El Defensor del Pueblo investiga si hubo demora en la extinción del incendio de Lújar
Cómo es posible que en una zona como la Sierra de Lújar, señalada en la normativa andaluza de prevención de incendios como de "extremo peligro", y por tanto sobre la que se conoce "de antemano el riesgo enorme de que pueda arder", tan próxima a un municipio de entidad como Motril y con los medios de los que dispone el Plan Infoca, no se haya podido impedir el "auténtico desastre ecológico" ocurrido este verano. Esa es la pregunta que se hace el Defensor del Pueblo Andaluz , que busca una respuesta con la actuación de oficio que ha abierto.
"Únicamente, desde el análisis del modo en que se ha intervenido, haciendo autocrítica si ello fuera necesario, se podrá determinar si nos encontramos ante una catástrofe inevitable o por el contrario se podía haber impedido que el daño ambiental provocado tuviera la dimensión que efectivamente ha tenido", sostiene el Defensor, que aclara que no cuestiona en ningún momento la profesionalidad y entrega del personal dedicado a la extinción de incendios.
Esta investigación, asegura al respecto, "en ningún momento cuestiona la entrega, el esfuerzo y el riesgo" de las personas que participaron en la extinción del incendio que, resalta, merecen "nuestro reconocimiento y más sincero agradecimiento por su parcipación activa y comprometida" por intentar extinguir y evitar la destrucción de la masa arbórea y monte de la localidad.
El incendio obligó a desalojar Lújar y núcleos de Órgiva y Rubite y 600 personas durmieron fuera de sus casas. paula v.martín
El Defensor sigue dos líneas en su actuación. De un lado, las quejas por la tardanza en la llegada de los medios a la zona. Se refiere a las declaraciones del alcalde de Lújar, Manuel Mariano González (PP), que aseguró -como el propio Maeztu señala- que pese a que el primer aviso del siniestro se hizo a las 10.00 horas, no fue hasta el mediodía cuando llegó la primera dotación a la zona. Una tardanza negada por la Junta de Andalucía, a través del propio consejero de Medio Ambiente, José Fiscal, y de la delegada del Gobierno andaluz en Granada, Sandra García, y refrendada por UGT. El Gobierno andaluz, recuerda el Defensor, señaló en su momento que el tiempo de respuesta del Infoca fue de 15 minutos, mientras que el sindicato UGT defendió que los bomberos motrileños llegaron en cuatro minutos a la zona del incendio.
La segunda línea de su investigación va al "problema de fondo", en palabras de Maeztu, que es conocer por qué falla la prevención en una zona de alto riesgo como la afectada. El riesgo es previsible, existe una planificación para prevenir y extinguir, lo más pronto posible, los incendios que se producen en territorio andaluz, pero en este caso, no ha sido posible conseguir esos objetivos, que son la razón de ser del propio Infoca, recuerda en su actuación de oficio el Defensor.
Para aclarar las actuaciones que se llevaron a cabo y las causas que impidieron evitar "esta catástrofe" se ha dirigido ya a la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio y al Ayuntamiento de Lújar.
Un pueblo desalojado y 2.000 hectáreas calcinadas
El incendio, que se originó el 7 de julio y que obligó a desalojar el municipio de Lújar, varios anejos de Rubite y Órgiva así como casas rurales de la zona, arrasó 2.000 hectáreas en su mayoría del término de Lújar, donde quedó afectado por el fuego el 80 por ciento de sus 37 kilómetros cuadrados de superficie.
Más de 150 personas integraron el dispositivo de extinción en el que, además de los medios del Plan Infoca y del Ministerio de Medio Ambiente, participaron militares de la UME. Doce medios aéreos del Infoca, cinco aviones anfibios del Ministerio y un helicóptero, maquinaria pesada, dos autobombas y grupos de especialistas llegaron a integrar el dispositivo, al que se sumaron personal del 112 Andalucía, Guardia Civil, Policía Autonómica, Policía Local de Gualchos y Bomberos de Motril, entre otros, como voluntarios de Cruz Roja.
El pasado martes 1 de septiembre el Consejo de Gobierno analizó los trabajos de emergencia que la Consejería de Medio Ambiente llevará a cabo en la zona. La Junta destinará 340.000 euros a obras de emergencia en la zona afectada, que fundamentalmente se centrarán en correcciones hidrológicas contra la erosión.