Miguel Caballero, el pertinaz investigador que insiste en buscar unas veces a Lorca y otras a Dióscoro Galindo, su malogrado compañero de fusilamiento, en los montes de Alfacar, opina que el asesinato del poeta no fue político sino un ajuste de cuentas entre familias, que cayó por rencillas y que la crónica de su muerte, añadimos nosotros, merece más las páginas de sucesos que libros de historia (trágica) de España. Ahora ha agregado, en pleno pulso con la Junta para que le permita seguir horadando indefinidamente los parajes de la tragedia, que la izquierda “se ha apropiado indebidamente” del poeta, pues Lorca, agrega en una entrevista en andalucesdiario.es, era tibio y apolítico y su homosexualidad tampoco influyó en su asesinato.

La tesis de Caballero no es inocua y apunta al revisionismo, una tendencia muy extendida en los últimos años que trata de desmontar los supuestos políticos que determinaron algunos de los acontecimientos más terribles relacionados con la guerra civil, entre ellos el de la ejecución de escritor granadino.

La nuevas declaraciones de Caballero han coincidido en el tiempo con la publicación, por parte del profesor Andrés Soria Olmedo, en Arizona Journal of Hispanic Cultural Studies,  de un opúsculo titulado Vida cotidiana y memoria histórica: el caso Lorca, en el que advierte de la tendenciosidad de la segunda búsqueda del cuerpo del poeta emprendida por Caballero en febrero de 2014: “En este punto se roza un revisionismo capaz de extenderse al conjunto del episodio histórico y desvirtuar su significado”.

Soria recuerda en su artículo que la despolitizacion del asesinato del poeta no es nueva y tiene singulares precedentes. Por ejemplo, las explicaciones dadas por el propio Franco en 1937: “En los primeros momentos de la revolución de Granada, ese escritor murió mezclado con los revoltosos; son los accidentes naturales de la guerra”. O por el mismísimo Pemán en Abc en 1948: “A pesar del continuo y polémico manejo del tópico, va abriéndose camino la sencilla verdad de que la muerte del poeta fue un episodio vil y desgraciado, totalmente ajeno a toda responsabilidad e iniciativa oficial”. O por el investigador Jean-Louis Schonberg que, en 1956, para alegría del régimen, sugirió una sórdida venganza entre homosexuales. Extrañas coincidencias más allá de los tiempos concretos.

La aparición, en abril del año pasado, de un informe de la policía franquista datado en 1965, que señala que Lorca fue ejecutado por “socialista, masón y homosexual” no ha hecho mella en la tesis apolítica. Como tampoco todo el caudal de investigaciones anteriores.

Lo curioso es que las peticiones hechas por Miguel Caballero para lograr los permisos oportunos para encontrar los restos se basan en la ley de Memoria Histórica, cuya finalidad principal es resarcir a las víctimas y a sus familiares de la brutalidades políticas (subrayo, políticas) ocurridas durante la contienda civil de 1936 y la posterior e inacabable represión. Es decir, Caballero apela a la Memoria Histórica para ahondar en su tesis de que uno de los episodios más determinantes y simbólicos de la represión -el asesinato del poeta- fue un crimen familiar, es decir, ajeno a la violencia política y a la represión franquista.

¿Qué buscan de verdad quienes insisten en agujerear los montes de Alfacar?  ¿Los restos de Lorca o los restos de Nadie?

Una tercera, cuarta o quinta búsqueda infructuosa del cadáver del poeta lo único que reforzaría es que allí no hay Nadie, y dejaría preparado el siguiente capítulo exculpatorio: que todo fue pura invención.