De repente me he acordado, leyendo el estupendo informe de María Andrade, de la existencia del Consejo Audiovisual de Andalucía y de su utilidad. ¿Para qué sirve? ¿Qué capacidad de influencia tiene? ¿Quién hace caso de sus informes? Sus funciones están establecidas en el Estatuto de Autonomía y quizá las cumple, pero ¿y su utilidad?, ¿y su pujanza y prestigio?

Que el consejo diga que en TG7 las caras más mimadas y frecuentes son las del alcalde y la del presidente saliente de la Diputación es una obviedad que cualquiera puede confrontar viendo un solo informativo.  

Ellos pagan y ellos salen, y cuando dejen de salir (o salgan menos) dejarán de pagar o pagarán la mitad. Es lo que está ocurriendo ahora con la racha de despidos en la televisión municipal. El PP ha perdido el interés en la televisión en la medida en que políticamente no puede manipularla como antes; ni sostenerla como hasta ahora. Algún día sabremos cuánto ha supuesto de verdad la creación y el mantenimiento de una empresa en la que trabajan o colaboran más de veinte personas y cuyo rédito social hay que medirlo en bocanadas de incienso y quilos de cera.

Cuando le reprochaban a Torres Hurtado y a Sebastián Pérez la arbitrariedad de los contenidos y las simpatías y antipatías descaradas de su televisión respondían con un argumento imperfecto pero políticamente atinado: aplicaban los mismos criterios que el PSOE en Canal Sur, salvo que ellos, donde la televisión regional ponían folclore, colocaban procesiones y horteradas de elaboración propia.

¿Hay que cerrar TG7? No, por supuesto que no. Añadir más cadáveres al gigantesco cementerio de los medios informativos sería, más que un error, un caso criminal. Hay que racionar los gastos y equilibrar los contenidos y, sobre todo, lograr que la televisión sea un servicio público y no una especie de santoral para elevar el amor propio de los concejales con mando en plaza.