Dará cuenta al Parlamento de la respuesta de la Consejería de Fomento
El Defensor Andaluz reprende a la Junta por no seguir sus recomendaciones para favorecer el acceso a viviendas de alquiler asequible
La institución recuerda a la Consejería de Fomento que dirige Rocío Díaz las "dificultades" para encontrar una vivienda de alquiler en un mercado en el que los precios están "por encima de la capacidad económica de las personas sin recursos estables cuando no sin ingresos y sin un parque público de viviendas que dé respuesta a sus necesidades".
Edificios en Granada. M. de la Cruz / Archivo
El Defensor del Pueblo Andaluz ha reprendido a la Consejería de Fomento de la Junta por obviar sus recomendaciones en política de vivienda y más en concreto, por desoír las propuestas para facilitar el acceso a alquileres asequibles. No es la primera vez que el Defensor choca con esta Consejería de la Junta, que dirige ahora Rocío Díaz, departamento al que ya afeó su mala gestión con el bono alquiler joven.
El acceso a viviendas en alquiler es un grave problema en un mercado en el que los precios están muy por encima de la capacidad económica de muchas familias, no solo en el caso de las más vulnerables, en situación de desempleo o con pocos o ningún ingreso, sino también por la falta de inmuebles en un contexto en el que se están disparando aquellos destinados al uso turístico.
Esas dificultades las expone el Defensor en una resolución en la que no oculta su enfado con la Consejería que ahora preside Rocío Díaz -y que durante la tramitación de la queja también estuvo en manos de Marifrán Carazo, ahora alcaldesa de Granada- por desdeñar sus propuestas.
"Nos consta por las muchas quejas que recibimos año tras año que la búsqueda de una vivienda en régimen de alquiler se convierte en un objetivo casi imposible para quienes no disponen de rentas económicas o éstas son escasas, cuestión que se dificulta más cuando no se tiene una nómina con la que responder a los pagos de la mensualidad ni quien te avale"
"Tal y como se reflejó en la dación de cuentas de esta Defensoría al Parlamento de Andalucía nos consta por las muchas quejas que recibimos año tras año que la búsqueda de una vivienda en régimen de alquiler se convierte en un objetivo casi imposible para quienes no disponen de rentas económicas o éstas son escasas, cuestión que se dificulta más cuando no se tiene una nómina con la que responder a los pagos de la mensualidad ni quien te avale", expone para incidir en las "dificultades" que les traslada la ciudadanía para encontrar una vivienda en alquiler, sobre en el caso de personas sin recursos estables o incluso sin ingresos, y sin un parque de viviendas que dé "respuesta a las necesidades". Problemas que se agravan en zonas costeras.
Ese es el contexto en el que se produce esta resolución del Defensor que cierra ahora la actuación de oficio que impulsó en 2017 para evaluar el programa de alquiler de viviendas (PIMA), una actuación que ha sido objeto de petición de "varios informes" a la Consejería y una posterior resolución donde se recogían las sugerencias que no han sido aceptadas.
Ese programa de alquiler tuvo "escaso éxito". Regulaba, como recuerda el Defensor, la concesión de las pólizas de seguros de impago de renta, de defensa jurídica y multirriesgo del hogar para las personas arrendadoras.
Lo que la Consejería de Fomento ha venido defendiendo ante el Defensor es que la política de vivienda por la que se ha optado ahora en Andalucía es facilitar el acceso a la vivienda a través de ayudas al alquiler e incrementar el parque público de viviendas para ese fin. Entre las iniciativas defendidas por la Junta, el Plan Vive en Andalucía, de vivienda, rehabilitación y regeneración urbana de Andalucía 2020-2030.
Tras analizar todos los informes recibidos y las justificaciones de la Consejería, en diciembre de 2022 se trasladaron sugerencias desde la Oficina del Defensor, entre ellas, propiciar nuevos acuerdos encaminados a la puesta a disposición de viviendas de la SAREB y de entidades públicas para su alquiler como vivienda asequible o social; fomentar la puesta a disposición de ayuntamientos de viviendas para su alquiler como vivienda asequible o social y también, propiciar un prograna de "ayuda para el pago del seguro de protección de la renta arrendaticia".
En caso de que se optara por esta última sugerencia, el Defensor sugería que sugerimos que "se revisaran los criterios y requisitos por los que anteriormente se ha regido el Plan PIMA, a fin de corregir los problemas que pudieron dar lugar a su fracaso, debiéndose valorar, especialmente, la necesidad de participación de los agentes o entidades colaboradoras".
A esa resolución, la Consejería volvió a responder defendiendo las políticas impulsadas por la Junta, como las promociones de viviendas acogidas a los programas autonómicos que, según datos del Gobierno andaluz, han permitido poner en marcha "actuaciones para la construcción de casi 3.000 viviendas protegidas en alquiler a precio asequible en toda Andalucía. Y ello, de la mano de ayuntamientos, promotores públicos (empresas públicas de vivienda), privados y fundaciones". O la previsión de impulsar el "cohousing", viviendas intergeneracionales y alojamientos temporales.
También los esfuerzos para tramitar ayudas para personas vulnerables o las dirigidas a administraciones o entidades sin ánimo de lucro para que paguen los alquileres de víctimas de violencia de género o personas desahuciadas.
La Consejería de Fomento ha contestado al Defensor que, si bien, "toma nota" de sus sugerencias, actualmente su política de vivienda se centra en "ampliar la oferta de viviendas en alquiler en aquellos programas que mejor se adecúan a las necesidades y recursos disponibles"
Y, a modo de resumen, la Consejería contestó al Defensor del Pueblo Andaluz que, si bien "tomaba nota" de las sugerencias formuladas, "actualmente centra la política de vivienda y de ampliación de la oferta de viviendas en alquiler asequible en aquellos programas que mejor se adecúan a las necesidades y recursos disponibles".
"Se entiende por tanto que no se aceptan las sugerencias formuladas" relacionadas tanto con la puesta a disposición de viviendas de la SAREB y de entidades públicas para su alquiler como vivienda asequible o social; la puesta a disposición de las comunidades autónomas y ayuntamientos de viviendas para su alquiler como vivienda asequible o social; y el programa de ayuda para el pago del seguro de protección de la renta arrendaticia".
El Defensor lamenta especialmente que no se baraje un programa de intermediacción para facilitar el alquiler a familias cuyos ingresos la alejan de una vivienda digna
"Lamentamos que no se contemple las sugerencias antes expuestas, pues como se puede apreciar tras la lectura de los datos aportados la cobertura de los distintos programas mencionados en su informe a las familias andaluzas no llegan a cubrir las necesidades de la demanda existente".
"Respecto a las ayudas al alquiler, solo con hacer el seguimiento a las incidencias del bono joven que tras más de dos años se siguen sin resolver la totalidad de las solicitudes o a los expedientes de subvenciones a personas vulnerables de las distintas convocatorias hemos de pensar que como ya usted conoce son muchas las personas y familias con hijos que se encuentran sin protección para poder contratar el alquiler de una vivienda", recuerda el escrito del Defensor del Pueblo Andaluz, que reconoce que le hubiera "parecido oportuno" que pudieran al menos haber valorado "alguna línea para subvencionar la intermediación para el alquiler, dado que se constata que es un recursos necesario para ayudar a la población más vulnerable a conseguir una solución a sus problemas de vivienda".
Cita en este punto la situación de las personas que no tienen ingresos estables o las que son beneficiarias del Ingreso Mínimo Vital, que no reúnen condiciones para contratar un alquiler en el mercado privado. "Es aquí cuando cobra una especial importancia los programas de intermediación para el alquiler", subraya el Defensor, que cita ejemplos que considera a tener en cuenta, como el plan de ayudas para estos casos del Instituto Municipal de la Vivienda de Málaga.
El Defensor informa a la Consejería de Fomento que trasladará al Parlamento su respuesta.
