La defensa del padre Román M.V.C., único procesado en el llamado caso 'Romanones', en el que está acusado de abusar sexualmente de un menor de edad desde el año 2004, cuando tenía 14 años y hasta 2007, cuando ya contaba con 17, ha pedido su libre absolución con todos los pronunciamientos favorales por unos hechos que "son del todo inexistentes".

Así consta en el escrito de defensa que su abogado, el letrado Javier Muriel, presentó el pasado viernes ante la Audiencia Provincial de Granada después de que ya hayan presentado sus conclusiones provisionales la Fiscalía de Granada, la acusación particular --que ejerce el denunciante-- y la acusación popular --La Asociación Pro Derechos del Niño, Prodeni--.

En el documento, en el que muestra su disconformidad con la calificación provisional de las tres acusaciones, y al que ha tenido acceso Europa Press, la defensa cree que los hechos en los que las partes sustentan sus acusaciones no sólo están "huérfanos de prueba", sino que "son del todo inexistentes", por lo que añade que la actuación del único procesado "no es constitutiva de ilícito penal alguno". Incluso, con respecto a la acusación popular, critica que se refiera a "hechos ya declarados prescritos con carácter de firmeza".

Propone como testigos en la causa a un total de 40 personas, entre ellos al arzobispo de Granada, como responsable civil subsidiario, y al denunciante, que pide que declare junto a otros cuatro testigos clave en Granada y el mismo día, para evitar que sus testimonios se contaminen "dada la repercusión mediática" del caso. Insta asimismo que se le impongan las costas a la acusación particular por "mala fe procesal".

Por otro lado, solicita al tribunal que se fije una audiencia para cuestiones previas, en la que prevé interesar la nulidad del expediente canónico incorporado como "pieza reservada" al proceso al haber sido traído a la causa en "forma contraria a derecho", al "violentar derechos fundamentales y otras normas vinculantes tanto nacionales como internacionales".

El religioso ya lo negó todo

El padre Román ya declaró ante el Juzgado de Instrucción 4 de Granada por este caso el 11 de diciembre del pasado año, fecha en la que negó haber abusado sexualmente del menor, por el que sentía "el amor fraterno" de un sacerdote que "acoge" a las personas que acuden a su parroquia.

Durante su declaración indagatoria, el religioso manifestó su disconformidad con su procesamiento por un delito de abuso sexual continuado con prevalimiento, negó que mantuviera habitualmente conversaciones sobre sexualidad de "manera abierta" con el denunciante, salvo algún comentario acerca de alguna noticia concreta, y aseguró que nunca se ha exhibido desnudo ante él.

De hecho, no veía "explicación alguna" a la denuncia presentada por el joven, que ahora tiene 26 años, "salvo que haya algún interés económico". Sí reconoció que el menor acudía "ocasionalmente" cuando tenía entre 15 y 16 años a la casa en la urbanización Los Pinillos de Cenes de la Vega (Granada), donde, según el auto de procesamiento dictado por el Juzgado de Instrucción número 4 de Granada, "ocurrieron los hechos más graves y relevantes penalmente".

La Fiscalía pide para el inculpado nueve años de prisión para el inculpado, por un delito de abuso sexual continuado, agravado por el resultado de acceso carnal, por el que se enfrenta además al pago de 50.000 euros en concepto de daño moral a su supuesta víctima, de la que tendría que responder subsidiariamente el Arzobispado de Granada.

Por su parte, la acusación particular --que ejerce el letrado Jorge Aguilera en representación del denunciante-- entiende que además de este delito, por el que solicita diez años de prisión, también el acusado es presunto autor de otros dos delitos más de abusos sexuales, al contemplar el acceso carnal con el miembro viril, y pide por cada uno de ellos otros ocho años de prisión.

En total, la pena reclamada por la representación legal del denunciante se eleva a 26 años de prisión, basándose en la jurisprudencia que permite valorar ciertos episodios de abuso sexual como "individualizables", además de 50.000 euros de indemnización para la víctima y prohibición de comunicarse o acercarse a ella por un periodo de 20 años.

En el caso está personada además, como acusación popular, la Asociación Pro Derechos del Niño (Prodeni), que ha solicitado un total de 15 años de prisión para el único procesado, por la posible comisión de un delito continuado de agresión sexual con intimidación, violencia y prevalimiento y con acceso carnal.

En su escrito de acusación provisional, que Prodeni presentó este jueves ante la Audiencia de Granada, esta parte además reclama para el inculpado 15 años de inhabilitación absoluta, privación de residir en el mismo lugar que su víctima, acercarse o comunicarse con ella durante el mismo periodo, y el pago de un total de 75.000 euros en concepto de responsabilidad civil por los daños morales ocasionados al joven, cantidad de la que tendría que responder de forma subsidiaria el Arzobispado de Granada.

Detención y prescripción de los delitos

El caso se hizo público el mes de noviembre de 2014, cuando fueron detenidos el considerado líder del clan, el padre Román M.V.C., dos sacerdotes más y un profesor de Religión, que sin embargo quedaron después en libertad con cargos, en un caso en el que estaban imputadas inicialmente un total de doce personas.

El pasado mes de septiembre, la Audiencia de Granada declaró prescritos los delitos que se le atribuían a once de esas doce personas, diez sacerdotes y dos laicos, confirmando que la causa sólo debía continuar contra el padre Román M.V.C., considerado el líder del grupo.

Todo se precipitó después de que el joven comunicara por carta al Vaticano que había sido víctima de abusos sexuales desde los 14 hasta los 17 años por parte de este grupo de religiosos de Granada, lo que motivó que el propio Papa Francisco le llamara para pedirle perdón y ofrecerle su apoyo.

Tras la llamada del Papa al joven, éste formalizó una denuncia ante la Fiscalía Superior de Andalucía, que ordenó a la Fiscalía Provincial de Granada interponer 'ipso facto' denuncia contra todos los afectados.

El Papa se pronunció también coincidiendo con la salida a la luz de esos supuestos abusos en un vuelo de regreso a Roma tras su discurso en el Parlamento Europeo en el que señaló que "la verdad es la verdad" y "no debe esconderse".

El 'caso Romanones' provocó asimismo una imagen inédita del arzobispo de Granada, Javier Martínez, que se postró en el suelo ante el Altar Mayor de la Catedral para pedir perdón por los "escándalos" que afectaban entonces a la Iglesia.

El prelado tendrá que comparecer en el juicio que se celebre ante la Audiencia Provincial de Granada, ya que todas las acusaciones personadas e incluso la defensa han pedido que declare como testigo.