Para el máximo dirigente provincial del PP, senador y sobre todo, ex-teniente de alcalde de la ciudad de Granada durante los 13 años de gobierno de su Partido, señor Sebastián Pérez, el lodazal de corrupción y de prácticas dañinas y perjudiciales para el interés público en que convirtieron Granada durante sus mandatos, es sólo una cuestión con "tufillo", ni siquiera tufo, electoralista. Así lo ha manifestado públicamente, al parecer sin inmutarse, como única explicación al vendaval de casos que se amontonan, uno tras otro, sobre el negro escaparate que ya constituye la gestión del PP en nuestra ciudad.

Una gestión urbanística que además de buscar el beneficio particular de unos pocos (incluidos ellos mismos) en detrimento del interés común de granadinas y granadinos, y de esquilmar, ni se sabe para cuanto tiempo, las arcas municipales, avergüenza hoy a la opinión pública al ir conociéndose los detalles de la misma. Ya no sólo en el escenario político y ciudadano, que también ha de emitir su veredicto, sino también en el escenario judicial, donde se sustancian diversas causas (englobadas en las operaciones Nazarí, Serrallo, etc.), denunciadas en su momento políticamente, a las que une un hilo común, que es el uso del urbanismo y por tanto de un recurso escaso (el suelo de la ciudad) para la satisfacción de intereses particulares, con el consiguiente perjuicio para los intereses generales.

Pero que las responsabilidades políticas se pretendan eludir, o ya se estén intentando eludir, al amparo de tan estrambótico argumento "electoralista", es un síntoma claro de la falta de adecuación de la capacidad comprensiva de los dirigentes del PP a todos los niveles, sobre la percepción que la mayoría de la ciudadanía tiene al respecto de la gestión pública y sus responsabilidades.

Una gestión económica desastrosa que tiene pendientes de un hilo las cuentas de nuestro Ayuntamiento, hasta el punto de que nos encontramos amenazados de ser intervenidos por el Ministerio de Hacienda, con la consiguiente merma de las posibilidades financieras del mismo. Y una gestión de los recursos humanos que lejos de servir al objetivo del servicio público, más bien ha venido a satisfacer necesidades, de nuevo, particulares, acompañadas de prácticas fraudulentas en la empresa Emucesa.

Pero como decía al inicio, nada de ésto parece perturbar el ánimo del señor Pérez ni de su equipo dirigente. Nada de todo lo dicho merece la menor explicación, ni siquiera piadosa justificación por parte del presidente provincial del PP, tan sólo el escapismo de calificar la denuncia argumentada, justificada y documentada como una acción con "tufillo" electoralista. Es evidente que las responsabilidades jurídicas, patrimoniales o penales se sustanciarán, llegado el caso, con las resoluciones judiciales, pues la denuncia política de los desmanes del PP se ha visto acompañada, lógicamente, de la denuncia en sede judicial. Pero que las responsabilidades políticas se pretendan eludir, o ya se estén intentando eludir, al amparo de tan estrambótico argumento "electoralista", es un síntoma claro de la falta de adecuación de la capacidad comprensiva de los dirigentes del PP a todos los niveles, sobre la percepción que la mayoría de la ciudadanía tiene al respecto de la gestión pública y sus responsabilidades.

Salvo que en el caso que nos ocupa, lo que pretenda el señor Pérez al calificar de "tufillo" electoralista las denuncias sobre la gestión del PP, sea espantar de su entorno el evidente "tufo" a corrupción que lo acosa, y el más que evidente "tufazo" electoral que se le puede avecinar si, a primeros de Abril, es nominado como candidato a la alcaldía de la ciudad que tanto ha dañado con su gestión política.