Tal vez no lo haya oído aún, pero el miércoles 26 de octubre hay huelga en educación. Es una huelga de ámbito nacional en el caso del alumnado, también convoca la CEAPA, mientras que entre los docentes hay huelga en Madrid y Andalucía. En Madrid convoca el primer sindicato educativo a nivel nacional, los STES, junto a CCOO y UGT. En Andalucía en cambio, y con los mismos argumentos que en Madrid, sólo convoca USTEA (integrado en los STES). Es curioso que las razones varíen de peso según las comunidades, ¿verdad? Es sencillo de entender: en Madrid el gobierno autonómico es del PP y aquí del PSOE.

Pero lo quieran o no, en Andalucía el profesorado,el alumnado y las familias vamos juntos a la huelga el 26 O. Una huelga que gira en torno a dos ejes: la LOMCE y reválidas por un lado y los recortes de la Consejería de Educación de Andalucía por otro. La LOMCE es una ley antieducativa hecha por la clase dominante con criterios empresariales y valores puramente mercantilistas; las reválidas son uno de sus principales instrumentos de segregación. Pese a su preámbulo, la LOMCE no engaña a nadie sobre sus objetivos. Pero hay políticas educativas como las de la Consejería de educación de la Junta de Andalucía (CEJA) que tienen efectos prácticos tan nefastos como las leyes más reaccionarias, sobre todo cuando hipócritamente se pretende endosar en el debe de Madrid lo que no es sino  el quiero de Sevilla. Veamos algunos ejemplos:

1-El cierre año tras año de aulas públicas y el consiguiente recorte de plantilla docente es un hecho, lo que no impide sin embargo el mantenimiento de unidades en la concertada, cuya hegemonía en Granada capital ha sido confirmada por el portal de transparencia (en Primaria el 62% de unidades son concertadas y en ESO el 64%, lo que se traduce en 18587 alumnos/as en la concertada por 11406 en la pública).La CEJA aduce el descenso de natalidad como explicación; si nos tomáramos en serio este argumento sesgado debiéramos llegar a la conclusión que nacen menos niños/as de la pública que de la concertada. Pero lo cierto es que tanto estos recortes como los convenios suscritos con entidades habitualmente religiosas son decisiones políticas de esta Consejería.

2-Las sustituciones de las bajas del profesorado no se ajustan muchas veces a norma, así que el alumnado no está ejerciendo plenamente su derecho a la educación cuando no recibe docencia directa en el horario estipulado al efecto. La norma dice que han de pasar 10 días lectivos para sustituir a un docente; pero, si por ejemplo, una profesora falta 20 días, no esperen ver a nadie en su lugar. Hay sustituciones que se cubren en tiempo y forma, pero hay muchas que son cubiertas con bastante retraso e, incluso, hay sustituciones que directamente no se cubren. Todo esto es muy arbitrario. ¿Saben uds. que cada centro tiene un límite de bajas a cubrir? Es un invento de la CEJA, una especie de carnet por puntos,  para que los centros se lo piensen dos veces antes de pedir una sustitución. Por otra parte, si ud. tiene a sus hijos/as en Infantil o Primaria ya sabrá que la primera función de los maestros/as de apoyo es sustituir al profesorado ausente. Ah, y por si faltara algo, se  penaliza económicamente a quien está enfermo. 

3-El elevado número de profesorado interino, primer damnificado en los recortes de plantilla y con sus derechos laborales menoscabados, es también una decisión política de la CEJA, cada vez menos amiga de generar estabilidad en el empleo público y más proclive a subcontratar, precarizando y beneficiando a empresas que explotan a sus trabajadores/as.

4-Las elevadas ratios se planifican sistemáticamente aumentando un 10% concebido en la norma como excepcional. En vez de inventos tan inútiles y, sobre todo, tan gravosos económicamente como el Plan de Calidad o la AGAEVE (una agencia de autoevaluación ad hoc), bastaría bajar las ratios para que la pretendida apuesta por la calidad educativa fuera creíble. Pero la CEJA prefiere seguir dividiendo al profesorado y enchufar a los amiguetes.

En fin, la caída bajo mínimos de los apoyos y refuerzos para atención a la diversidad, la reducción de las partidas presupuestarias de los centros –que siempre llegan con retraso-, la progresiva externalización de todos los servicios complementarios –comedores, limpieza, etc.-, las ilegalidades con los horarios de trabajo, y siga ud. contando, son parte de las prácticas habituales de la CEJA, su vergonzosa aportación a las políticas neoliberales.

Por todo esto, el 26 O  los centros educativos públicos de Andalucía van a parar sus clases y mucha gente saldrá a la calle. Es hora de superar el miedo y articular la queja, de unirse y de alzar la voz. Lo hemos visto en sanidad el domingo 23 de octubre en Granada. En educación, el alumnado y las familias dan el primer paso el día 26, los docentes no podemos quedarnos atrás.