El Ayuntamiento de Maracena, que gobierna un cuatripartito encabezado por el PP, ha contratado un despacho madrileño para tratar de personarse en el caso del secuestro de la exconcejala socialista Vanesa Romero. Su pretensión de momento no ha tenido éxito, porque el juez ha dictado un auto en el que lo vuelve a rechazar, reafirmando de esta manera su decisión de cerrar la investigación sobre Berta Linares y Antonio García tras determinar que no instigaron ese secuestro. 

La entrada en escena de este despacho, de la letrada Bárbara Royo, se produce después de que el juez que ha investigado el caso dictara el sobreseimiento de la investigación con respecto a Berta Linares y Antonio García Leyva y zanjara cualquier implicación como instigadores del secuestro. En ese auto rechazó al Ayuntamiento la personación en el caso.

El gobierno local de Maracena decidió recurrir esa decisión, alegando, según informa el diario El País, que los argumentos utilizados por el juez para excluirlo del caso eran de "extraordinaria simpleza".

En el escrito del despacho madrileño se insiste en la vía de la posible participación de la exalcaldesa y el concejal en los hechos. Y también en que detrás del secuestro había un supuesto delito urbanístico. 

El juez ha desestimado esa pretensión, en una decisión ante la que cabe recurso de reforma.