El grupo popular en el Ayuntamiento de Granada ha denunciado la contratación por parte del equipo de gobierno de los servicios de un abogado externo al Consistorio para representar al grupo socialista en el llamado caso Serrallo, según informa el PP.

Este letrado, al que se ha adjudicado un contrato menor de servicios por un año y por una cuantía de 15.730 euros, dicen los populares, es el mismo que defiende al alcalde, Francisco Cuenca, en la causa que un juzgado de Sevilla sigue contra él, relacionada con el presunto fraude de los Cursos de Formación y por la que se le atribuyen los  delitos de usurpación de funciones públicas, malversación de fondos y prevaricación.

El portavoz adjunto del grupo popular, Antonio Granados, ha explicado de forma pormenorizada y aportando documentación que, el 20 de julio de 2016, la Junta de Gobierno adjudicó un contrato menor de servicios a un abogado para que representara sus intereses en el caso que se sigue en el Juzgado de Instrucción número 2 de Granada, conocido como caso Serrallo. El expediente especifica que el abogado recibirá a cambio 15.730 euros.

Granados no ha puesto en duda ni la eficiencia ni la profesionalidad del letrado elegido, “que está más que demostrada”, pero sí le parece digno de resaltar que el Ayuntamiento haya preferido recurrir a un abogado externo en lugar de a los servicios jurídicos propios. Sobre todo cuando, como especifica el informe contratación, ese contrato “no puede extenderse más allá de un año”. Si se prolongara más, debería hacerse una nueva licitación o que esa función la asumieran los servicios municipales. “Que es lo que muy probablemente va a ocurrir, porque ese litigio se prolongará por espacio de más de un año”.

El portavoz adjunto ha ironizado respecto al hecho de que el gobierno local, para intentar justificar ese contrato menor, se haya basado en lo que ocurre en la localidad valenciana de Paiporta, de 24.000 habitantes, donde desde hace al menos diez años se viene contratando a un abogado externo. “Sin ánimo de ofender ni menospreciar a nadie, nos parece que el de Paiporta y el de Granada no son casos en absoluto comparables”, ha afirmado.

Además de que esos 15.730 euros suponen “un gasto superfluo, perfectamente prescindible y bastante censurable en un equipo de gobierno que se queja de la mala situación económica del Ayuntamiento”, el problema, ha ahondado Granados, es aún más grave si se tiene en cuenta que, dos meses más tarde, el letrado contratado se convirtió también en el abogado defensor del alcalde en la causa por la que ya ha declarado como investigado en un juzgado de Sevilla y por la que se le atribuyen tres delitos que podrían significar nueve años de prisión y quince de inhabilitación. Al concejal popular le parece que esa “casualidad” podría esconder que, “o los pagos del grupo socialista o los del alcalde, se pudieran abonar con dinero público. Por decirlo de otra manera, que esa casualidad no sería tanta casualidad”.

Por su parte, el coordinador del grupo, Juan Antonio Fuentes, ha incidido en la “caótica” política de personal de la administración local. Ha puesto como primer ejemplo el área de Urbanismo, donde se han producido recientemente las dimisiones de los directores generales de Urbanismo y Licencias, “lo que la ha dejado en una situación de parálisis”. Pero mientras eso ocurre “y no se pueden tramitar licencias”, el gobierno local ha creado el cargo de coordinador general de Presidencia, Igualdad, Empleo y Transparencia. “Es un puesto que no existía y no se ha variado el organigrama para crearlo, lo que además de ser irregular vuelve a demostrar que, por lo que parece, hay dinero para unas cosas y para otras no”, ha destacado.

Fuentes ha reprochado también a los socialistas que mantengan y den funciones como coordinadores generales de Informática y Nuevas Tecnologías, sin nombrarlos, a dos personas “a las que se les ha abierto juicio oral y declaran en mayo”, que se hayan asignado destinos “sin procedimiento” a 42 policías locales o que en la asesoría jurídica ahora sólo trabajen dos personas, cuando hace meses había cinco.

Esto último tiene especial gravedad porque, desde octubre, no funciona el sistema por el que el ayuntamiento recibe las notificaciones y contesta a los diferentes procedimientos. “Hay que recordar que, entre multas y contenciosos administrativos, el Ayuntamiento tiene entre 250 y 300 procedimientos al año. Desde que ha dejado de funcionar ese sistema no sabemos cuántas notificaciones se habrán perdido, cuántos plazos habrán vencido ni qué va a significar esto para el Ayuntamiento”, ha finalizado.