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Imagen de archivo del Pabellón Mulhacén. indegranada

La Fiscalía ve indicios racionales de delitos de prevaricación común, prevaricación urbanística y fraude en la contratación en el caso Mulhacén, una de las piezas más importantes del Caso Nazarí, que ha investigado una supuesta trama urbanística durante sucesivos mandatos del PP con José Torres Hurtado como alcalde. Así lo expone en un escrito dirigido al Juzgado de Instrucción 2 de Granada -consultado por El Independiente de Granada- en el que traslada a la jueza que lo que procede es dictar auto de incoación de procedimiento abreviado respecto a la exconcejala de Urbanismo Isabel Nieto y el constructor Roberto García Arrabal y también un funcionario del área que ejerció distintas responsabilidades. 

Para el resto de los investigados, entre los que se encontraban otros altos funcionarios como Manuel Lorente, la Fiscalía entiende que procede el sobreseimiento. 

La investigación de las supuestas irregularidades denunciadas por el empresario Ramón Arenas, que batalla por el presunto trato de favor recibido por García Arrabal en la operación urbanística que levantó el pabellón Mulhacén y la zona de restauración colindante, con cambios en las condiciones de la adjudicación durante el proceso, está más cerca de concluir. Se ha prolongado durante años, sumando el parón de la pandemia, por la complejidad y por la dinámica de recursos durante la instrucción. El pasado año, la Audiencia urgió a la jueza a concluirla y esto derivó en la anulación de nuevas diligencias. 

Es un dato de interés, porque explica otro de los puntos incorporados por la Fiscalía en su informe. Así, expone que, "dado que no se determinado la valoración del supuesto perjuicio económico al Ayuntamiento, procede alzar todas las medidas de carácter económico restrictivas acordadas respecto del patrimonio de los investigados". Como recoge Granada Hoy, entre las diligencias que no se practicaron tras esa decisión de la Audiencia Provincial estaba un informe pericial que había encargado la jueza para valorar precisamente ese daño.

Por su parte, la representación legal del empresario Ramón Arenas expone pormenorizadamente los hechos ocurridos en el escrito en el que solicita el paso a procedimiento abreviado de estas diligencias. Rechaza el sobreseimiento planteado por las defensas de investigados y añade más posibles delitos a la operación que adjudicó a García Arrabal la concesión en la manzana del Mulhacén. Habla de posible estafa y cohecho y vuelve a recordar el diferente trato dispensado al constructor y el "urbanismo a la carta" que se le brindó.

"Incumplimientos contractuales, retrasos en la ejecución de las obras incumpliendo los plazos urbanísticos fijados en las licencias, alteraciones unilaterales de lo pactado, infracciones urbanísticas cometidas y varias irregularidades más que nunca se hicieron valer contra Fontdeis S.L., y que aún, a fecha de hoy, contrastadas sobradamente en las presentes actuaciones, no han dado lugar a la resolución de la concesión administrativa, aun habiéndolo solicitado en varias ocasiones, expresamente, el Sr. Arenas-Guerrero, pretendiendo una trato igualitario a una y otra mercantil", expone al Juzgado en el detallado escrito.

Tanto la operación urbanística del Pabellón Mulhacén como la del expediente San Jerónimo, para el que la jueza ya abrió juicio oral contra Nieto y la cúpula de Urbanismo, dieron origen a la operación Nazarí hace ya siete años.