De igual forma sucedió, denuncian en un comunicado, el pasado mes de diciembre, cuando el Gobierno realizó la misma operación, trasladando a 50 personas desde la Jefatura de Policía de Motril hasta la capital granadina. Ello evidencia, critican una “gravísima y sistemática vulneración de derechos humanos que se está produciendo tanto en la acción como en la inacción de nuestras administraciones”. Un proceder desarrollado también durante el fin de semana en Cádiz y ante lo que piden “soluciones inmediatas de acogida” a las personas que llegan a las costas.

A juicio de la organización, “no es posible seguir recurriendo a la excusa de que nos encontramos ante una situación de emergencia, cuando las llegadas tienen lugar de manera regular y la costa andaluza en general y las ciudades cercanas en particular, tales como Granada, Almería, Málaga o Cádiz, se han convertido en Frontera Sur a la que llegan embarcaciones desde hace más de 20 años”.

Estas políticas migratorias, denuncian, "son racistas y están basadas exclusivamente en la criminalización, detención y expulsión de las personas migrantes y conceden derechos basándose en el lugar de nacimiento de las personas y no en el hecho de que somos seres humanos"

Estas llegadas, explican, se producen “exclusivamente” por la ausencia de vías seguras y legales para que las personas puedan migrar y son la consecuencia de las actuales políticas migratorias españolas en absoluta concordancia con las de la Unión Europea.

Además, añaden, se ha generalizado en el discurso político y en el de algunos medios de comunicación la utilización de expresiones como “aluvión”, “oleada”, “asalto” o  “masivas” para describir estas llegadas, lo que contribuye a crear “un imaginario de amenaza, excepcionalidad o invasión”.

Estas políticas migratorias, denuncian, "son racistas y están basadas exclusivamente en la criminalización, detención y expulsión de las personas migrantes y conceden derechos basándose en el lugar de nacimiento de las personas y no en el hecho de que somos seres humanos".

Sin ir más lejos, señalan, la Ley de Extranjería crea una categoría, “los migrantes en situación irregular, que es inhumana y que niega a cualquier persona que no pertenezca a un Estado miembro de la UE el derecho a la libre circulación”. Por tanto, la asociación cree que es fundamental poner en el centro del debate lo que nos recuerdan colectivos como El Racisme ens Tanca: la derogación de la Ley de Extranjería.

APDHA vuelve a reclamar un cambio radical en las políticas migratorias actuales, "que solo provocan sufrimiento, y soluciones inmediatas de acogida ante la llegada de personas a nuestras costas"

Igualmente, exigen el fin de los vuelos de deportación, las redadas racistas y la derogación de la Directiva de la Vergüenza y solicita de las administraciones unas políticas de acogida dignas para las personas que llegan a nuestras costas, “respuestas oficiales planificadas, coordinadas, dotadas económicamente y desarrolladas por las Administraciones Públicas que pongan fin a la situación de irregularidad administrativa de las personas que llegan a nuestras fronteras”.

Para ello, plantea la APDHA es esencial una coordinación entre administraciones estatal, autonómica y local “sin entrar en juegos de competencias”. El principal peso de la acogida de estas personas en este caso y en muchos otros (personas liberadas del CIE de Archidona y a menudo en Algeciras, por ejemplo) no puede recaer sobre la sociedad civil.

La APDHA vuelve a reclamar un cambio radical en las políticas migratorias actuales, "que solo provocan sufrimiento, y soluciones inmediatas de acogida ante la llegada de personas a nuestras costas". Por último, argumentan que este cambio no es posible si al menos no se dan dos elementos. En primer lugar, las Administraciones Públicas -tanto estatales, como autonómicas o locales- deben posicionarse con firmeza contra las actuales políticas migratorias de la Unión Europea. En segundo lugar, y aún más importante, es fundamental que desde la Frontera Sur toda la ciudadanía construya un amplio movimiento contra unas políticas que criminalizan a las personas migrantes.