El Juzgado de Instrucción número 3 de Granada ha citado a declarar el 26 de febrero en calidad de investigada a la asesora jurídica del Centro de la Mujer de Maracena, Francisca Granados, a raíz de la querella que el Colegio de Abogados de Granada ha presentado contra ella por un presunto delito de intrusismo profesional.

En un auto fechado el 5 de febrero, al que ha tenido acceso Europa Press, el juzgado ha admitido a trámite la querella presentada por el Colegio de Abogados, después de el pasado 31 de enero acordara incoar diligencias previas y requiriera al colectivo que aportara un poder especial para la tramitación de la misma.

Ahora, el Juzgado ha citado a Granados para que sea oída en calidad de investigada el 26 de febrero a las 10,00 horas, tal y como avanza el diario 'El País', si bien su defensa, ejercida por el letrado Carlos Aránguez, ha solicitado que esta declaración quede sin efecto hasta que no se resuelva el recurso de reforma que han presentado y el subsidiario de apelación, según ha detallado en declaraciones a Europa Press.

Granados negó este pasado jueves que haya ejercido como letrada en sus labores de asesoramiento a Juana Rivas, la madre de Maracena que permaneció casi un mes en paradero desconocido incumpliendo la orden judicial de entregar a sus hijos al padre. Incidió en que "jamás se ha atribuido la condición de abogada ni públicamente ni en privado, así como tampoco ha ejercido actos inherentes a dicha profesión en local o establecimiento alguno".

Su abogado considera que "los hechos no son constitutivos, ni siquiera indiciariamente, de infracción penal", pues la labor de Granados con Juana Rivas --que se enfrenta a una petición fiscal de cinco años de prisión por supuesta sustracción de menores--, se encuadró en las "actuaciones propias de su trabajo de asesoría legal, como licenciada en Derecho, en el Centro de Información a la Mujer del Ayuntamiento de Maracena".

Aránguez, doctor en Derecho y profesor de la Universidad de Granada, ha incidido en que "pasar por el banquillo es una forma de castigar" y a su patrocinada "la están castigando haciéndole declarar por unos hechos que no tienen ningún carácter indiciario de delito". "Lo que se quiere es que pase de nuevo por un Juzgado", ha clamado.

Ha censurado que "19 meses después de la denuncia de Juana Rivas contra su expareja por maltrato no se haya iniciado ni siquiera la investigación ni en España ni en Italia y en cambio a su asesora, que solamente solicita justicia para ella en este caso, se le haya imputado ya en dos ocasiones".

Junto a ello, el letrado señala que "en caso de aceptarse la querella, la competencia para conocer esta causa sería de la Audiencia Nacional", pues, de considerarse como válida la tesis del querellante, "habría de dirigirse también a todos aquellos que procedieron a su contratación en el Ayuntamiento de Maracena, así como a todos y cada uno de los alcaldes y ayuntamientos de toda España (más de cuatro mil) que tengan entre su personal una asesoría jurídica en un Centro de la Mujer".

Por todo ello, ha solicitado la inadmisión de la querella, archivando el procedimiento, o, con carácter subsidiario, que el Colegio de Abogados aporte una fianza de 20.000 euros a la asesora de Rivas por "los graves perjuicios morales", y que se remitan las actuaciones a la Audiencia Nacional.