La parlamentaria Olga Manzano afea al consejero que la Junta no aplique el protocolo de acoso
La Junta admite que no activó el protocolo de acoso tras la denuncia de una letrada del gabinete jurídico en Granada
Antonio Sanz lo achaca a que "la interesada no lo había solicitado", a pesar de que la letrada presentó una denuncia formal ante los servicios centrales del Gabinete Jurídico.
Prensa Parlamento
Antonio Sanz, consejero de Presidencia, este jueves en el Parlamento.
El consejero de Presidencia, Interior, Diálogo Social y Simplificación Administrativa de la Junta, Antonio Sanz, tuvo que responder este jueves en el Parlamento a una pregunta sobre la manera en la que la Junta aplica los protocolos para casos de acoso laboral, sexual y por razón de sexo en sus departamentos. Lo hizo a raíz de la denuncia que formuló una letrada del Gabinete Jurídico de la Junta en Granada contra el jefe de este servicio en la provincia por acoso laboral por razón de sexo, un caso que desveló El Independiente de Granada. La Junta concluyó que no había acoso, si bien dictó medidas, entre ellas, que haya una persona intermediaria para la comunicación entre ambos y la vigilancia del servicio.
La Junta de Andalucía recibió el pasado año la denuncia de una letrada de Granada contra el jefe del Gabinete Jurídico en la provincia por acoso laboral por razón de sexo. Pese a la gravedad de la situación denunciada, el Gobierno andaluz no había resuelto en marzo la investigación interna que, a raíz de la denuncia, abrió para aclarar los hechos. La demora ha provocado situaciones muy comprometidas y, lo que es más grave, indefensión a la denunciante y a las compañeras que la respaldan, por cuanto que siguen trabajando a las órdenes del jefe denunciado. Días después de la publicación por El Independiente de Granada del caso, la Junta resolvió ese expediente, que había prolongado hasta entonces. La Junta determinó que no se podía constatar el acoso laboral denunciado, pero dictó medidas, entre ellas, que los servicios centrales del Gabinete Jurídico de la Junta de Andalucía vigilaran el funcionamiento del departamento en Granada.
¿Cumple la Junta el protocolo para los casos de acoso? Fue la pregunta que le formuló al consejero la diputada autonómica socialista Olga Manzano en comisión parlamentaria.
Para defender la actuación de la Junta, el consejero admitió que no se había activado el protocolo de acoso porque, según él, "no lo había solicitado" la afectada
"Sin ningún tipo de ambages" lo aplica, contestó el consejero, que explicó que este protocolo es fruto de un acuerdo de 2014 y que fue posteriormente revisado en febrero de 2020, para actualizarlo. Según la respuesta del consejero, para tramitar este tipo de casos se constituye una comisión de investigacion interna en la que participan, entre otros departamentos, la Unidad de Prevención de Riesgos Laborales, la Inspección General de Servicios, la Jefatura de Personal o el Comité de Seguridad y Salud.
Según añadió, para activarlo, es necesario "una solicitud por escrito, no de oficio".
En la dinámica parlamentaria, los miembros del Gobierno andaluz dan una breve respuesta en su primera intervención y guardan información para la réplica, una vez que escuchan las críticas de los grupos parlamentarios.
Así, Olga Manzano censuró al consejero que la Junta no hubiera cumplido ese protocolo, a pesar de la respuesta de Sanz. En primer lugar, porque la Junta insiste en hablar de que recibió "quejas" de la letrada granadina, cuando fue "una denuncia formal" ante los servicios centrales.
La parlamentaria Olga Manzano denunció el incumplimiento del protocolo ante casos de acoso por parte de la Junta
"En la tramitación han incumplido tantos apartados del protocolo que no se podrían citar en la comisión", apuntó la parlamentaria para precisar que no hubo un comité interno de investigación ni intervino un profesional con formación especializada en estos casos. La Prevención de Riesgos "solo fue informada" y tampoco se cumplieron los plazos. Lo que ha hecho la Junta no ha sido activar el protocolo ante casos de acoso, apuntó la parlamentaria, sino "otro procedimiento".
Olga Manzano durante la intervención.
"¿Qué hay detrás de este incumplimiento?", le preguntó la parlamentaria del PSOE a Antonio Sanz. ¿Cómo es posible que no hayan tenido en cuenta el testimonio de las letradas? "Solo conocemos este caso. Pero, ¿en cuántos más se ha incumplido el protocolo?", añadió Olga Manzano.
Fue entonces cuando el consejero se extendió más. "Vaya por delante todo mi apoyo para cualquier persona que se sienta acosada en cualquier ámbito", dijo, para a continuación lanzar críticas: "ustedes too lo llevan a la política, pero esto se resuelve en ámbitos muy concretos". "Estas cuestiones son tan sensibles que hay que tener prudencia y cautela".
En los argumentos que utilizó para defender la actuación de la Junta, el consejero llegó a reconocer que no se había activado el protocolo. Si bien, lo achacó a que la letrada no lo había pedido. "No se ha activado el protocolo al no haber sido solicitado aún por la interesada", dijo.
En su intervención limitó a una "serie de quejas" lo recibido, lo que tampoco es correcto, porque sí hubo un escrito formal de la letrada.
Según Sanz, las diligencias se abrieron el 31 de octubre de 2024 y se concluyeron el 17 de marzo de 2025, en un proceso en el que el Gabinete Jurídico solicitó "informalmente" el asesoramiento de la Unidad de Prevención. Después, relató lo que ya recogió este diario, que se archivó por considerar que los hechos "no constituían una situación de acoso laboral", pero que se dictaron medidas para "facilitar la relación".
