El gobierno lanza esta propuesta antes de esclarecer qué ha pasado exactamente en el caso del colapso de la AP-6. Y son varias las preguntas que deben contestarse: ¿Funcionó adecuadamente en cuanto a exactitud, antelación y traslado de la información el sistema de alerta meteorológica? ¿Disponía de todos los medios necesarios la empresa titular de la conservación y los puso en uso? ¿Vigiló adecuadamente la DGT el desarrollo de las funciones por parte de la empresa concesionaria? Porque si todo esto ha funcionado correctamente y solo entonces, se puede trasladar la responsabilidad a la ciudadanía como para recomendarle salir de viaje con una pala en el maletero para quitar la nieve, cuando hemos pagado entre todos a determinadas empresas para que nos quiten la nieve de las carreteras, entre otras cosas.

 

Precisamente por ahí habría que empezar el análisis. Por la situación de las contratistas, que se hacen con unos servicios prometiendo hacer lo que no pueden, por presupuesto ni quieren, para salvar su margen de beneficio. En 2016, el presupuesto para conservación de carreteras del Estado era de 1.058 Millones de Euros; en 2017 sufrió un recorte brutal del 18% y se quedó en 868 Millones. Una cifra ridícula comparada con los 6.000 Millones que, según la asociación española de carretera, serían necesarios para un adecuado mantenimiento de la red estatal. La realidad del servicio de mantenimiento y conservación de carreteras es como la de todos los servicios públicos: recortes, precariedad y falta de inversión: seis o siete personas donde debería haber diez, maquinaria obsoleta, materiales escasos o de baja calidad, falta de supervisión… son los efectos de los recortes, de la reducción de la dimensión del Estado y, en definitiva, de esta oleada ultraliberal que padecemos. Y no se trata de algo exclusivo del ámbito estatal. A nivel andaluz y granadino, algo de lo que puedo hablar de primera mano, los recortes en conservación y mantenimiento se llevan efectuando año tras año desde hace una década. Las carreteras se mantienen gracias a unos trabajadores, tanto públicos como de las contratas admirables, que hacen lo más que pueden con cada vez menos recursos. Pero es inevitable que tarde o temprano tengamos nuestra particular crisis por nevadas. Algo a tener muy en cuenta en una provincia donde solo la red autonómica dependiente de la Junta de Andalucía tiene 600 kilómetros de carreteras por encima de los 1.000 metros de altitud.

 

Mientras tanto, las derechas nos siguen diciendo que no, que la culpa es nuestra. Y algo de razón llevan, porque somos unos borregos y seguimos votando a los recortadores. Aunque en esto, esta derecha que nos gobierna es coherente en su linea de culpabilizar a las víctimas. El mismo día de la crisis de la AP-6 y con las familias casi todavía atrapadas en la nieve, el gobierno ya empezó a trasladar la idea de que la responsabilidad era de quienes estaban helados de frío en los coches, por salir de viaje. Es lo mismo que nos dijeron hace 10 años, cuando empezó esta crisis: que la culpa era nuestra por habernos comprado una casa con hipoteca, cosa que, al parecer, es vivir por encima de nuestras posibilidades, aunque la vivienda sea una derecho constitucional. Es lo mismo que les dicen a los parados: que la culpa del paro es suya porque les falta espíritu emprendedor, movilidad y ganas de trabajar por un sueldo de miseria y es lo mismo que nos están diciendo después de fundirse los 60,000 millones del fondo de reserva y de rebajar un 5% las cotizaciones empresariales: que nos vayamos haciendo otro fondo privado porque si luego no hay pensión, la culpa será nuestra.

 

 

Me gustaría creer que de todas estas realidades vamos a tomar conciencia como pueblo en algún momento, que nos vamos a rebelar y vamos a reclamar lo que es nuestro, desde nuestra capacidad de decisión a la parte que nos corresponde en el reparto de la riqueza nacional. Pero me temo lo peor. ¡Vivan las cadenas! Gritaron nuestros abuelos cuando se trató de elegir entre las magras libertades ganadas en 1812 y la vuelta al absolutismo. Lo tenemos en la sangre. Quizá por eso Rajoy ha dado orden de que nos manden meterlas en el maletero, porque sabe que nos gustan, o al menos que quienes estamos dispuestos a romperlas no somos mayoría todavía.