El Ayuntamiento de Atarfe debe pagar 1,4 millones de euros por los 20 años de contratación irregular de las auxiliares del servicio de ayuda a domicilio
Atarfe evitó una sanción de la Inspección, que sí lo penaliza por las cuotas a la Seguridad Social. ayto. atarfe
- El gobierno de Atarfe atribuye lo sucedido a la época de "clientelismo" de los gobiernos de Víctor Sánchez, y anuncia que recurrirá la decisión de Trabajo para tratar de causar el menor daño posible a los vecinos del municipio.
El Ministerio de Empleo y Seguridad Social reclama al Ayuntamiento de Atarfe 1,4 millones de euros en concepto de cuotas a la Seguridad Social de 60 trabajadoras del servicio de ayuda a domicilio por la situación de irregularidad en las que venían trabajando desde 1992.
Según ha informado el Ayuntamiento de Atarfe, la Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad Social realizó una visita al Consistorio en enero de 2017, constatando que durante 20 años dicho servicio se prestaba a través de la comunidad de bienes Hinojosa y Navarro, formada por las propias trabajadoras en régimen de autónomas y sin contrato alguno, tal y como queda reflejado en el acta de inspección.
En dicho documento se alude al carácter "ficticio" de la comunidad de bienes como empresa, "meramente instrumental para facilitar la actividad municipal, escapando de la condición empresarial el propio Ayuntamiento y facilitando sin embargo una actividad absolutamente discrecional y carente de cualquier tipo de control en la selección y contratación de las trabajadoras".
Esta situación ya se puso de manifiesto en el año 2000 con el informe de fiscalización del Ayuntamiento de Atarfe que elaboró la Cámara de Cuentas de Andalucía, donde se decía que se contrataban determinados servicios con comunidades de bienes sin que quedara acreditada "la capacidad de las comunidades para contratar con la administración local, ni su relación con el objeto del contrato ni la solvencia técnica o profesional". En aquel momento no se adoptó ninguna medida para solucionar el problema.
"Es una irregularidad más que se remonta a la época del clientelismo en el Ayuntamiento de Atarfe, cuando se esquivaban los sistemas de contratación que rigen la administración pública para controlar a las trabajadoras", ha explicado la concejal de Bienestar Social, Rosa Félix, quien ha anunciado que recurrirá la resolución de la Inspección de Trabajo para intentar causar el menor daño posible a los bolsillos de los ciudadanos.
En septiembre de 2012 el gobierno socialista presentó en el pleno una propuesta para iniciar el proceso de privatización del servicio que no llegó a debatirse por falta de apoyo necesario para su aprobación.
En el actual mandato, el nuevo gobierno municipal, antes de iniciar el proceso de regularización, solicitó información sobre la situación del servicio a la anterior responsable y actual concejal socialista, Francisca García Olivares, "negándose a dar cualquier tipo de explicación".
El PSOE no respaldó la gestión directa y el PP se desmarcó en la aprobación definitiva
El siguiente paso fue tratar de consensuar con los grupos municipales la solución al problema. Todos los partidos, a excepción del PSOE, respaldaron en marzo de 2006 la propuesta del gobierno de iniciar los trámites para llevar a cabo una gestión directa del servicio y modificar las condiciones laborales de las auxiliares de la ayuda a domicilio, si bien el PP se desmarcó en el momento de la aprobación definitiva -en el pleno de julio de 2016- por no estar de acuerdo con las alegaciones que se presentaron, al tiempo que se mostró partidario de privatizar el servicio, según expone el Ayuntamiento.
La concejal del PSOE y anterior responsable de la Ayuda a Domicilio, Francisca García Olivares, llegó a presentar un recurso de reposición "en un intento de torpedear el acuerdo e impugnar la decisión del pleno, según ha recordado la concejal de Bienestar Social, Rosa Félix. “Nuestra apuesta es seguir el camino de crear un servicio público de calidad a pesar de las denuncias que se han pergeñado en la sombra".
El importe ahora reclamado -1,4 millones- corresponde a las cuotas del periodo no prescristo. Esta circunstancia ha obligado a ralentizar la convocatoria del concurso oposición dado que las trabajadoras han sido dadas de alta por la Inspección de trabajo en el régimen general de la seguridad social.
