El grupo parlamentario Por Andalucía ha presentado una denuncia ante los juzgados de instrucción de Sevilla solicitando la "apertura de diligencias a fin de determinar" posibles "conductas tipificadas como delitos, así como sus autores y grado de participación en los mismos", en relación a un contrato y subvenciones concedidas por la Junta de Andalucía al proyecto 'Caminos del Rocío' impulsado por el cantante José Manuel Soto, y ha pedido que se determine la "eventual participación" en estos hechos del propio presidente del Gobierno andaluz, Juan Manuel Moreno, y del por entonces consejero de la Presidencia, Elías Bendodo.

Considera un posible "delito de prevaricación" y de otro de "malversación de caudales públicos" por haberse realizado "un contrato manifiestamente ilegal y arbitrario", así como, por otro lado, sostienen que "concurren indicios de comisión del delito de Aprovechamiento de Funciones del artículo 439 del Código Penal, ya que la adjudicación del contrato se ha realizado en un contexto de influencia indebida y favorecimiento personal"

La portavoz del grupo, Inma Nieto, y el diputado José Manuel Gómez Jurado han acudido este miércoles a los juzgados de Sevilla para presentar esta denuncia y atender a los medios de comunicación, para señalar su sospecha de que se ha producido un caso "de corrupción de amiguetes en el que se le da dinero a un tipo simplemente por ser amigo del presidente de la Junta", y en ese sentido han justificado su denuncia al entender que hay "indicios muy sólidos de la comisión de delitos muy graves".

En concreto, en la denuncia,  se relata que, "el 13 de diciembre de 2021, la Consejería de Hacienda de la Junta de Andalucía" acordó publicar en la Plataforma de Contratación el anuncio de adjudicación de un contrato denominado "Diseño del proyecto 'Caminos del Rocío'", del que se detalla que consiste en la "asistencia técnica para diseñar el proyecto 'Caminos del Rocío' en relación con la marca Andalucía".

Por Andalucía critica en su denuncia que "ni en la Plataforma (de Contratación) ni en ningún otro espacio web ni boletín oficial se contiene información adicional sobre el contrato distinta al citado anuncio", y alude a unas declaraciones del presidente de la Junta en un acto de presentación del referido proyecto, el 2 de febrero de 2023, para señalar que, con ellas, el jefe del Ejecutivo autonómico venía "a reconocer que la única referencia concreta a la 'idea' que sustenta el contrato no tiene ni proyecto, ni documento ni ningún elemento tangible que no sea la mirada vehemente a los ojos y la explicación con inteligencia natural del empresario" José Manuel Soto.

La denuncia del grupo parlamentario que aúna a IU y Podemos, entre otras formaciones de izquierda, habla de un "irregular, surrealista y casposo 'modus operandi'" para describir la adjudicación del contrato, y advierte de que "la 'oferta' económica del empresario, que el contrato afirma existir, no tiene plasmación documental alguna".

La denuncia del grupo parlamentario que aúna a IU y Podemos, entre otras formaciones de izquierda, habla de un "irregular, surrealista y casposo 'modus operandi'" para describir la adjudicación del contrato, y advierte de que "la 'oferta' económica del empresario, que el contrato afirma existir, no tiene plasmación documental alguna".

"Un segundo indicio del carácter ficticio y fraudulento del contrato público es el manifiesto incumplimiento del objeto" del mismo, continúa relatando la denuncia, que en ese sentido apunta que "el trabajo presentado" por José Manuel Soto "no cumple con las exigencias del contrato y parece estar elaborado con una simple aplicación de inteligencia artificial".

Además, la denuncia sostiene que, en este caso, "la falta de solvencia técnica de la empresa adjudicataria y del empresario-amigo alcanza niveles de verdadero escándalo".

Delitos denunciados

Desde Por Andalucía consideran que los "hechos descritos" en su denuncia "presentan evidentes indicios de conducta criminal tipificados en el Código Penal", y en concreto hablan, por un lado, de un posible "delito de prevaricación" y de otro de "malversación de caudales públicos" por haberse realizado "un contrato manifiestamente ilegal y arbitrario", así como, por otro lado, sostienen que "concurren indicios de comisión del delito de Aprovechamiento de Funciones del artículo 439 del Código Penal, ya que la adjudicación del contrato se ha realizado en un contexto de influencia indebida y favorecimiento personal".

"Asimismo, se ha producido una defraudación a un ente público asignándose un contrato a una empresa sin cumplir requisito legal alguno, generando un perjuicio económico a la administración pública", denuncia Por Andalucía, que aboga por determinar la "eventual participación" en estos supuestos delitos de Elías Bendodo --en tanto que consejero de la Presidencia en el momento de la firma del contrato--, y del propio presidente de la Junta, Juanma Moreno, y sostiene que el juzgado debería "determinar si sus propias declaraciones y las del empresario se ha limitado a una exaltación de compadreo que tuvo como término las ilegalidades cometidas, o su apoyo tuvo tal alcance que fue un elemento nuclear de la comisión de las conductas descritas".

Advierte de que, "en la tramitación y justificación" de estas subvenciones, "concurren indicios de conducta criminal", y el grupo parlamentario avisa de que, "una vez sean confirmados en toda su extensión", procederá a una "ampliación" de su denuncia

La denuncia alude también a las "dos subvenciones directas, nominativas, de 275.000 euros por anualidad" entre los ejercicios de 2023 y 2024, que la Junta, "con posterioridad al contrato menor", concedió a la fundación 'Caminos del Rocío' constituida por José Manuel Soto, "para sufragar 'gastos de funcionamiento'", y advierte de que, "en la tramitación y justificación" de estas subvenciones, "concurren indicios de conducta criminal", y el grupo parlamentario avisa de que, "una vez sean confirmados en toda su extensión", procederá a una "ampliación" de su denuncia.

Finalmente, Por Andalucía sostiene en su denuncia que "también debe señalarse al empresario beneficiario de la adjudicación del contrato, quien, según sus propias declaraciones, participó activamente en el diseño de la operación y en la recepción de fondos públicos sin cumplir con los requisitos legales

Oficina Antifraude: "Falta de idoneidad y capacidad" técnica de la empresa adjudicataria que suponía "un vicio que comporta la nulidad en la adjudicación del contrato"

Cuando el grupo de Por Andalucía "tuvo conocimiento de este contrato, presentó denuncia ante la Oficina Andaluza Antifraude", que dictó una resolución con fecha del pasado 25 de enero de 2025, en la que advierte de una "falta de idoneidad y capacidad" técnica de la empresa adjudicataria suponía "un vicio que comporta la nulidad en la adjudicación del contrato".

La oficina -recuerdan desde Por Andalucía- concluyó "también que el mecanismo para materializar la nulidad del contrato apreciada, para la que no tiene facultades, corresponde al órgano contratante", y ha requerido "a la Junta de Andalucía para que haga la revisión de oficio de la adjudicación, y que en un plazo máximo de seis meses dé traslado a la Oficina de la copia de la resolución por la que anula el contrato".

Para Por Andalucía, "nos encontramos un grotesco supuesto que arroja muy sólidos indicios de un caso de 'corrupción de amiguetes', en el que se ha desplegado todo tipo de irregularidades tendentes a satisfacer ocurrencias con dinero público"

"A la falta de solvencia objetiva apreciada por la Oficina mediante el simple estudio de la naturaleza del trabajo y la comprobación del objeto social de la mercantil, se debe añadir la falta subjetiva de solvencia", sostiene la denuncia, que considera que "la Junta de Andalucía afirmó y justificó el contrato en una premisa incierta, que la empresa poseía el personal especializado del que la administración carecía".

Para Por Andalucía, "nos encontramos un grotesco supuesto que arroja muy sólidos indicios de un caso de 'corrupción de amiguetes', en el que se ha desplegado todo tipo de irregularidades tendentes a satisfacer ocurrencias con dinero público".

"Así, un empresario músico visita a su 'amigo Juanma' (palabras suyas), va sin proyecto ni propuesta alguna y con una vehemente mirada y su inteligencia natural para explicar las cosas, le convence (palabras del presidente de la Junta de Andalucía), y le dice que vaya a la Consejerías pertinentes y se busque la vida, y una de ellas, la Consejería de Presidencia, le llama, cambia el nombre de su empresa y le dicen que ponga "en un papel" su idea, para lo que le van a adjudicar un contrato público", continúa relatando la denuncia.

Por Andalucía critica en ella que la Junta recurrió a la modalidad del "contrato menor, que requiere menos controles", y una "adjudicación directa a una empresa que no tiene ni objeto social, ni personal especializado, ni solvencia técnica, y que solo tienen como característica que es la empresa con la que el empresario factura su actividad".