Debate sobre sanidad en pleno
El Parlamento pide a la Junta que ponga en funcionamiento antes del 1 de junio los dos hospitales completos
La Cámara, que avala la respuesta de la Junta ante las movilizaciones y también la propuesta de pacto por la sanidad, urge a Salud a publicar de manera inmediata una nueva Orden que deje sin efecto la que fijaba la fusión hospitalaria y a que el SAS retire los recursos contra las sentencias que declaran la nulidad de las fusiones.
Debate monográfico sobre la sanidad en el Parlamento andaluz. Parlamento de Andalucía
El Pleno del Parlamento ha reclamado este miércoles a la Junta en virtud de una propuesta del PSOE-A, apoyada por Podemos y Ciudadanos, mientras que ha contado con el rechazo del PP-A y la abstención de IU, que impulse un pacto social, integrado por partidos, fuerzas sindicales y empresariales, tejido asociativo y ciudadanía en general, en favor del sistema sanitario público y ha avalado la respuesta que ha dado la administración ante las movilizaciones ciudadanas para reclamar mejoras en la sanidad.
Los grupos han planteado un total de 175 propuestas de resolución, 35 por cada uno, en el debate general sobre la sanidad andaluza que se ha celebrado en el Pleno del Parlamento este miércoles.
En virtud de una propuesta del PSOE-A, el Parlamento ha instado a la Junta, con los votos en contra de PP-A y la abstención de Ciudadanos, a demandar al Gobierno la retirada del real decreto 16/2012, con el objetivo de devolver la universalidad al Sistema Nacional de Salud y de restituir los derechos perdidos tras la aplicación de dicha norma de manera que no excluya de la atención sanitaria a personas inmigrantes empadronadas en algún municipio del territorio nacional aunque no tengan regularizada su situación administrativa.
El Parlamento, en virtud de otra propuesta del grupo socialista, apoyada por Ciudadanos, ha valorado -con las abstenciones de PP-A y Podemos y el voto en contra de IU- "la respuesta que ha dado y seguirá dando el Gobierno andaluz ante la movilización ciudadana producida en algunas provincias andaluzas" y ha instado a la Junta a continuar, desde el diálogo y la responsabilidad, poniendo en marcha medidas que corrijan los problemas que se hayan podido producir en la sanidad pública andaluza, a nivel organizativo y de gestión y, por otra parte, se sigan revisando las decisiones adoptadas dando una mayor participación a todas las partes implicadas.
El Parlamento ha ratificado su defensa -con el único voto en contra del PP-A- al modelo sanitario por el que apuesta tanto el Gobierno andaluz como el conjunto de los profesionales sanitarios públicos, un modelo que trabaja por una sanidad pública andaluza de calidad, solidaria, equitativa, universal y gratuita en su acceso.
Asimismo, la Cámara ha instado al Ejecutivo a continuar trabajando para conseguir la recuperación de los derechos perdidos por los profesionales sanitarios como consecuencia de las medidas adoptadas por el Gobierno central en el año 2012. También se ha instado a la Junta al desarrollo de intervenciones dirigidas a fomentar la gobernanza del sistema, promover la transparencia en la gestión, en los costes y en los resultados.
También se ha aprobado que la Junta inste al Gobierno central -lo que ha contado con el rechazo del PP-A- a tomar medidas necesarias para extender el modelo de selección pública de medicamentos al resto del estado.
Respecto a las propuestas del PP-A, el Parlamento ha instado al Consejo de Gobierno, con los votos a favor de todos los grupos menos de IULV-CA, a establecer un nuevo modelo de gestión sanitaria, que dé respuesta a las necesidades de los profesionales sanitarios y de los andaluces y que incorpore una profunda reforma orientada a la mejora de los resultados asistenciales. También a impulsar, a través del diálogo, con todos los profesionales implicados un gran pacto sanitario que, al margen de debates ideológicos, afronte los problemas reales de la sanidad en Andalucía.
El Parlamento ha instado por unanimidad al Ejecutivo a publicar de manera inmediata una nueva Orden que deje sin efecto las anteriores sobre la estructura de gestión y funcionamiento en las áreas de Salud de Granada y Huelva, así como a retirar de inmediato los recursos judiciales actualmente vigentes del SAS contra sentencias que declaran nulas las fusiones hospitalarias.
La Cámara ha instado al Consejo de Gobierno a acelerar la recuperación de los derechos perdidos por los profesionales sanitarios, mientras que ha rechazado que se paralice el actual proceso de interinización de los profesionales sanitarios eventuales.
Del PP-A se ha rechazado instar al Consejo de Gobierno a modificar las partidas presupuestarias que sean necesarias y a ejecutarlas en su integridad para que el Sistema Público Andaluz recupere la fortaleza y calidad que nunca debió perder, comprometiéndose a no llevar a cabo más recortes presupuestarios, a fin de elevar la ratio gasto sanitario/PIB hasta el 6,5 por ciento.
Respecto a las propuestas de Podemos aprobadas, se encuentra instar a la Junta a establecer un suelo de gasto sanitario público anual del 6,5 por ciento del PIB y tomar medidas para combatir el incremento en el aseguramiento privado que va en perjuicio de lo público.
También ha salido adelante, con el rechazo del PSOE-A, que la Junta, en el marco de una mesa de trabajo con todos los actores implicados, introduzca criterios de negociación en las subastas de medicamentos. Además, se ha instado a la Junta, con el único rechazo del PSOE-A, a recuperar la gestión pública de los servicios de Emergencias del 061 y de Salud Responde.
El Parlamento ha instado por unanimidad a la Junta a poner en funcionamiento, antes del 1 de junio de 2017, dos hospitales completos con direcciones independientes, carteras de servicios diferenciadas y urgencias finalistas en Granada. Así, la Consejería presentará una propuesta detallada antes del 28 de febrero.
El Parlamento ha aprobado además instar a la Junta a que realice todas las actuaciones oportunas para dejar sin efecto los límites de la tasa de reposición actual y volver a las 35 horas de jornada laboral para todo el personal estatutario del SAS.
En cambio, el Parlamento ha rechazado, con los votos del PSOE-A y abstención del PP-A, instar a la Junta a establecer mecanismos de protección frente a las dificultades en el acceso a medicamentos impuestas por los copago, mediante la devolución de las aportaciones de medicamentos realizadas por los usuarios.
Propuestas de Ciudadanos e IU
En cuanto a las propuestas de Ciudadanos, se ha aprobado instar a la Junta a que, durante los próximos cinco años, en los Presupuestos de la comunidad, la partida presupuestaria anual destinada a la Consejería de Salud sea, al menos, dos puntos superior al porcentaje de incremento presupuestario total del ejercicio en curso.
Además, se ha instado a la Junta, con el único rechazo del PP-A, a poner en marcha una OPE que permita dar estabilidad a todos los puestos estructurales del sistema sanitario andaluz.
Por unanimidad, el Parlamento de Andalucía ha instado al Consejo de Gobierno a la presentación de un plan estructural, antes de abril de 2017, para mejorar las listas de espera y a que lleve a cabo de forma urgente en las provincias donde haya habido fusión hospitalaria, las medidas necesarias, a través del diálogo con todos los agentes implicados, para devolver y mejorar la atención sanitaria previa a la citada fusión, poniendo plazos concretos a las medidas correspondientes y concretas.
De Ciudadanos, se rechazó, con los votos de PSOE-A, Podemos e IULV-CA, que la Junta creara una comisión formada por profesionales, asociaciones de pacientes y la industria farmacéutica para consensuar una alternativa a la subasta de medicamentos.
Entre las propuestas de resolución de IULV-CA aprobadas, se encuentra una, apoyada por PSOE-A y Podemos, mientras que PP-A se ha abstenido y Ciudadanos ha votado en contra, en la que se insta al Ejecutivo a "revisar los conciertos sanitarios, dimensionándolos a la baja gradualmente, mediante la optimización de los recursos públicos". Otra aprobada, con el único voto en contra del PSOE, consiste en que la Junta realice una evaluación rigurosa del actual funcionamiento del sistema de salud, identificando sus problemas más perentorios tantos sectoriales como territoriales, para detectar carencias de recursos humanos y materiales.
