El presidente del TSJA llama a "redoblar esfuerzos" para que la justicia gane en "credibilidad y eficiencia"
Lorenzo del Río durante su intervención en el acto de apertura del año judicial. álex cámara/EP
El presidente del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), Lorenzo del Río, ha llamado este viernes a "redoblar esfuerzos" para que la justicia gane en "credibilidad" y en "eficiencia", en un inicio del año judicial marcado por la persistencia de la pandemia, que ha "incidido en el colapso de los asuntos judiciales", y por el bloqueo en la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), convertida, según ha lamentado, "en campo de contienda de los partidos políticos".
Lorenzo del Río ha hecho estas reflexiones durante su discurso en el acto oficial de apertura del año judicial, que se retoma tras la suspensión del pasado ejercicio aunque con un formato reducido ajustado a las restricciones sanitarias, y al que han asistido, entre otros, el delegado del Gobierno en Andalucía, Pedro Fernández, el vicepresidente de la Junta y consejero de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local, Juan Marín, la fiscal superior de Andalucía, Ana Tárrago, y la presidenta del Parlamento de Andalucía, Marta Bosquet.
El presidente del alto tribunal andaluz ha señalado como un "objetivo irrenunciable" el que la justicia gane en credibilidad, advirtiendo de que "convertir la renovación del CGPJ en campo de contienda de los partidos políticos traslada a la ciudadanía un mensaje de dependencia", de modo que si bien este órgano debe "exteriorizar la independencia de los jueces en relación al poder político, la apreciación ciudadana lo sitúa como prueba de la dependencia de ese poder".
Tras recordar que Europa viene instando a España a superar la situación de bloqueo en la renovación del CGPJ, Lorenzo del Río ha urgido a revertir esta situación, "asentando el poder judicial, su órgano de gobierno, en un ámbito de independencia real y perceptible, como medio para que la legitimidad de los jueces no pueda estar cuestionada".
"Ganar en credibilidad externa nos recuerda que el sistema judicial español es vulnerable a la politización, a lo que coadyuva, como acabamos de comentar, la no renovación del CGPJ. Una democracia de calidad y un Estado de derecho digno de tal nombre exige la renovación de sus órganos constitucionales en los plazos legales previstos y desde un ejercicio de neutralidad política. Neutralidad que, además de ser real, ha de ser también aparente. Convertir la renovación del CGPJ en campo de contienda de los partidos políticos traslada a la ciudadanía un mensaje de dependencia, pues para el ciudadano común resulta difícil deslindar y disociar el papel del CGPJ del que corresponde a los propios jueces y tribunales, originando un nefasto efecto distorsionante. Nacido el CGPJ para exteriorizar la independencia de los jueces en relación al poder político, la apreciación ciudadana lo sitúa como prueba de la dependencia de ese poder".
"Urge revertir esta situación, asentando el poder judicial, su órgano de gobierno, en un ámbito de independencia real y perceptible, como medio para que la legitimidad de los jueces no pueda estar cuestionada.
La tarea es ardua porque la voluntad política parece discurrir en sentido contrario, ya que se han añadido limitaciones competenciales a un CGPJ en funciones, haciendo abstracción de las severas disfunciones que ello produce y olvidando que en el caso del poder judicial todo el despacho y funciones es ordinario, por lo que no existe un claro argumento de analogía con la figura de un Gobierno cesante y en funciones.
En todo caso, y sin perjuicio de lo anterior, las leyes vigentes han de cumplirse y la discordancia respecto de las mismas no puede ser excusa para bloquear sus previsiones, entorpeciendo el funcionamiento normal de las instituciones y sumiendo al CGPJ en una interinidad indeseable".
Para Lorenzo del Río, el segundo "gran reto" que debe afrontar la justicia es ganar en eficiencia, tanto en el plano organizativo, como legislativo y tecnológico. Según ha recalcado, los efectos de la crisis de la Covid-19 sitúan a la justicia ante un horizonte "incierto y complicado", ya que, "además de desvelar en toda su crudeza las carencias y debilidades" de su sistema organizativo, la coloca en una tesitura donde "difícilmente la Administración de justicia, con su actual estructura y medios, va a poder resolver en un plazo razonable y con la calidad deseable el ingente número de litigios".
En el caso concreto de Andalucía, ha llamado a materializar "plenamente el Plan Estratégico y de Calidad de la Administración de Justicia, continuar el impulso del desarrollo de las nuevas tecnologías, llevar a cabo la mejora de las infraestructuras judiciales y una eficaz gestión de los recursos humanos".
Ha confiado en que la Consejería de Justicia aproveche los fondos del Plan de Recuperación 'New Generation EU' para avanzar en la digitalización de la justicia y el despliegue de infraestructuras digitales básicas
En este contexto, ha confiado en que la Consejería de Justicia aproveche los fondos del Plan de Recuperación 'New Generation EU' para avanzar en la digitalización de la justicia y el despliegue de infraestructuras digitales básicas que aseguren la inmediación digital, el trabajo deslocalizado, un canal de atención a la ciudadanía y profesionales, con sistema de cita previa, todo ello en un entorno de ciberseguridad. A ello ha sumado la materialización del nuevo sistema de gestión procesal @driano, en fase de construcción e implantación, y su plena interoperabilidad.
En el ámbito estatal ha echado en falta los diferentes proyectos legislativos esenciales para reforzar la justicia. Ha urgido así a la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, así como a la adopción medidas que permitan controlar la "preocupante" tasa de litigiosidad actual como consecuencia, en gran parte, de un uso excesivo de la justicia.
Ha puesto en este sentido como ejemplo la gestión de la pandemia en nuestro país, en tanto que si bien las restricciones adoptadas han sido semejantes en todos los Estados de nuestro entorno no ha tenido en ellos tanta repercusión en el funcionamiento de los tribunales, como ha ocurrido por el contrario en España.
Junto a ello, Lorenzo del Río se ha referido a las decisiones judiciales contradictorias que se han producido en torno a algunas de las medidas planteadas para la lucha contra la pandemia y ha llamado a poner esfuerzo en "garantizar a los ciudadanos una mínima uniformidad y seguridad jurídica, procurando evitar decisiones dispares ante asuntos similares".
La fiscal superior de Andalucía, Ana Tárrago, también se ha pronunciado sobre el funcionamiento de la justicia durante la pandemia, lamentando que el periodo de confinamiento ha mostrado a la sociedad las carencias con las que el sector judicial realiza su trabajo.
La fiscal superior lamenta que el sector judicial "ha comprobado que no estamos preparados para trabajar digitalmente ni para el teletrabajo como sí han podido realizar otras administraciones y que los edificios judiciales no están diseñados para mantener las distancias sanitarias".
La fiscal superior, Ana Tárrago, se dirige a los asistentes. fiscalía superior
"Ha comprobado que no estamos preparados para trabajar digitalmente ni para el teletrabajo como sí han podido realizar otras administraciones y que los edificios judiciales no están diseñados para mantener las distancias sanitarias".
El confinamiento ha evidenciado, ha agregado, la necesidad de armonizar en las Comunidades Autónomas la implantación de la Justicia digital en todos los operadores jurídicos, el acceso al expediente digital único de jueces y fiscales y dotar de aplicaciones telemáticas a los funcionarios judiciales para poder también teletrabajar y tramitar expedientes y prestar un servicio ágil y eficaz en la respuesta a la ciudadanía.
Entre otras cuestiones, Tárrago se ha referido al Plan Especial contra el narcotráfico implementado por toda la costa de Andalucía, que según ha dicho está permitiendo luchar de manera eficaz contra esta lacra y ha favorecido que las operaciones de desarticulación de bandas del narcotráfico hayan aumentado en el último año un 53 por ciento. Junto a ello, han aumentado un 43 por ciento las operaciones dirigidas a combatir el blanqueo de dinero.
No obstante, frente a los "éxitos" en la lucha contra el tráfico de drogas "persisten", según ha incidido, los problemas en la estructura de las plantas judiciales cuando las causas son instruidas en Juzgados Mixtos que no tienen capacidad material y recursos de personal para resolver en tiempo y "puede producir dilaciones que pongan en peligro el óptimo desarrollo de los procedimientos".
