Tras la Operación Nazarí contra el urbanismo corrupto de Granada se ha instalado la especie de que el exalcalde José Torres Hurtado y su concejala Isabel Nieto saldrán sin más compromiso del atolladero no tanto porque detrás de la operación policial “no hay náaaa” (dicho con ese apócope tan largo como resolutivo con que se resuelven los juicios populares en las cafeterías) como porque demostrar la deshonestidad ante los tribunales es tan intrincado como probar la existencia de Dios, en particular si se trata de dos políticos que, aunque en horas bajas, están forrados de claves y secretos.

Ni el argumento ontológico de San Anselmo aplicado a la existencia de la corrupción sería capaz de conmover, llegado el caso, la incredulidad de ciertos jueces.  Hay mucha gente convencida de que detrás de la Operación Nazarí hay materia corrompida (además de una venganza entre la mal avenida familia del PP) pero no suficiente. Es decir, que el  exalcalde y su exconcejala no han consumido del todo el generoso colchón de atenuaciones que favorece a cualquier político a la antigua usanza. Al menos en los asuntos relativos a las presuntas complicidades con ciertos constructores. La auditoría ordenada por el nuevo equipo de gobierno tendrá que hilar fino y sin contaminaciones para probar los tejemanejes bajo sospecha. Incluso la investigación judicial parece detenida en el tiempo. Ahí están las seis prórrogas sucesivas del secreto de sumario ordenadas por la instructora.

Las noticias procedentes del juzgado, sin embargo, aunque no desbaratan del todo el férreo privilegio de la exculpación, sí sugieren que la defensa de ambos será ardua.

Los nuevos datos dados a conocer por el diario Ideal indican que la implicación de la delegación de Urbanismo en la tramitación de los pisos de la calle Obispo Hurtado que ambos adquirieron fue creciente. Primero facilitando la licencia de primera ocupación y luego reduciendo generosamente la sanción para solventar el exceso de edificación advertido por un funcionario. Según tales mediciones, de los 1.918 metros construidos 807 no cumplían la altura libre mínima y otros 548 superaban la fijada por el Plan Centro. Estos excesos, que incrementaron el valor de los pisos en una cifra no cuantificada, los zanjaron los propietarios del bloque con el desembolso de una multa de 46.046 euros, barata si se compara con los 489.000 calculados inicialmente.

Para llevar a término la obtención de la licencia de primera ocupación en condiciones ventajosas, la alcaldía no sólo promovió el consentimiento de las tres subdirecciones de Urbanismo sino que, en una exhibición de qué se puede lograr de una institución con la mayoría absoluta, el ex alcalde cambió de un día para otro (y sin más explicaciones) las competencias del concejal José Antonio Mérida para que asumiera la responsabilidad de expedir las licencias urbanísticas. Solo este detalle da idea de la soberbia y el escaso respeto al fondo y a las formas que caracterizó la mayoría absoluta del PP en el ayuntamiento durante trece años.