Joaquín Sabina tardó en olvidar a la chica de la frente muy alta, la lengua muy larga y la falda muy corta, 19 días y 500 noches, sin embargo la sentencia sobre la “culpabilidad” del Fiscal General del Estado, que también ha tardado en llegar 19 días después de conocer el fallo, va a tardar 500.000 noches en recuperar la credibilidad del Supremo de cara a la opinión pública en general y al periodismo en particular.

La reciente sentencia del Tribunal Supremo contra el fiscal general no es una resolución judicial: es un misil tierra-prensa

La reciente sentencia del Tribunal Supremo contra el fiscal general no es una resolución judicial: es un misil tierra-prensa. Un aviso a navegantes, una advertencia con membrete oficial que deja claro que, a partir de ahora, los periodistas podemos declarar bajo juramento, aportar pruebas, relatar hechos con precisión… y aun así ver cómo todo se arroja por la borda porque a los magistrados les convence más su prejuicio que nuestra palabra. Se trata de un giro peligrosísimo porque cuando la Justicia convierte en irrelevante el testimonio periodístico, lo que se erosiona no es un caso concreto, sino el propio derecho constitucional a informar.

El Supremo reconoce que los periodistas que declararon eran “creíbles”. Pero acto seguido decide que, aunque lo sean, sus testimonios son de segunda división. Que da igual lo que digan, lo que aporten, lo que acrediten. Que, en definitiva, su verdad no tiene valor jurídico cuando se enfrenta con la “intuición” judicial. Es exactamente esto: una sentencia que admite nuestra credibilidad… para después despreciarla. Un insulto envuelto en cortesía.

El tribunal prefiere la conjetura al hecho, el indicio al dato, el relato construido al testimonio directo. Y ahí está la grieta que lo cambia todo: la condena se sostiene sobre presunciones, sobre un “debe de haber sido así” que jamás sería admisible para condenar un homicidio, una estafa o un robo. Pero para cuestionar a un periodista y derribar a un fiscal general, basta. Ese es el mensaje. Y es un mensaje devastador.

esta sentencia establece una doctrina siniestra: si la fuente es periodística, su testimonio es sospechoso por definición

Porque esta sentencia establece una doctrina siniestra: si la fuente es periodística, su testimonio es sospechoso por definición. Proteges tus fuentes -como exige el código deontológico, como ampara la ley, como impone la ética profesional- y entonces tus declaraciones pierden valor. Dices la verdad pero no presentas el cadáver del dato original. Declaras bajo juramento pero no entregas la fisura que comprometería a tu fuente. Y el Supremo, con total comodidad, se permite considerar que tu testimonio “no es concluyente”.

Esto mata el periodismo de investigación. Lo aniquila. Porque ningún periodista serio va a entregar sus fuentes

Cuidado que esto no es un matiz técnico. Esto mata el periodismo de investigación. Lo aniquila. Porque ningún periodista serio va a entregar sus fuentes. Porque ninguna investigación profunda se desarrolla sin confidencialidad. Y porque ninguna filtración documentada nace en una oficina de atención al ciudadano, sino en la confianza entre quien sabe y quien pregunta. Si la Justicia convierte esa confidencialidad en sospecha, lo que destruye no es un caso, es un método.

La mala señal es que el Supremo abre una brecha por la que puede colarse cualquier arbitrariedad futura: “no sé quién lo hizo, no sé cómo llegó, no sé cuándo ocurrió, pero aquí hay suficientes sombras para castigar”. Un razonamiento así, elevado a jurisprudencia, es dinamita en manos del poder.

Y la prensa lo sabe. Lo sabe cada reportero que alguna vez ha publicado una exclusiva incómoda. Lo sabe cada redacción que ha aguantado presiones, demandas, burofaxes y amenazas veladas. Lo sabe cualquiera que haya tenido que proteger una fuente que se jugaba su puesto, su reputación o algo peor. Esta sentencia dice que todo eso no vale, que lo que vale es lo que los jueces decidan leer entre líneas.

La consecuencia es brutal porque con esta sentencia se genera un clima de miedo en el periodismo

La consecuencia es brutal porque con esta sentencia se genera un clima de miedo en el periodismo. Miedo a investigar, miedo a publicar, miedo a dar un paso más allá de la nota de prensa. La autocensura no llega con editoriales incendiarias: llega con sentencias como esta, que te recuerdan que la verdad puede no salvarte si el poder cree otra cosa.

Porque esto ya no es una condena al fiscal general. Es un torpedo directo contra la prensa libre. El Supremo no se ha limitado a corregir un exceso -legítimo o no- del Ministerio Público, ha pisoteado la credibilidad profesional de los periodistas, ha ignorado los límites del secreto profesional y ha colocado un candado en la puerta del derecho a la información.

Hoy, lo que está en juego no es quién filtró un correo. Lo que está en juego es si la democracia española sigue entendiendo la libertad de prensa como un contrapeso del poder o si, con esta sentencia, empezamos a caminar hacia un modelo en el que los periodistas solo somos creíbles cuando repetimos la versión oficial.

La prensa lleva siglos incomodando a los poderosos. Lo que nunca imaginamos es que, en pleno siglo XXI, sería el Supremo quien dictara una sentencia que, sin decirlo explícitamente, viene a recordarnos nuestro lugar, que para sus señorías no es otro que el de que callemos, otorguemos y no molestemos.