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Informe Anual sobre Centros de Privación de Libertad

El Defensor del Pueblo clama contra las condiciones del centro de acogida de migrantes de Motril

Ciudadanía - M.A. - Martes, 7 de Agosto de 2018
En su último informe, y como ya hizo tras la visita a estas dependencias policiales ubicadas en el Puerto de Motril, la institución recuerda que son "insalubres", censura las condiciones de detención y llama a la reflexión para implantar un protocolo de intervención que incluya la participación de equipos especializados y multidisciplinares.

Imagen de archivo de la llegada de un grupo de migrantes a Motril. a.feixas

El Defensor del Pueblo de España ha vuelto a llamar la atención sobre las "importantes deficiencias" que presentan los centros dedicados a la recepción y primera acogida de personas migrantes rescatadas en las costas españolas, entre ellos el ubicado en el Puerto de Motril, para el que ya recomendó su cierre.

En su último informe, presentado el pasado 26 de julio al Congreso de los Diputados, y que aborda específicamente los centros de privación de libertad -tanto cárceles como centros de internamiento para menores o migrantes-, el Defensor clama contra las pésimas condiciones de estos recintos e invita a una reflexión para cambiar el modelo de atención, apostando por uno que incluya un protocolo de intervención y la participación de medios humanos especializados que no se limiten, como ahora, a los cuerpos de seguridad, además de otras propuestas como la creación de equipos multidisciplinares móviles que puedan desplazarse en función de las necesidades.

En el caso de Motril, el suspenso es clamoroso. El Defensor repasa las conclusiones que obtuvo en la visita realizada a las dependencias el pasado año y recuerda que recomendó su cierre "por insalubre e inadecuado". Una recomendación, que como también indica, fue rechazada en su momento por la Dirección General de la Policía. Si bien, posteriormente, Interior intentó acondicionar antiguas instalaciones militares -el EVA9- para la retención de estas personas por un plazo no superior a las 72 horas, según detalla el informe. Esta opción, no obstante, como es conocido, fue rechazada por la ciudadanía motrileña y el propio Consistorio y no se han planteado, hasta el momento, reactivarla. 



NE: No evaluada (porque no fueron comprobadas visualmente ni directamente por los técnicos en el momento de la visita).

Rojo: No cumplida de forma adecuada.

Amarillo: Cumplimiento parcial o incompleto.

Verde: Cumplida/atendida de manera suficiente. 

En el informe se recuerda que el Centro de Acogida de Inmigrantes del Puerto de Motril, como ocurre con el de Almería, es un módulo prefabricado, situado en un dique al borde del mar. 

Imagen de archivo de la llegada de migrantes al Puerto de Motril. a.feixas





Condiciones del CATE de Motril detalladas por el Defensor del Pueblo.

 

Llama especialmente la atención sobre el hecho de que lleguen a pasar por allí madres con hijos menores. De hecho, incluye fotografías de las literas habilitadas para estas mujeres (que se recogen bajo estas líneas). Considera urgente el Defensor que se active la colaboración con las Comunidades Autónomas para evitar que se den estas situaciones y poder ofrecerles la atención adecuada. En el caso de los menores, además, pide un esfuerzo para los casos en los que son necesarias pruebas que confirmen la edad, para evitar que sean retenidos en estas dependencias. 





Fotos extraídas del informe del Defensor del Pueblo sobre centros de privación de libertad.

Precisamente dedica un apartado a las condiciones de detención en estos centros, cuestionando por ejemplo, como constató en Motril, que la Policía Nacional haga "lecturas de derechos colectivas", además de haber "ausencia de información sobre protección internacional". 

Según expone el Defensor, también la Dirección General de la Policía llegó a cuestionar esta conclusión, sobre la que sin embargo recuerda que fue "verificada in situ" por los técnicos de la institución. Y considera esta actitud de la Dirección de la Policía "un preocupante intento de negar la realidad". 

En este último informe, la institución, cuyas riendas lleva en funciones Francisco Fernández Marugán, ve "una burocratización de la asistencia jurídica no adecuada", no solo -agrega- "por vulneración de normas", sino por "deshumanización" en el trato. Una asistencia jurídica que, como recuerda, es fundamentalmente a través de la justicia gratuita.