La consejera de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad, Loles López, ha reclamado este miércoles durante una comparecencia parlamentaria la inclusión del número de víctimas como criterio para el reparto de los fondos que se distribuyen entre las comunidades autónomas con cargo al Pacto de Estado contra la violencia de género.

Así lo ha trasladado en una sesión extraordinaria de la comisión para abordar los casos de violencia de género que se han vivido en Andalucía en este mes de agosto, con cuatro víctimas en este verano como le ha recordado la oposición y ha situado así en 11 el total de feminicidos en la región en este 2023.

La consejera de Inclusión Social se ha lamentado de que entre los diferentes parámetros de reparto de los recursos del Pacto de Estado no esté el de las víctimas de la violencia, mientras que ha desgranado que se usan criterios como "la insularidad, ciudad fronteriza, distribución de mujeres, mujeres extranjeras, mujeres con dispacidad, o dispersión de población".

"Estoy detrás del Gobierno con los criterios de reparto" del Pacto de Estado, convencida -ha dicho- de que "no puede costar, valer más una mujer en Cataluña que en Andalucía"

Ha asegurado que "estoy detrás del Gobierno con los criterios de reparto" del Pacto de Estado, convencida de que "no puede costar, valer más una mujer en Cataluña que en Andalucía", aunque ha precisado que "no es un problema del Gobierno de España, es de toda la sociedad".

Al margen de esta reclamación sobre el Pacto de Estado, ha relatado los diferentes recursos que ofrece el Gobierno a las víctimas de la violencia machista, entre los que ha incluido el Teléfono de Atención a la Mujer, el 900 200 999, a lo que ha sumado la atención psicológica las 24 horas a las víctimas, así como que el equipo que la presta "se desplaza al lugar de residencia de la víctima para que esa atención sea continua", mientras que ha relatado que esa atención "la hemos reforzado, se ha abierto la posibilidad de atender a chicas entre los 12 y los 15 años", así como que se ofrece en el medio rural.

Ha subrayado la multiplicación por seis del dinero para financiar el servicio de atención psicológica, por cuanto ha asegurado que han pasado de tener un presupuesto de 300.000 euros a otro de 1,8 millones, así como que se ha garantizado una financiación plurianual cuando bajo gobiernos socialistas era año a año.

Además de la asistencia jurídica a las víctimas cuando acuden al forense, López ha defendido la creación de nuevos protocolos por su gobierno como el que se puso en marcha para "agresiones sexuales bajo sumisión química" y que llevó a la firma de convenios con la Federación de Ocio y Tiempo Libre y de Hosteleros, a lo que ha sumado la defensa jurídica gratuita en los casos de acoso laboral; la detección y rescate de mujeres víctimas de trata; la deriva desde el teléfono de emergencias 112 al IAM; o el protocolo con la Consejería de Justicia para la coordinación en la atención de las víctimas ya sea a través del Servicio de Atención a la Víctima de Andalucía (SAVA) o el IAM.

A esta panoplia de recursos le ha puesto un broche como es la herramienta Lenore, que ha descrito como "pionera" para "la valoración del riesgo social de la víctima" de manera que el objetivo es "poder detectar si es posible víctima de violencia de género", así como ha destacado los 43 millones de euros para los Centros Municipales de Información a la Mujer (CMIM).

La diputada socialista Mercedes Gámez ha condenado "los 11 asesinatos machistas que llevamos en 2023 que han dejado a 10 menores huérfanos", mientras que ha puesto el acento en "las cuatro mujeres asesinadas en lo que va de verano, en 19 días que van desde el 21 de julio al 8 de agosto", para subrayar entonces que la urgencia de la convocatoria de la Diputación Permanente para abordar la comparecencia extraordinaria de la consejera de Inclusión Social obedece a que en 2022 fueron 11 las mujeres asesinadas, cifra que se ha igualado a estas alturas del mes de agosto de 2023.

Gámez ha asegurado que "nos llevamos una decepción con las medidas, no con las medidas en sí, que son las mismas que nos comentó en julio" para demandar que "queremos nuevas medidas, una reacción del gobierno de la Junta de Andalucía".

El PSOE reclama a la Junta un Pacto andaluz contra la violencia de género, que el PP proponía en 2018 y "no han puesto en marcha"

Tras reclamar la oportunidad de haber convocado el Consejo Andaluz de Participación de las Mujeres, ha reclamado medidas como el Pacto Andaluz contra la Violencia de Género, del que ha recordado que el PP proponía en 2018 y "no han puesto en marcha", así como un Grupo de Trabajo integrado por expertos, además de reclamar "un refuerzo" de los Centros Municipales de la Mujer. "En el PSOE estamos dispuestos a trabajar contra la violencia machista y el negacionismo", ha afirmado.

La parlamentaria del PP Maribel Lozano ha sostenido que "queda camino por andar" y que ese diagnóstico "la primera que lo sabe es la consejera", aunque ha concluido que "se va por la buena senda", discurso que ha sustentado en hechos como los nuevos protocolos de coordinación en el Gobierno andaluz, los incrementos de los recursos de acogida, el aumento de la financiación de los centros municipales, o del propio Teléfono de Información.

Lozano ha planteado "una reflexión" a los grupos parlamentarios acerca de que "si planteamos y dudamos de la fiabilidad de los medios del Gobierno de la Junta de Andalucía que pone a disposición de las víctimas; si dudamos de que la consejera no trabaja, protege, si dudamos del buen funcionamiento del IAM, de todos los mecanismos, si no estamos provocando las dudas en las mujeres que se pueden ver en situación comprometida", por lo que ha colegido que "si nosotros desde aquí ponemos en duda que existen mecanismos no estamos ayundando a que esas mujeres puedan dar el paso" de denunciar su situación.

La parlamentaria de Vox Ana María Ruiz ha reproducido afirmaciones del presidente de su partido, Santiago Abascal, para indicar que reconocen la existencia de "la violencia machista, lo que negamos es la ideología de género", mientras que al igual que hiciera el portavoz de su grupo, Manuel Gavira, en la Diputación Permanente del lunes ha asegurado que "estamos en los mismos números que todos los veranos", antes de concluir que se "sigue utilizando políticamente a las mujeres", antes de indicar que "no ha habido un mes de este año que no se haya hablado de la violencia de las mujeres".

"La gestión de miles de millones de euros no sirve para que las mujeres estemos más protegidas", ha dicho la diputada de la ultraderecha.

La presidenta del Grupo Parlamentario Mixto-Adelante Andalucía, Maribel Mora, ha considerado que se trata de "un año bastante malo, de un verano terrible", mientras que ha apuntado sobre las cuatro últimas mujeres asesinadas en Andalucía que "sólo una de ellas estaba incluida en el Viogén", con la precisión de que una de las víctimas, Juana, "tenía orden de alejamiento, que no estaba activa ni el Viogén".

Mora ha reclamado a la consejera información sobre los centros de crisis de 24 horas a los que obliga a tener la Ley 10/2022 de garantía integral de la libertad sexual, conocida como la ley de solo sí es sí, al tiempo que se ha planteado "la formación a los profesionales", y ha demandado "la educación afectivo sexual en todas las etapas educativas", convencida de que "las mujeres lleguen a ser asesinadas es consecuencia del machismo del patriarcado".

El Grupo Por Andalucía no ha participado en la comisión.