La parlamentaria andaluza por Granada de Adelante Andalucía Ana Villaverde ha instado a la Consejería de Educación y Deporte a que "resuelva la situación en la que se encuentran 95 trabajadoras del Personal Técnico de Integración Social (PTIS) de la provincia de Granada, que aún no han cobrado su salario".

Con la declaración del estado de alarma y en previsión de las consecuencias que la paralización de las clases podría tener para miles de trabajadoras y trabajadores de los servicios complementarios en educación, el Gobierno autonómico aprobó un decreto ley para garantizar el mantenimiento de los puestos de trabajo en las empresas adjudicatarias de dichos servicios y asegurar, de esta forma, que las trabajadoras de servicios como la atención al alumnado con necesidades educativas especiales pudieran continuar cobrando su salario. Sin embargo, indica Adelante en una nota de presna, "un cambio en la empresa concesionaria en plena crisis, ha ocasionado que las 95 trabajadoras del sector en la provincia de Granada, actualmente contratadas por la empresa Os Zagales, no hayan cobrado aún su salario, siendo las únicas que se encuentran en esta situación entre las más de 1.000 PTIS del conjunto de Andalucía". 

"Desde la Consejería de Educación y la Delegación de Educación en Granada deben asumir su responsabilidad, resolver esta situación y cumplir con la normativa que ellos mismos aprobaron. No tiene sentido que por un problema de falta de previsión por parte de la Consejería, que fue la que no anticipó que podía producirse esta situación en la normativa, haya 95 trabajadoras que no están cobrando, en su inmensa mayoría mujeres y siendo, en muchos casos, los únicos ingresos con los que cuentan sus familias", afirma Villaverde.

El argumento que dan desde la Agencia Pública Andaluza de Educación (APAE) es que el Decreto aprobado regula que aquellas empresas que mantengan la plantilla percibirán el 80 por ciento de lo que se haya facturado en el mes de febrero. Como la empresa Os Zagales inició sus servicios em marzo, no existe ninguna facturación en el mes de febrero sobre la que se pueda calcular el importe que la Junta debe abonar a la empresa, recuerda la nota.

Según advierte Villaverde, "hay una solución muy sencilla que se podría aplicar sin más demora y que ya han planteado los sindicatos. Se podría resolver teniendo en cuenta lo que facturó la empresa anterior, Al Alba, en el mes de febrero y de esa forma, pagar a la nueva empresa lo que corresponda y que ésta pueda garantizar su salario a las trabajadoras. Lo que no es de recibo es que las trabajadoras, que ya partían de una situación de precariedad, sean las que paguen la incompetencia de quienes no han sido capaces de prever esta situación".

"El cambio permanente de una empresa a otra no es nuevo y tiene relación con las situaciones de inestabilidad laboral que enfrentan las trabajadoras que atienden al alumnado con necesidades educativas especiales, un sector además muy feminizado", apunta para agregar que, "en última instancia, lo que está detrás de los problemas que enfrentan estas trabajadoras es la externalización del servicio que les ha abocado a la precariedad laboral. Y ahora que el Gobierno de la Junta plantea la recuperación del servicio para el sector público, temen no ser subrogadas. Sin ir más lejos, en febrero se desarrollaron varias protestas de las PTIS por toda Andalucía para exigir su subrogación. Es inadmisible que las trabajadoras de un servicio tan esencial para el desarrollo educativo del alumnado, tenga que soportar estas condiciones de inseguridad", señala Villaverde.