Recicla, para respirar un aire más limpio

Pilar Rivas denuncia que mayores dependientes de Granada están recibiendo la mitad de horas de ayuda a domicilio de las que les corresponden

Política - IndeGranada - Viernes, 20 de Julio de 2018
Pilar Rivas.
Pilar Rivas.

La concejala del Ayuntamiento de Granada Pilar Rivas ha denunciado que la Junta de Andalucía "solo permite la implementación de 10 horas de ayuda a domicilio a las personas dependientes de Grado I cuando tienen derecho a 20 horas, lo que supone un engaño a la ciudadanía y un sobrecoste a las mermadas arcas municipales".

Para la concejala del partido Equo en el Ayuntamiento, "si el PSOE recorta en inversión social deberán decirlo con claridad a la ciudadanía y no hacerlo por la puerta de atrás a costa del silencio de los más débiles".

"Es lamentable que la administración autonómica engañe a los ciudadanos más vulnerables con múltiples estrategias", dice Rivas, quien recuerda que en junio del año pasado "denunciabamos la instrucción dada a los trabajadores de prescribir talleres a las personas dependientes en lugar de la ayuda a domicilio. Después solo le podían poner la teleasistencia avanzada y ahora desde hace meses los trabajadores de la Ley de Dependencia se ven imposibilitados para prescribir la totalidad de las horas que la norma les otorga”, afirma Rivas. "El propio programa informático para tramitar los planes de intervención lo impide de hecho", asegura la concejala, que anteriormente prestaba servicio como trabajadora social del Ayuntamiento de Granada en el Centro Cívico del Zaidín.

Pilar Rivas considera igualmente "lamentable el silencio de los Ayuntamientos, cuando esta estrategia hace recaer un sobrecoste a las arcas municipales de más de un millon de euros, calculamos". "Ya no es solo que la Junta pague mal y tarde a los ayuntamientos las horas ya justificadas de ayuda a domicilio de la dependencia, sino que todos los servicios que la Junta no presta los ayuntamientos se ven en la obligación de continuar prestándolos a través de la ayuda a domicilio municipal", explica.

Rivas indica que "estamos hablando de servicios de ayuda para la preparación de la comida a personas a con alzhéimer, acompañamiento a personas solas, ayuda a levantarse y acostarse, o cambios posturales de apoyo a los cuidadores principales. Son servicios que no pueden dejar de prestarse, por los dependientes y por sus cuidadores. Años esperando la ayuda de la dependencia sostenidos a pulso por las arcas municipales y la paciencia de los usuarios que ahora ven limitados sus derechos y se ven en la necesidad de renunciar a la dependencia", asegura.

La concejal ha presentado una petición de información para averiguar cuántos casos de ayuda a domicilio están prestándose en la actualidad a personas que deberían estar siendo atendidas a cargo del presupuesto de la Junta de Andalucía por estar pendientes de valoración o estar valoradas como dependientes moderadas y cuál es el coste real que supone "cubrirle la espaldas a la administración autonómica". Un coste al que hay que sumar, añade Rivas, el de personal para atender con la ayuda a domicilio municipal.

"Sin lugar a dudas hablamos de un servicio básico para la ciudadanía que el Ayuntamiento no puede dejar de prestar pero que deberán exigirse las explicaciones oportunas, la compensación económica además de la corrección y transparencia en la gestión del presupuesto social", estima la concejala.

"Esto evidencia una vez más que el presupuesto social del que alardea el PSOE andaluz no es más que una fachada, la portada de una periódico, también en la partida de personal. Se diseñan presupuestos para prestaciones que luego no ponen en marcha mientras desvían los fondos para mantener una administración paralela formada por agencias, que hacen más opaca si cabe la gestión económica, agencias cuyo presupuesto se va en mantener a altos cargos mientras se privatiza la atención a los más necesitados y precarizan a los trabajadores, no podemos obviar que los trabajadores de la agencia de la dependencia llevan meses protestando por una estabilidad laboral y un convenio laboral justo", sostien Rivas.

"Es un incumplimiento de la ley consciente y premeditado con el beneplácito del gobierno municipal que exige la dimisión de sus artífices", finaliza la concejala.