Trabajo y casa casi gratis
Todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada. Los poderes públicos promoverán las condiciones necesarias y establecerán las normas pertinentes para hacer efectivo este derecho, regulando la utilización del suelo de acuerdo con el interés general para impedir la especulación. La comunidad participará en las plusvalías que genere la acción urbanística de los entes públicos.
Aunque el texto anterior podría parecer una utopía deseable para nuestras vidas, en realidad es el artículo 47 de la Constitución española. ¡Cualquiera lo diría! Después de años de desahucios de familias que pagaron religiosamente ingentes cantidades para liquidar la hipoteca de sus domicilios particulares hasta que se quedaron en paro y sin ingresos y tuvieron que irse a vivir a casa de sus padres, con toda la familia a cuestas, sin poder afrontar el pago, quedándose sin ella y además con una deuda de la que todavía seguirán tratando de librarse muchos de ellos; después de declaraciones incendiarias como la de la ministra María Dolores de Cospedal que se congratulaba en el peor momento de la crisis de que los votantes del PP “dejan de comer antes de no pagar la hipoteca”, lanzando en ese duro momento el claro mensaje a la sociedad de que si es necesario pasar hambre hay que hacerlo antes que dejar una deuda a unos bancos que nos hicieron firmar clausulas suelo abusivas o preferentes a unos abuelos que perdieron todos sus ahorros y a los que después rescatamos a costa de casi morir de hambre en el intento. Y es duro releer varias veces el artículo 47 para tratar de entender por qué entonces tantas personas incluso llegaron a suicidarse justo en el momento en el que ejecutaban una sentencia que les dejaba sin hogar, literalmente en la calle.
Y ahora, el Ayuntamiento de un pueblo, Portell, de Castellón, que no sobrepasa los 200 habitantes, decide ofrecer trabajo y casa en alquiler por 50 euros al mes a las familias que quieran contribuir a elevar el número de habitantes al tiempo que incrementa la cifra de alumnos en el colegio. Y la noticia da la vuelta a España por lo peculiar, lo inusual. Los grandes titulares obvian que no se trata de dar casa a 50 euros a todo el que la quiera ni tampoco trabajo, sino que tienen 7 puestos y 3 viviendas y deberán hacer una selección porque habrá, sin duda, un aluvión de propuestas. En definitiva, no es la panacea sino una selección de personal con eco nacional a través de los medios de comunicación.
Lo triste es que la oferta es, por desgracia, mucho menos habitual que los anuncios en el periódico que ofrecen trabajo, residencia y comida sin pagar un euro, o esos otros en los que los demandantes de empleo están dispuestos a dar una cantidad al empresario que les contrate
Lo triste es que la oferta es, por desgracia, mucho menos habitual que los anuncios en el periódico que ofrecen trabajo, residencia y comida sin pagar un euro, o esos otros en los que los demandantes de empleo están dispuestos a dar una cantidad al empresario que les contrate.
Está claro que lo más llamativo del titular es que un municipio agonizante ofrece casa y trabajo para evitar la despoblación, como las famosas caravanas de mujeres que, tras la película de William A. Wellman, se popularizaron en España en los años 80 después de que la organizara el municipio oscense de Plan, donde vivían 40 hombres solteros y solo una mujer.
La repoblación de los pequeños municipios españoles podría haber sido una solución imaginativa ante la crisis, si hubiera contado con el apoyo de un gobierno que se harta de hablar de recuperación económica mientras la brecha de desigualdad social solo ha cuadruplicado las ganancias de los ricos frente a la de los pobres; o algunos de cuyos miembros se dedican a añadir masters a su curriculum sin dar pruebas fehacientes de haberlo realizado. También la oposición podría haber tenido en cuenta que muchas familias estarían dispuestas a iniciar una vida en un entorno rural si contaran con trabajo y vivienda asegurados, pero los nuevos políticos parecen demasiado preocupados por acomodarse en los sillones de los viejos y al resto ni si les ve ni se les escucha ni se sabe si siguen existiendo o están escondidos para que nos olvidemos de ellos hasta las próximas elecciones.
Estamos hablando de casi 4.000 pueblos con problemas de despoblación en España, 1.800 de ellos claramente en riesgo de extinción, con casas vacías mientras miles de personas siguen aceptando ofertas de trabajo que solo pagan un sueldo a los empleados después del primer mes, si es que están contentos con ellos y no deciden perpetuar ese sistema con incautos nuevos trabajadores cada 30 días.
La repoblación de los pequeños municipios españoles podría haber sido una solución imaginativa ante la crisis, si hubiera contado con el apoyo de un gobierno que se harta de hablar de recuperación económica mientras la brecha de desigualdad social solo ha cuadruplicado las ganancias de los ricos frente a la de los pobres
El problema es que la reducida dimensión de estos municipios les impide tener una capacidad económica como para lanzar ofertas atractivas y desde las instituciones políticas centralizadas en Madrid no están sensibilizados con un problema que podrían ayudar a resolver al tiempo que generaran nuevas fuentes de riqueza.
Si en Portell han sido capaces de hacerlo, habrá muchos otros que también puedan hacer ofertas similares. Y en una época en la que los salarios más precarios no alcanzan para vivir sin trabajar menos de 12 ó 13 horas al día hay que buscar alternativas como estas, en pueblos donde el alcalde es un vecino más, en especial porque nuestros gobernantes no parece que tengan mucho más en la cabeza que lidiar con su propia corrupción o buscar enemigos comunes contra los que lanzar la ira de nuestros problemas diarios: el asesino de niños de turno, al que es tan fácil odiar, Puigdemont, que tiene tan pocos adeptos en el país o, ya puestos, todo lo que huela a Cataluña, en forma de boicot absurdo. Mientras nos enfoquemos en ellos, nos olvidaremos del motivo por el que lleva años sin cumplirse el artículo 47 de la Constitución española, salvo en contadas ocasiones, como en esta de Portell.