Una de las últimas sentencias novedosas del juez granadino Emilio Calatayud ha sido condenar a un chico a cortar el pelo. Robó algo de material y unos cientos de euros en una peluquería y resulta que, además, el joven realizaba un módulo precisamente de peluquería. La fiscal pedía 100 horas de trabajo en beneficio a la comunidad, pero el juez consideró y acordó con todas las partes que la mejor sentencia para él sería una tarea socioeducativa: aprobar el curso. Seguiría en libertad vigilada, pero con la condición de que obtuviera el diploma. De hecho, el propio Calatayud se ofreció voluntario cuando el chaval le dijo que la prueba final era cortar el pelo a alguien y que necesitaba para ello a un modelo. Así que, gracias a ello, el juez luce nuevo corte de pelo y la sociedad está un poco más segura.

Esta también es parte de nuestra justicia, la de jueces sensatos y comprometidos con la ley que buscan ante todo un bien para la sociedad a través de medidas encaminadas a reinsertar a aquel que comete un delito más que a castigarle.

Al conocer casos como el de Alejandro uno tiene serias dudas de que las penas de prisión se dicten más como un método para la reinserción que como una forma de castigo por haber cometido un delito

Hace unos meses, en una de mis visitas a la prisión de Albolote, me encontré con Alejandro Fernández, el chaval que cumple 5 años de condena desde el 7 de junio del año pasado por pagar 79 euros con una tarjeta falsa. Fue él quien me reconoció después de hacer un seguimiento de varios días antes de su entrada a prisión. Me confesó que estaba bien y que seguía esperando al indulto parcial, pero su cara mostraba más serenidad que hace un año. Recuerdo perfectamente cuántos paquetes de tabaco se pudo fumar ese joven de 25 años el día de su ingreso en la cárcel de Albolote. Estaba en los huesos  después de pasar días sin probar apenas bocado. Su familia estaba destrozada y no era para menos. Habían pasado 6 años del delito, Alejandro trabajaba en un bar donde el jefe hablaba maravillas de él, estaba arrepentido aunque seguía asegurando que desconocía la falsedad de la tarjeta, tenía una novia, una familia de clase trabajadora que hizo piña con él, carecía de antecedentes penales, y pese al ruido mediático o tal vez por culpa de él, lo cierto es que el Gobierno le denegó la condonación total de la pena, tal y como pedía su abogado.

Y Alejandro sigue en prisión, tratando de adaptarse a una vida sin libertad, buscando fórmulas para poder dedicarse a ser panadero porque en su corta vida es eso lo que más ha hecho: trabajar. Y pese a que su abogado sigue pidiendo el indulto parcial, a que la Audiencia Nacional destaca su buena conducta en el centro y el informe positivo emitido desde el mismo, en el Ministerio de Justicia continúan dejando sobre la mesa toda la documentación a la espera de que a alguien se le ocurra revisarla para ver si tiene derecho a ese indulto, mientras el joven ha visto como pulsaban el pause en su vida y espera deseoso a que alguien decida darle de nuevo al play.

Al conocer casos como el de Alejandro uno tiene serias dudas de que las penas de prisión se dicten más como un método para la reinserción que como una forma de castigo por haber cometido un delito.

Claro que también hay otros casos en los que no hace falta prisión preventiva, como el de Iñaki Urdangarin, sin ir más lejos, porque parece que está claro que no escapará. Un doble rasero que nos estamos acostumbrando a ver en este país sin ningún pudor y que, desgraciadamente, nos hace perder algo de fe en la justicia.

¿Y por qué vamos a aceptar la reinserción en vez del castigo? ¿Qué ocurriría si fuera a ti al que le hubieran robado? ¿O si a alguien de tu familia le hubieran agredido, sin más, solo por diversión? Son preguntas que están en la calle, pero es que la justicia no puede ser distinta cuando se ejerce sobre alguien cercano o cuando no se conoce nada a la víctima.

Lo primero que hay que tener en cuenta es la cantidad de personas con trastornos siquiátricos que están en la calle, sin diagnosticar o sin medicar. Me he topado con padres que no sabían qué hacer con sus hijos esquizofrénicos, que tenían miedo a ser agredidos en sus propias casas, que carecían de recursos económicos y que no contaban con apoyo institucional. Y muchas veces, estos hijos acaban agrediendo a sus padres o cometiendo un delito aún mayor. Son delincuentes en potencia no controlados y la única responsabilidad no es la del enfermo sino también quienes miran a otro lado para evitar ayudarles, en este caso la Administración.

Las cárceles están llenas de delincuentes que proceden de familias desestructuradas, sin oportunidades de estudio, de trabajo, de educación. Un plan integral para la reinserción siempre es muchísimo más productivo porque reduce la delincuencia y evita el impacto social, pero claro, es más costoso, necesita más medios y cuando no hay dinero en las arcas del Estado ya sabemos las primeras partidas que se reducen… Muchas cárceles cuentan con dicho plan, pero… ¿Cuántas la aplican punto por punto? La mayoría no pueden hacerlo por falta de recursos.

Lo que no vemos es que a la larga, lo más caro es mantener a tal cantidad de gente en las cárceles, su comida, su asistencia…muchos de los cuales podrían estar trabajando y por tanto cotizando y contribuyendo a la sociedad más que viviendo de ella.

No es que a Alejandro haya que reinsertarle, es que hay que darse cuenta de que este chaval ya estaba reinsertado, que tenía una vida como la del resto de jóvenes, que no había vuelto a cometer un delito y que su ingreso en prisión lo marcará para el resto de sus días y quién sabe si acabará cambiando su carácter o su forma de ser. Todo por pagar 79 euros con una tarjeta falsa, 4 años por tener esa tarjeta con el fin de traficar con ella y otro año por estafa.

Ojalá la sociedad se Calatayudase, es decir, tomara el ejemplo del juez Emilio Calatayud y que ha demostrado a lo largo de los años que su talante didáctico en las sentencias es muy útil y humaniza un sector que a la mayoría nos parece hosco y falto de comprensión, al menos, para algunos.