El PP ha alertado este jueves sobre la situación irregular del abogado que representa al Ayuntamiento de Granada en el caso Serrallo, en el que ejerce la acusación particular.

Según han denunciado en una rueda de prensa conjunta la portavoz municipal, Rocío Díaz, su adjunto, Antonio Granados, y el coordinador del grupo popular, Juan Antonio Fuentes, el Ayuntamiento encargó esta responsabilidad al letrado a través de un contrato menor que, según la legislación de contratación administrativa, es improrrogable transcurrido un año. Esa fecha se cumplió en julio de 2017, según ha detallado Granados, que ha asegurado que "se puede estar rozando abiertamente la malversación de caudales públicos".

Granada ha recordado que el contrato ascendía a 15.730 euros. Se ha preguntado qué cantidad ha cobrado ya el letrado y que ha llamado la atención sobre el problema de fondo: "la representación del Ayuntamiento no tiene efecto" en el caso Serrallo, en el que se investigan irregularidades urbanísticas de los anteriores gobiernos del PP y en el que están imputados, además del exalcalde José Torres Hurtado y la que fuera edil de Urbanismo Isabel Nieto, los concejales populares que ampararon en Junta de Gobierno Local, entre ellos el propio Fuentes. 

El PP ha puesto en duda también, como ha venido haciendo desde su contratación, la elección del letrado, que es Joaquín Alcón. Según ha recordado Fuentes, es el mismo que representó al grupo socialista cuando ejercía la acusación y el que lleva la defensa del alcalde, Francisco Cuenca, en el caso que investiga presuntas irregularidades en su etapa como delegado en la Junta.

En esas coincidencias y en el hecho de que haya cobrado del Ayuntamiento los populares ven "un interés encubierto". Relacionan también con estas supuestas irregularidades el hecho de que el alcalde haya asumido las competencias en asesoría jurídica, que hasta ahora las tenía Baldomero Oliver, primer teniente de alcalde. Es la primera vez que ocurre, según ha recordado Fuentes, que como concejal ejerció esas competencias entre 2009 y 2015. De esta manera, las decisiones "las hace depender directamente" del alcalde.

'Es un escándalo. Si lo hubiera hecho el PP estaríamos cruzando los Pirineos'

"Esto es un escándalo", ha asegurado Fuentes para destacar que si lo hubiera hecho su partido "ya estaríamos cruzando los Pirineos". A esas sospechas que lanza el PP se suma ahora el hecho de que la jueza que instruye el caso Serrallo, y también la investigación de la trama urbanística en la causa Nazarí, haya expulsado al PSOE como acusación por no haber pagado los 5.000 euros de fianza que se le solicitó para ejercerla. 

"¿No es esto una utilización sectaria de la institución?", se ha preguntado para cuestionar también los pasos que ha dado el letrado en representación del Ayuntamiento y asegurar en ese sentido: "Me temo que no ha hecho ni un escrito".

Los populares han solicitado a la asesoría jurídica y a la Intervención un informe para aclarar esta situación. Con las conclusiones de ese informe y si se confirma la irregularidad, "el PP lo denunciará inmediatamente". 

En este caso se han quejado de que no han recibido toda la información que han solicitado, una práctica de la que acusan al gobierno socialista. En este sentido, la portavoz popular, Rocío Díaz, ha explicado que de las 130 solicitudes de información presentadas solo han obtenido respuesta para 65, lo que le ha llevado a denunciar "la absoluta falta de transparencia". La próxima semana el PP reiterará esas solicitudes de información y si no reciben respuesta, "pediremos amparo judicial".

"Entiendo que siete concejales no tienen tiempo para hacer muchas cosas, pero en ese caso no deberían haber asumido el gobierno", ha apuntado Díaz, que ha reivindicado que el PP "ha llevado la iniciativa política ante la desidia y dejadez del grupo minoritario", que es el PSOE -en el gobierno- .

También ha aprovechado para poner en duda la voluntad de diálogo del gobierno socialista. A su juicio, el alcalde "tiene miedo" porque "se da cuenta de su soledad absoluta".