El PP lleva utilizando la salud sexual y reproductiva de las mujeres durante toda la legislatura como herramienta para sus intereses partidistas.

• Porque esta ley afectará sobre todo a las jóvenes de 16 y 17 más vulnerables, se trata de chicas en riesgo de violencia intrafamiliar, amenazadas, víctimas de malos tratos o en situación de desarraigo y desamparo. Ya que la mayoría, un 87% según datos de ACAI, abortan con el conocimiento paterno/materno. 
• Por negarles el derecho a decidir sobre su maternidad y obligarlas a pedir autorización a sus progenitores que en la mayoría de las ocasiones son  también responsables de la educación sexual que esas chicas han recibido, y de la creación un clima de relación familiar que las empuja a actuar al margen.
• Por suprimir sus garantías jurídicas y procesales ya que la solicitud de un defensor judicial a la que se ven sometidas con esta reforma que, unida a la lentitud de la tramitación judicial, impedirá que puedan abortar en los plazos establecidos por la ley para la interrupción voluntaria del embarazo. 
• Por parecernos hipócrita, negarles la capacidad para decidir sobre su maternidad y sin embargo atribuirles total capacidad para enfrentarse contra sus progenitores en un procedimiento judicial.
• Por abocarlas a una maternidad impuesta o al recurso de un  aborto clandestino e inseguro que puede traer graves consecuencias para su salud y su vida.
• Por considerar que este cambio legal, lejos de resolver y aportar salidas al conflicto al que estas chicas se enfrentan, es una estrategia para contentar a los sectores más conservadores de su electorado.