La Fiscalía de Granada ha abierto diligencias de investigación penal sobre una posible adjudicación irregular del servicio de alquiler de audioguías de la Alhambra. La investigación se encuentra aún en una fase "muy primaria", y es el Grupo de Delitos Económicos de la Policía Judicial la que está indagando en el asunto, después de que se presentara una denuncia por ello, según han informado a Europa Press fuentes del Ministerio Público.

Así, ahora hay extremos "pendientes de comprobación" y no se determinará por parte de la Fiscalía si ha existido delito o no hasta que la Policía no concluya la investigación. "Podemos confirmar que hay una investigación en marcha, pero ahora estamos en una fase en la que prácticamente no se han practicado diligencias, salvo la mera admisión a trámite", han indicado desde la Fiscalía.

Ha sido el diario 'El Mundo' el que este jueves ha informado de que se había abierto una investigación por un posible "amaño" en la adjudicación, que se remonta a 2007, cuando el Patronato de la Alhambra y el Generalife adjudicó a la empresa GTP el servicio de alquiler de audioguías del monumento.

El Patronato niega "tráfico de influencias"

El Patronato de la Alhambra y Generalife de Granada ha negado "categóricamente" las acusaciones de "tráfico de influencias" en la adjudicación del servicio de audioguías, después de la apertura de diligencias de la Fiscalía.

En un comunicado, la Alhambra informa de que la Fiscalía no ha emitido ningún informe de acusación sino que se trata de un proceso abierto de investigación y quiere hacer constar que ni el Patronato de la Alhambra ni su directora han sido acusados "de ningún delito".

El Patronato sí ha puesto a disposición de la Policía y la Fiscalía toda la documentación requerida y asegura que "en todo momento, como no podía ser de otra forma, ha colaborado en este proceso de investigación" a la empresa GTP, concesionaria del servicio de alquiler de audioguías, que es la que, según asegura, está siendo investigada.

Según explica, la empresa GTP, posteriormente Stendal, resultó ser elegida tras "un concurso público transparente", cuya mesa de contratación estuvo formada por funcionarios, la intervención general y el Gabinete Jurídico de la Junta de Andalucía, no formando parte de esta mesa la directora general de la Alhambra, María del Mar Villafranca. El órgano de contratación fue quien adjudicó, posteriormente y según el veredicto de la mesa, a la empresa GTP por tratarse de la mejor oferta.

Tras la firma del contrato, se advirtió la existencia de un error material y tipográfico en el documento que se solucionó a través de procedimientos legales. Prueba de ello es que las liquidaciones anuales se ingresaron siempre por importe de 77.000 euros.

El Pleno del Patronato de la Alhambra y Generalife, del que forma parte también el Ayuntamiento de Granada junto a la Universidad, el Ministerio de Cultura y la Junta de Andalucía, aprobó la prórroga del contrato y el plan de pagos propuesto por la empresa GTP para hacer frente a la deuda con la Alhambra por los atrasos en el abono del canon. La deuda fue liquidada conforme a dicho plan de pagos, según consta en la documentación contable de la Intervención General.