'Cate de Motril: Historia de un CIE encubierto'
Recapitulemos. En julio de 2017, el delegado del gobierno en Andalucía, Antonio Sanz, anunció la construcción de dos Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE) en nuestra Comunidad Autónoma. Uno para la zona occidental del territorio y otro para la oriental. Según supimos a través de varios medios de comunicación, el Ministerio de Interior estaba considerando dos instalaciones militares de nuestra provincia como posibles lugares donde construir uno de los centros: el Polvorín de Sierra Elvira, en Atarfe, y la Estación de Vigilancia Aérea (EVA-9), en Motril. Ese mismo mes varias decenas de colectivos de nuestra ciudad presentamos un escrito ante la Subdelegación del Gobierno en Granada en el que, entre otras cosas, rechazamos la apertura de un CIE -o un centro con características similares- en nuestro provincia.
Meses más tarde, al abrigo de la campaña “Territorio #LibreDeCIE” y al mismo tiempo que la cárcel de Archidona se convertía en un Centro de Internamiento improvisado, esos mismos colectivos constituímos la campaña «CIEs No Granada» desde donde presentamos una moción al Pleno del Ayuntamiento solicitando una declaración contra la apertura de una instalación para la detención de personas migrantes. Dicha moción no salió adelante por los votos en contra tanto de la bancada del Partido Popular como de Ciudadanos. No obstante, desde CIEs No Granada registramos varias peticiones de información ante Subdelegación del Gobierno para saber si finalmente se abriría o no un centro de detención en algún punto de nuestra provincia. La respuesta fue negativa. Como ahora sabemos tras la aprobación de la ampliación del Centro de Acogida Temporal de Extranjeros (CATE) mediante la rehabilitación del EVA-9, la Subdelegación del Gobierno no tuvo ningún pudor en mentir.
Inmediatamente, el Ministerio del Interior se ha apresurado a aclarar -no con poco cinismo- que un CATE es un “albergue temporal para migrantes” y no un CIE. Sin embargo, aunque más adelante analizaremos el régimen jurídico de estos centros de “primera acogida”, es importante recordar que, en noviembre de 2017, el Defensor del Pueblo Español (DPE) realizó una visita a este “albergue temporal” que, en realidad, se llama «Centro de Primera Asistencia y Detención». Después de su visita, en febrero de 2018, el DPE compareció en el Congreso de los Diputados donde solicitó el cierre de esa institución «por no reunir unas mínimas condiciones para una inicial asistencia humanitaria».
Sobre los “dispositivos de encierro” y las políticas migratorias
Con distintas denominaciones, y pese a los eufemismos que puedan utilizarse para hacer referencia a estos centros, tantos los CIEs como los CATE presentan la misma naturaleza al constituirse como espacios de privación de libertad de las personas migrantes con la finalidad de su expulsión a través de la institucionalización de la criminalización de las personas por el mero hecho de no disponer de permiso de residencia; lo que que constituye una falta administrativa, pero en ningún caso, según nuestra propia normativa de extranjería, un tipo de delito. En ambos centros, como trataremos más adelante, se producen vulneraciones de derechos y ni tan siquiera se cumplen unas condiciones materiales mínimas.
La única diferencia en cuanto a su operatividad es de carácter temporal. Los CATE actúan como primera respuesta ante la llegada de personas migrantes -que son detenidas durante 72 horas- para la tramitación de expedientes de expulsión exprés, centros para identificar y ordenar su expulsión, mientras que los CIEs operan con carácter permanente para el encierro, durante un plazo de 60 días según la ley, de todas aquellas personas que puedan ser detenidas sin permiso de residencia para el mismo fin: la deportación. Como vemos, en ambos casos, la expulsión como política migratoria conforma, junto a las vallas con concertinas o la controvertida e ilegal regularización de las expulsiones sumarias, todo un entramado jurídico que responde a la construcción de una Frontera Sur dentro de la Europa Fortaleza basada en la exclusión y la falta de garantías. Más fronteras más allá de la frontera.
En este contexto, también es importante señalar que los CATE pueden convertirse en la antesala de los CIEs, y una persona puede pasar de un centro a otro mientras se tramita la orden de expulsión -una vez superados los tres primeros días en el CATE- convirtiéndose en un laberinto perverso donde la persona continúa privada de su libertad. Ambas instituciones, como han denunciado los propios jueces de control de los CIE, ofrecen muchas menos garantías jurídicas que los centros penitenciarios -que, dicho sea de paso, tampoco son un referente de respeto de derechos fundamentales-.
De hecho, las cárceles son el último eslabón de esta industria del control migratorio en la que se anudan lo securitario, lo armamentístico y lo penal. Tal y como han puesto de manifiesto en uno de sus últimos artículos Brandariz García y Fernández Bessa, entre 2008 y 2014 la política migratoria del Estado ha vivido un giro gerencial donde el sistema penitenciario juega, cada vez con más intensidad, un papel esencial. De tal manera que si en 2008 el 84 por ciento de las expulsiones encontraban su causa en la estancia irregular, en el año 2014 éstas disminuyeron hasta cerca del 52 por ciento mientras las expulsiones penales y administrativas basadas en antecedentes criminales sumaron el 40 por ciento. En 2008, como vemos en la tabla, ambas categorías no alcanzaban las dos cifras porcentuales. Por tanto, lo que observamos es que, entre los CATE, CIE y centros penitenciarios existe una continuidad orgánica, un complejo institucional y normativo, que transforma las “políticas de acogida” en mecanismos racistas de control y expulsión como ha señalado Natali Jesús a propósito de la cárcel de Archidona.
Todo este marco operativo no sería posible sin un discurso que, desde los medios de comunicación a representantes con responsabilidades políticas, presenta la inmigración como una amenaza que ha de ser combatida. Con el uso de un lenguaje alarmista se presentan y legitiman actuaciones desde “la lucha contra la inmigración irregular”, con términos como “presión migratoria”, “salto violento”, “llegadas masivas”. Pero los datos nos muestran una realidad distinta a la de titulares y declaraciones oficiales; en el informe que se presenta desde APDHA sobre “Balance Migratorio. Frontera Sur 2017” podemos comprobar cómo las cifras no se ajustan a las realidades que pretenden dibujarse en el imaginario social.
Otro denominador común de los “dispositivos de encierro” es la sistemática vulneración de derechos de las personas migrantes que se produce en su interior. En primer lugar, no existe regulación alguna sobre los CATE, como tampoco existe en los casos de los CETI de Melilla y Ceuta, lo que ocasiona arbitrariedad e inseguridad jurídica, no disposición de mecanismos específicos de protección y unas condiciones materiales de los espacios inhumanas. Este vacío legal es un espacio propicio para la vulneración de derechos, su invisibilidad e impunidad. Aunque la experiencia de la reglamentación de los CIEs nos muestra cómo su regulación tampoco es una garantía, ya que este reglamento es incumplido de forma sistemática, al menos ofrece un instrumento jurídico al que mirar para exigir unos mínimos en la defensa de los derechos de las personas migrantes mientras se encuentran privadas de libertad. En los CATE, si encontramos un vacío legal absoluto. En esta dirección, no existe regulación en cuanto a procedimientos específicos para la protección de solicitantes de asilo, no existen mecanismos de protección de grupos que presentan mayores vulnerabilidades, como los menores, especialmente en lo que respecta a los procedimientos de determinación de edad, tampoco protocolos para la asistencia letrada ni unas exigencias mínimas respecto a las condiciones que deben cumplir dichos centros. No existen derechos, ni garantías; prevalece el interés de seguridad a los derechos fundamentales de las personas migrantes.
Una respuesta organizada: CIEs NO Granada
Desde “CIEs No Granada” consideramos que la ampliación del actual CATE mediante la rehabilitación del EVA-9 -uno de los espacios previstos de acuerdo a las primeras informaciones para la apertura de un CIE en Andalucía oriental- persigue la misma finalidad que los CIEs en el plazo inicial de 72 horas desde la llegada de las personas migrantes. La respuesta del Gobierno ante la petición del DPE del cierre del CATE de Motril, por sus condiciones, ha sido el silencio para dos meses más tarde anunciar su ampliación. Son distintos nombres para una misma realidad. Por eso, desde CIEs No Granada reivindicamos y trabajamos para tener una provincia, una Andalucía y un Estado libre de CIEs y de cualquier otro dispositivo de detención y privación de libertad de las personas migrantes.
En concreto, entendemos necesario seguir caminando hacia la creación de una red de colectivos y organizaciones en defensa de los derechos de las personas migrantes en la Frontera Sur, espacio clave en la construcción y diseño de las políticas migratorias de la Europa Fortaleza que expulsa y vulnera derechos de forma rutinaria, impidiendo el libre desarrollo de las personas y sus proyectos de vida en condiciones de igualdad, libertad y dignidad. La Frontera Sur no puede constituirse como un espacio vacío de derechos en sociedades que se presentan como democráticas y garantes de los Derechos Humanos. Si los responsables, en la toma de decisiones y gestión de estas políticas, han optado por una dirección opuesta a los Derechos Humanos, desde los colectivos y organizaciones debemos asumir el reto para transformar esta realidad y construir espacios de acogida, de recepción, de buenas prácticas que conformen sociedades inclusivas desde todas nuestras diversidades y libres de racismo y xenofobia para garantizar la dignidad de todas las vidas, de todas las personas.
Tómese este artículo como una invitación para seguir sumando voces contra los dispositivos de encierro -en Granada ya estamos presentes- y avanzar en la construcción de una red en la Frontera Sur. Os esperamos.
