Nueva reordenación del transporte público en la capital.

Sobre el CIE de Motril

Blog - Cuestión de Clase - Manuel Morales - Miércoles, 14 de Febrero de 2018
Alba Feixas

El Gobierno de España ha decidido ampliar el centro de detención ilegal de Motril para que quepan en él más personas privadas injustamente de libertad. Es la penúltima iniciativa del actual gobierno para seguir intentando poner puertas al campo de la llegada de inmigrantes a Europa a través de la frontera española. Así se lo han mandado los ministros de interior de la UE a Zoido y éste, sumiso con los fuertes y cruel con los débiles, como corresponde a todo mediocre autoritario, obedece.

Se trata de desincentivar la llegada de inmigrantes. Pero la estrategia de la UE no está funcionando. No funciona la primera barrera de estados: Libia, Argelia o Marruecos, donde se violan sus más elementales derechos humanos, sufriendo toda clase de penurias, violencias y humillaciones. Tampoco funciona la segunda barrera, la de obligarles a jugarse la vida en el Mediterráneo gracias al sistema FRONTEX al que sólo escapan las embarcaciones más ligeras (por eso cruzan en barcas hinchables, no porque sean imbéciles). Si se murieran todos ahogados, la estrategia de la UE habría funcionado bien, pero para desgracia de los jerarcas europeos, siguen llegando algunos vivos, así que algo hay que inventarse. Ahí entran los centros de detención ilegales como los CIES, la cárcel de Archidona o la ampliación del centro del puerto de Motril. Una última barrera, que también se verá desbordada.



Lo paradójico es que según Naciones Unidas, la única manera de garantizar el necesario relevo de la población trabajadora en una Unión Europea cada vez más envejecida, es la llegada de más de 4.000 inmigrantes cada año por cada millón de habitantes. Es decir, que según Naciones Unidas, la economía española va a necesitar 200,000 inmigrantes al año de aquí al 2050 y les estamos cerrando las puertas. A estas alturas, sólo la llegada de inmigrantes permitirá aumentar nuestro capital humano, rejuvenecer la población y equilibrar las cuentas de la seguridad social cara a la jubilación de la mayoría de nosotros y nosotras.

En estos casos siempre hay algún desinformado que salta con aquello de "sí, pero que vengan con contrato y con papeles, como íbamos nosotros a Alemania" Falso, lo primero, porque la mitad de los que se iban a Alemania se iban a la aventura a casa de un primo y a buscar lo que saliera. Inoportuno, además, porque ignora un factor desconocido para la mayoría de la población: que no existe una vía legal para inmigrar a España. Hay distintos modelos de inmigración y cada país tiene el suyo: de cupos, de contrato en origen, de visado, de sorteo... España ha adoptado el modelo de la inmigración ilegal. Es la única forma de que un inmigrante entre en España -pregunten a los que conozcan- Ni se usan los contratos en origen, ni se están dando visados en los consulados ni autorizando las solicitudes de trabajo. La única entrada es la travesía de la muerte en el estrecho y los centros de detención en España. La política interior de España es una fábrica de inmigrantes ilegales, carne de cañón para la economía sumergida.

No queremos un CIE, le llamen como le llamen, en Motril. No lo queremos por razones humanitarias. Porque nos negamos a mirar hacia otro lado, como hicieron millones de alemanes cuando sus campos se fueron llenando de centros de detención ilegal en los años previos a la segunda guerra mundial. Pero no lo queremos, además, porque es una política errónea y cortoplacista que no aborda los problemas de fondo ni ofrece soluciones para el futuro.

Habrá a quien le parezca exagerado este análisis. Si es así, reflexione un momento qué sentido puede tener que en estos momentos se esté procesando en Marruecos, con la colaboración del gobierno de España, a una activista, Helena Maleno, por el delito de llamar a las autoridades alertando cada vez que tiene constancia de que se está hundiendo una patera en el estrecho. El significado es claro: salvar a los inmigrantes de morir ahogaos genera efecto llamada y hay que impedirlo, aunque sea silenciando a quienes alertan para salvar sus vidas. Pero nuestro deber es defenderlos porque son de los nuestros, clase trabajadora.  Cuestión de clase.

 

Hijo de padres andaluces, crecí en Madrid y vivo en Granada desde los 19 años. Casado y padre dos hijas.
Me licencié en Física por la Universidad de Granada y realicé un master universitario en energias renovables. Trabajo como funcionario de la Agencia Estatal de Meteorología. Realicé en el Instituto para la Paz y los Conflictos, los cursos de preparación para un doctorado que nunca terminé, al interponerse la política en el camino.