El grupo de IU en la Diputación de Granada ha presentado una moción dirigida a garantizar que las entidades locales de la provincia puedan cumplir de manera efectiva la Ley de Protección de los Derechos y el Bienestar Animal, una propuesta de su portavoz, Mari Carmen Pérez, que será discutida en el próximo pleno de la corporación provincial.

Entre los acuerdos propuestos se incluye también la solicitud al Gobierno central y a la Junta de Andalucía para que incluyan dotaciones económicas en sus presupuestos para 2025, así como la creación de una protectora de animales provincial bajo la gestión de la Diputación de Granada

La Ley de Bienestar Animal, en vigor desde el 29 de septiembre de 2023, establece un marco legal integral para la protección y cuidado de los animales, tanto domésticos como silvestres. Entre las medidas destacadas, endurece las sanciones por maltrato y abandono animal, con multas que pueden alcanzar los 200.000 euros y penas de cárcel de hasta 18 meses en los casos más graves, según ha detallado IU en una nota de prensa este miércoles.

Sin embargo, los ayuntamientos, especialmente los de menor tamaño, enfrentan dificultades para asumir los costes derivados del cumplimiento de esta normativa. Por ello, la moción presentada por IU insta a la Diputación de Granada a incluir en sus presupuestos una partida económica destinada a apoyar a las poblaciones de menos de 20.000 habitantes, facilitando los recursos necesarios para la implementación de las medidas establecidas por la ley.

Entre los acuerdos propuestos se incluye también la solicitud al Gobierno central y a la Junta de Andalucía para que incluyan dotaciones económicas en sus presupuestos para 2025, así como la creación de una protectora de animales provincial bajo la gestión de la Diputación de Granada, han detallado desde IU.

Esta moción de la diputada provincial de IU, Mari Carmen Pérez, subraya la importancia de la colaboración interadministrativa para "garantizar la protección de los animales en toda la provincia", haciendo hincapié en la necesidad de recursos para que los municipios más pequeños puedan cumplir con los estándares legales establecidos.