El TS procede contra Chaves y Griñán por prevaricación administrativa en los ERE
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Pide el Suplicatorio contra Chaves, Viera y Zarrías y también ve delito en Griñán pese a que ya no es aforado
El juez ha abierto una doble vía, instando por un lado el suplicatorio de Chaves y de los también aforados José Antonio Viera -al que también imputa malversación de fondos públicos- y Gaspar Zarrías, ambos diputados, y dejando fuera del procedimiento a la exconsejera Mar Moreno. Por otro lado, y tras perder Griñán su condición de aforado, el instructor eleva a través de un auto los indicios recabados en su contra y solicita que siga siendo enjuiciado junto con el resto de aforados.
El alto tribunal abrió causa hace algo más de siete meses con el informe favorable de la Fiscalía contra los dos expresidente y contra los consejeros José Antonio Viera y Gaspar Zarrías, diputados en el Congreso; y contra la también exmiembro del Gobierno de la Junta Mar Moreno, que es senadora.
Durante este periodo el instructor de la causa, Alberto Jorge Barreiro, ha tomado declaración a los cinco aforados y ha llamado también a otros imputados en la causa de Sevilla como el que fuera exinterventor en la Junta Manuel Gómez Martínez y otros excargos del Gobierno andaluz que habrían participado en las reuniones previas al Consejo de Gobierno, los denominados "consejillos".
Igualmente, y antes de elevar sus conclusiones al Parlamento, el magistrado Jorge Barreiro ha llamado a su despacho a los peritos de la Intervención del Estado (IGAE) que elaboraron un informe a petición de la juez de Sevilla Mercedes Alaya que cuestiona el uso de las denominadas "transferencias de financiación" para dotar las ayudas socio-laborales investigadas. Igualmente han depuesto los peritos de parte, dos catedráticos propuestos por Griñán que sostienen precisamiente lo contrario.
A la hora de admitir este caso, el Supremo se hacía eco de la exposición razonada de Alaya para afirmar que de los indicios contra los aforados "derivan de su posición de alta y especial responsabilidad política" dado los cargos que desempeñaban y de su intervención en las decisiones de "creación o mantenimiento del sistema que facilitaba esa forma de proceder e incluso, respecto a alguno de ellos, en la ejecución de actuaciones concretas de aplicación del referido sistema".
Renuncia a las actas de diputado
Manuel Chaves, Gaspar Zarrías y José Antonio Viera han comunicado este jueves su decisión de renunciar a sus respectivos escaños en el Congreso. Lo ha anunciado el secretario de Organización del PSOE, César Luena, quien ha explicado que la dirección del partido ha aceptado sus renuncias y ha recalcado que de esta forma el PSOE cumple el compromiso que había adquirido de que dejarían sus escaños si el Supremo les imputaba. Griñán ya había renunciado a su acta de senador.
Con gesto serio, Luena ha comparecido ante los medios poco después de conocer la decisión del Tribunal Supremo para anunciar la decisión. "Me han comunicado que ponen sus actas a disposición de la dirección del partido y por tanto el partido las acepta", ha declarado para insistir en que este fue el compromiso del partido y así se ha cumplido. De hecho, ha explicado que no ha hecho falta que la dirección del PSOE les pidiera la renuncia porque ellos se han adelantado pero ha aclarado que, en caso de que no hubiera sido así, se lo hubieran exigido.
"Como número dos del partido tengo que reconocer que es un gesto que les honra -ha reiterado Luena-. No ha hecho falta pedírselas porque conocidas las resoluciones las han puesto a disposición de la dirección del partido y la dirección del partido por supuesto acepta esa decisión".
Sin embargo, ha dicho que el PSOE no se plantea suspenderles de militancia, ya que el código ético del partido alude sólo a los cargos públicos o cargos orgánicos, que en este caso no ostentan ninguno de los tres afectados. El Código Ético que el PSOE aprobó el pasado mes de octubre no habla de la exigencia de responsabilidades en el momento de la imputación.
Este documento fija en la apertura de juicio oral la línea roja y señala que, en ese momento procesal, cualquier cargo público u orgánico deberá dimitir y solicitar su baja voluntaria del partido. En caso contrario, advierte de que será suspendido cautelarmente de militancia y, en su caso, expulsado del partido.
Así, y aunque para los imputados sólo establece la exigencia de dar explicaciones ante la Ejecutiva Federal, se reserva la potestad de adoptar "medidas estatutarias oportunas" en atención a "los hechos y a su gravedad".
A esto se acogieron, por ejemplo, para acordar la suspensión provisional de militancia, que después se confirmó, de los usuarios de las 'tarjetas black' de Caja Madrid.
Semanas después de aprobar este Código Ético, la presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, aseguró que exigiría su escaño a cualquier imputado en los ERE, una decisión que el secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, respaldó.
Después precisaron que se les pediría que entregaran sus actas si se les atribuía algún delito, algo que entendieron que no ocurrió cuando fueron llamados a declarar por el Tribunal Supremo en calidad de imputados. Este paso, se ha dado este jueves cuando el alto tribunal ha confirmado su imputación.
