"Con esta acción queremos llamar la atención de la sociedad y de las autoridades competentes para que ese reloj parado entre en funcionamiento, así como poner de manifiesto públicamente que la abogacía es un una de las principales víctimas de las dilaciones en la Administración de Justicia", ha explicado el decano, Leandro Cabrera. El representante del colectivo profesional ha indicado que, por un lado, los letrados tienen que rendir cuentas a unos clientes que lógicamente no comprenden la lentitud de sus asuntos y los culpan a ellos, con el daño al buen nombre de la abogacía que ello supone. Por otro, Cabrera también ha expuesto los perjuicios económicos de este "colapso judicial", ya que los abogados no cobran hasta que se da por cerrado el caso. 

Por ello, el colectivo profesional reclama a las administraciones que inviertan en personal, tanto de funcionarios, como sobre todo de jueces, mejoras técnicas y medidas estructurales y organizativas eficientes para desbloquear el inaceptable estado del sistema judicial. "La solución pasa por más medios, más medios y más medios", ha insistido Cabrera, más cuando "la saturación de los órganos judiciales previsiblemente aumentará en 2026 mientras la Administración de Justicia se adapta al nuevo modelo". "Los juzgados no están preparado, pero ni siquiera físicamente, y estamos muy preocupados ante la aplicación de la nueva ley en los partidos de Granada y Motril porque va a haber un parón importante", ha añadido. 

Como ya advirtió el Colegio en septiembre, los órganos judiciales ya están fechando señalamientos para mediados de 2028 en la jurisdicción social, donde el colapso siempre ha sido mayor, pero también en el resto, con citaciones para finales de 2027 en el ámbito civil

Además, según ha recordado el decano, "lejos de mejorar, los datos evidencian este empeoramiento del sistema judicial, que registró sólo en 2024 más de 154.000 asuntos ingresados en la provincia". Analizando la última estadística, del segundo trimestre de 20025, la tasa de congestión se sitúa en Granada en 2,75, frente al 2,68 del mismo periodo de 2024, y la de pendencia ha pasado de 1,70 el pasado año a 1,77 en este ejercicio. "Se tardarían 21,24 meses, casi dos años, para poner el contador a cero, es decir, para resolver todos los asuntos ingresados y pendientes de resolución, y siempre y cuando se mantenga el mismo ritmo resolutivo actual y sin ningún nuevo ingreso", ha lamentado Cabrera.

De hecho, como ya advirtió la Corporación en septiembre, los órganos judiciales ya están fechando señalamientos para mediados de 2028 en la jurisdicción social, donde el colapso siempre ha sido mayor, pero también en el resto, con citaciones para finales de 2027 en el ámbito civil, por ejemplo, vulnerando el derecho a una tutela judicial efectiva. Esto afecta a casos de divorcio con menores a cargo pendientes de medidas urgentes, juicios laborales sobre despidos, demandas de incapacidad o procedimientos penales con víctimas o ejecuciones hipotecarias, entre otros.