para personas en situación de precariedad económica que carezcan de medios para afrontar el pago de la parte de la factura de agua que no resulte cubierta por el suministro garantizado como mínimo vital o no reúnan los requisitos para ser beneficiarias de dicho mínimo vital, a fin de evitar que caigan en una situación de impago que pueda derivar en un corte.

Dichas ayudas, incluidas en un fondo social, señala que deberían ser sufragadas por las empresas suministradoras, incorporándolas como un concepto más de coste a sus presupuestos de gastos y deberían ser gestionadas por los servicios sociales. La concesión de estas ayudas debe ser revisada periódicamente.

Además, Maeztu pide que las tarifas de agua se fijen de acuerdo al número de personas que habitan en la vivienda, y ve necesario que el proceso de implantación del nuevo sistema tarifario se haga de forma paulatina, con un periodo de información previa a los usuarios suficientemente dilatado y constituyendo un organismo dedicado específicamente a solventar las dudas y a dar respuesta a las situaciones especiales que puedan plantearse.

Del mismo modo, la Defensoría pide que las ordenanzas reguladoras de las tarifas de agua incluyan bonificaciones destinadas a reducir el coste del suministro para aquellos colectivos en situaciones de desfavorecimiento social por sus circunstancias personales. Dichas bonificaciones deberían estar referenciadas al principio de capacidad económica y establecer limitaciones a su percepción en función del nivel de renta.

Igualmente, Maeztu pide una mejor regulación del procedimiento de notificación de los supuestos de fraude en el suministro de agua con objeto de garantizar el legítimo derecho a la defensa de las personas afectadas. Así, entre otras cuestiones, pide arbitrar un régimen jurídico de infracciones y sanciones para los supuestos de fraude en los suministros de agua, con las suficientes garantías legales.

Maeztu pide también mejor calidad de la atención prestada a las personas por las empresas suministradoras de agua y que de su incumplimiento se deriven sanciones para la entidad y compensaciones para las personas usuarias afectadas.

Marta Escrivá de C's señala que "hace falta" hacer frente a esta problemática de pobreza energética a nivel global y se pregunta por el motivo por el que este derecho "no se incluye de forma explícita" en el catálogo de derechos humanos, y por qué "no se han cumplido en su totalidad" los objetivos establecidos hasta 2015. Además, no ve necesario crear un observatorio andaluz del agua, y apuesta por que toda la labor la hagan funcionarios dentro de las propias consejerías, ve "injusta" la desigualdad entre municipios, y defiende que todas las administraciones "frenen" los cortes de suministro.

Aguas depuradas

Desde Podemos, la diputada María del Carmen Bueno ha apuntado que uno de los problemas principales es la privatización del agua, y comparte que desde el Parlamento "se pongan todos los medios para que este derecho esté garantizado". Además, añade que "vivimos en una Andalucía muy desigual", en la que según el sitio "hay tarifas abusivas", y señala que "también es un derecho que las aguas estén limpias y depuradas", por lo que apuesta por "supervisar que todos los municipios depuran agua residuales para garantizar el objetivo fijado por la Directiva Marco del Agua, que no se ha cumplido".

Por su parte, la diputada popular Ana Vanessa García ha invitado al Defensor a que el próximo informe especial sea sobre depuración de aguas, ya que "una parte importante de la factura se la lleva saneamiento y depuración", y "en la mayoría de los casos se paga sin que se preste el servicio". Además, asegura que "no es nueva" la petición de garantizar el suministro mínimo vital de agua a todos los andaluces, porque "llevamos años hablando de esto", mientras el Gobierno andaluz "solo toma medidas paliativas insuficientes".

Desde PSOE Julio Millán ha destacado que el agua "es un tesoro para la Humanidad y por ello ha de se una prioridad como está siendo para el Gobierno andaluz", al tiempo que ha defendido "salvaguardar el carácter público del agua y que haya un verdadero control público que ve por este recursos y el acceso a él de toda la ciudadanía".