El Gobierno andaluz examinará a los 40.000 funcionarios y personal laboral de la Administración General de la Junta de Andalucía, con el objetivo de premiar con más sueldo y ascensos a los que mejor trabajen, y sancionar a los que no cumplan con su labor.

El Gobierno andaluz evaluará a los funcionarios para premiar a los ‘buenos’ y sancionar a los ‘malos’, en virtud de una nueva ley que no aclara aún quién o qué organismo examinará a los 40.000 empleados públicos de la Administración General de la Junta de Andalucía.

La medida, que por primera vez se aplicará en Andalucía, ha sido incluida en el Plan Estratégico de los Recursos Humanos de la Administración General de la Junta de Andalucía 2023-2030, aprobado este martes en el Consejo de Gobierno, que desarrolla las directrices de la nueva Ley de Función Pública andaluza, aprobada el 31 de mayo pasado en el Parlamento andaluz.

Examinar la “conducta profesional, el rendimiento o resultados”

El objetivo de este programa, según el Plan Estratégico de los Recursos Humanos, consultado por El Independiente de Granada, es el de “implantar la evaluación del desempeño, entendida como el procedimiento mediante el cual se mide y valora la conducta profesional y el rendimiento o logro de resultados”.

La Ley, en este apartado, señala que “los sistemas de evaluación del desempeño se adecuarán, en todo caso, a criterios de transparencia, objetividad, imparcialidad y no discriminación, aplicándose sin menoscabo de los derechos de las personas”.

La evaluación del desempeño tendrá “carácter individual” y, según la nueva Ley andaluza, “recaerá sobre dimensiones, competencias y comportamientos que resulten relevantes en el puesto de trabajo”

La evaluación del desempeño tendrá “carácter individual” y, según la nueva Ley andaluza, “recaerá sobre dimensiones, competencias y comportamientos que resulten relevantes en el puesto de trabajo”. Recuerda que la Ley de la Función Pública de Andalucía, publicada en el BOJA el 14 de junio pasado, contempla la evaluación del desempeño del personal funcionario y laboral, cuya reglamentación está prevista en el plazo máximo de dos años, a partir de su entrada en vigor.

Y lo más relevante de la nueva Ley: “La obtención de resultados positivos en la evaluación del desempeño será condición necesaria para la percepción de las retribuciones vinculadas al desempeño y para ascender en los diferentes tramos de desarrollo profesional”. Es decir, la Junta de Andalucía incentivará por ley a los funcionarios que trabajen bien.

"La obtención continuada de tres o más resultados negativos y consecutivos podrá dar lugar a la remoción del puesto'

Pero también penalizará a los que, según su criterio, no cumplan con sus cometidos. Según la norma, “la obtención continuada de tres o más resultados negativos y consecutivos podrá dar lugar a la remoción del puesto en los términos previstos en el artículo 61 de la Ley 5/2023 de la Función Pública de Andalucía”.

¿Qué dice el artículo 61 de la Ley 5/2023 de la Función Pública de Andalucía? Titulado Efectos de la evaluación del desempeño para el personal funcionario, señala:

1. La obtención de resultados positivos en la evaluación del desempeño será condición necesaria para la percepción de las retribuciones vinculadas al desempeño y para ascender en los diferentes tramos de carrera horizontal a los que se refiere el artículo 53 de esta ley.

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Asimismo, en los términos que reglamentariamente se determinen, previa negociación colectiva, podrá ser requisito necesario para que el tiempo de trabajo desarrollado durante el período evaluado sea valorado como mérito de experiencia en los procesos selectivos y de provisión.

La obtención por primera vez de un resultado negativo en la evaluación del desempeño dará lugar a la participación de la persona afectada en un programa de formación específico para la mejora de sus conocimientos y competencias profesionales en relación con el puesto de trabajo ocupado durante el período evaluado.

2. Asimismo, en los términos que, previa negociación colectiva, se prevean reglamentariamente, la obtención continuada de tres o más resultados negativos y consecutivos en la evaluación del desempeño podrá dar lugar a la remoción del puesto obtenido por concurso, previa audiencia de la persona interesada y mediando resolución motivada.En caso de remoción del puesto de trabajo, la persona funcionaria de carrera afectada será adscrita, con carácter provisional, a otro puesto de trabajo en la misma localidad, cuando esto último sea posible, respetando el tramo de carrera profesional consolidado y sin que resulte de aplicación en estos casos lo previsto en el artículo 131, apartado 3, de esta ley.

3. El personal funcionario interino estará sometido a evaluación del desempeño en los mismos términos que el personal funcionario de carrera, de la forma que resulte adecuada a la naturaleza de su condición temporal y al carácter extraordinario y urgente de su nombramiento. En caso de cese, no resultará aplicable la adscripción provisional regulada en el segundo párrafo del apartado 2.

Pero ¿quién evalúa y con qué criterios?

La norma no aclara quién evaluará al personal de la Junta, si bien indica que la Junta negociará con los sindicatos: “Reglamentariamente, previa negociación colectiva, se crearán comisiones de seguimiento de la evaluación del desempeño, órganos colegiados y paritarios con participación de la Administración y las organizaciones sindicales, para la valoración global de los procesos realizados y los resultados obtenidos, así como formular propuestas de mejora de dichos resultados”.

Sin embargo, el hecho que la Junta aún no aclare quién o qué organismo procederá al examen del funcionariado alimenta la subjetividad en la evaluación que, acrecienta, al no fijarse los criterios

En la Ley de la Función Pública establece que “los sistemas de evaluación del desempeño deberán ser transparentes, haciendo pública, de manera clara, accesible y constante, la información sobre los criterios, el procedimiento y los efectos de la evaluación, bajo los principios de imparcialidad y objetividad, de forma que el personal empleado público pueda conocer cuáles son los órganos técnicos evaluadores, cómo adoptan sus decisiones y cuáles son los objetivos perseguidos”.

Sin embargo, el hecho que la Junta aún no aclare quién o qué organismo procederá al examen del funcionariado alimenta la subjetividad en la evaluación que, acrecienta, al no fijarse los criterios.

Así, el artículo 60 de la Ley de Función Pública de Andalucía -Sistemas y criterios de valoración- indica que “la valoración de la conducta profesional y el rendimiento o el logro de resultados podrá tener en cuenta, entre otros, los siguientes criterios” y cita, como primer punto, “el grado de interés, la iniciativa, la aptitud y la actitud con los que se realice el trabajo, incluida la acreditación de competencias a través de la actualización y perfeccionamiento de la cualificación profesional”.

Cita, como primer punto, “el grado de interés, la iniciativa, la aptitud y la actitud con los que se realice el trabajo, incluida la acreditación de competencias a través de la actualización y perfeccionamiento de la cualificación profesional”

También “la contribución al logro de los objetivos del órgano o de la unidad administrativa correspondiente y, en su caso, la consecución de los objetivos profesionales que se fijen” o “la participación en procesos de innovación y formativos, proyectos institucionales y de buenas prácticas en favor de la excelencia y la normalización y racionalización de procesos, y en procesos de gestión y generación de nuevo conocimiento, para la mejora de la organización y gestión administrativas”.

Eso sí, “la conducta profesional se valorará conforme al código de conducta establecido en el capítulo VI del título III del texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, y se presumirá positiva, salvo valoración negativa expresa y motivada”.

Y todo ello, bajo la premisa de que “reglamentariamente, se establecerán, previa negociación colectiva, los sistemas de evaluación del desempeño, la atribución de competencias para efectuar la evaluación con criterios objetivos y la periodicidad con la que se llevará a cabo, así como también se regularán los órganos técnicos de carácter colegiado a los que corresponda la revisión de las evaluaciones realizadas”.

Nieto defiende que es más importante “qué se evalúa, que quién evalúa”

El consejero de Justicia, Administración Pública y Función Pública, José Antonio Nieto, señaló este martes tras el Consejo de Gobierno que aprobó el Plan Estratégico de Recursos Humanos que en el examen del trabajo de los funcionarios prevalezca "qué se evalúa, no quién lo evalúe".

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Nieto, este martes en la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Gobierno. Francisco J. Olmo/Europa Press

El consejero pide a las sindicatos que "crean en la bondad del sistema y en la objetividad de la evaluación"

El consejero señaló que ya "se está negociando ya con los sindicatos", y deberá aprobarse en la Mesa Sectorial de la Función Pública, antes de proclamar que "estamos planteando a las organizaciones sindicales que la clave sea qué se evalúa, no quién lo evalúe". Para Nieto, esa evaluación del trabajo de los empleados públicos que "se está poniendo encima de la mesa no es una imposición", y pidió a los negociadores "crean en la bondad del sistema y en la objetividad de la evaluación".

No obstante, reconoció que se trata de "una negociación compleja" con los sindicatos por cuanto supone "un tema difícil que se pone en marcha por primera vez" con el propósito de aportar "una forma radical" a la hora de "evaluar el trabajo y de liderar equipos".

Nieto señaló que los ‘buenos’ empleados "merecen que se reconozca su trabajo" y que, por ello, "se les premiará":

"Queremos que los sindicatos se sientan cómodos, que no tengan miedo, que no crean que aquí puede generarse algún tipo de problema para el funcionario público”, señaló el consejo quien se comprometió a implantar "datos objetivos" para considerar "quién está desarrollando mejor su trabajo", para dar "reconocimiento" a los empleados públicos que demuestren "una mejor disposición". “Es un asunto clave que tenemos que resolver bien”, añadió.

A los trabajadores que no atienden a la responsabilidad que le toca merecen que se les llame la atención por no alcanzar esos mínimos " con el argumento de que "le estamos pagando su salario y todo el mundo entiende que es público"

Nieto señaló que los ‘buenos’ empleados "merecen que se reconozca su trabajo" y que, por ello, "se les premiará": “Queremos que también tenga un reconocimiento no sólo económico, no sólo a nivel salarial, sino también en oportunidades de ascenso, de traslado", mientras, dijo, que "a los trabajadores que no atienden a la responsabilidad que le toca merecen que se les llame la atención por no alcanzar esos mínimos " con el argumento de que "le estamos pagando su salario y todo el mundo entiende que es público".

Primeras críticas sindicales a la medida

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) Andalucía fue la primera en responder. Acuso al consejero de Justicia, Administración Local y Función Pública, José Antonio Nieto, de poner a los funcionarios "en el ojo del huracán" al atribuirles los problemas que afectan al funcionamiento de los servicios públicos y al trasladar a la ciudadanía un mensaje que cuestiona el trabajo de los mismos, "para evitar responsabilizarse de la falta de medios y de personal que afecta a los distintos servicios de la Administración, como por ejemplo la Sanidad o la Educación, entre otros".

A juicio de CSIF-Andalucía, el consejero debería centrarse, como responsable político de la Administración autonómica en esta materia, en ofrecer los recursos materiales, humanos y técnicos necesarios para que el personal público pueda hacer adecuadamente su trabajo

Así lo puso de manifiesto la vicepresidenta de CSIF Andalucía, Yolanda Salgado, en la Mesa General de Negociación Común convocada esta semanas para hablar del Presupuesto de la Junta para 2024, en la que ha dejado constancia del malestar de la organización sindical por las declaraciones "engañosas" del consejero del ramo sobre la evaluación del desempeño de los empleados y empleadas públicas, "haciendo creer a la ciudadanía que el problema de los servicios públicos son aquéllos que trabajan menos o que no cumplen y para los que debe haber consecuencias y, por el contrario, premiar a aquéllos que trabajen más y mejor".

A juicio del sindicato, el consejero debería centrarse, como responsable político de la Administración autonómica en esta materia, en ofrecer los recursos materiales, humanos y técnicos necesarios para que el personal público pueda hacer adecuadamente su trabajo, y ha puesto como ejemplo de "caótica gestión" la de la Bolsa Única Común para contrataciones temporales que, tal y como ha denunciado CSIF de forma reiterada, está provocando actualmente falta de cobertura en distintos servicios, como limpieza de institutos o de residencias de mayores.

CSIF siempre ha defendido que la evaluación del desempeño debe ser incentivadora para las empleadas y los empleados públicos, y ha avisado de que estará muy vigilante para que así se recoja en el desarrollo reglamentario de la Ley de Función Pública y no se apliquen medidas sancionadoras, que ya se rigen por el propio régimen disciplinario que recoge la Ley.

Para CSIF, un resultado negativo en la evaluación del desempeño no puede suponer, en ningún caso, pérdida retributiva ni menoscabo en el tramo de carrera profesional consolidado, tal y como ha trasladado el consejero en sus "desafortunadas declaraciones"

Para CSIF, un resultado negativo en la evaluación del desempeño no puede suponer, en ningún caso, pérdida retributiva ni menoscabo en el tramo de carrera profesional consolidado, tal y como ha trasladado el consejero en sus "desafortunadas declaraciones". En este sentido, el sindicato siempre ha protegido, y así lo seguirá haciendo en el desarrollo reglamentario de la Ley, los principios básicos contemplados en el Texto Refundido del Estatuto Básico del Empleado Público (Trebep) para dicha evaluación.