No dejamos de ver a todas horas, en todos los informativos de radio y televisión, en redes sociales, en  periódicos digitales y en papel o en tertulias donde de todo se habla y de poco se entiende, que se está vulnerando la Constitución. El motivo es el acuerdo al que ha llegado el presidente del Gobierno (en el momento de cerrar este artículo aún en funciones), Pedro Sánchez, con el líder independista catalán Carles Puigdemont, para amnistiar a quienes participaron en el intento de desgajar a la comunidad catalana del resto del territorio español. No se apuren, no voy a entrar en este debate.

Quienes sí la conocen y luchan, realmente, por su defensa son quienes integran el Consejo General de la Ciudadanía Española en el Exterior (CGCEE) y su presidenta, Violeta Alonso Peláez. De este grupo de españolas y españoles – que representa a más de 2,7 millones de expatriadas y expatriados- seguro que pocas personas habrán escuchado algo alguna vez

Lo cierto es que, de todo lo que se está escuchando estos días, sorprende mucho el conocimiento que la ciudadanía, en general, parece tener de la Constitución. Nunca pensé que había tanta erudición sobre este texto que, a poco que se pregunte en la calle e incluso entre los manifestantes provistos del kit adquirido en los bazares orientales –silbato, bandera rojigualda y unos metros de hule blanco para confeccionar la pancarta- comprobaremos que ni siquiera saben de cuántos artículos consta.

Quienes sí la conocen y luchan, realmente, por su defensa son quienes integran el Consejo General de la Ciudadanía Española en el Exterior (CGCEE) y su presidenta, Violeta Alonso Peláez. De este grupo de españolas y españoles – que representa a más de 2,7 millones de expatriadas y expatriados- seguro que pocas personas habrán escuchado algo alguna vez. Sin embargo, han estado trabajando intensamente durante varios meses para presentar al plenario celebrado los días 6 y 7 de noviembre en Asturias una propuesta en la que solicitan al Ministerio de Justicia, y más específicamente a la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública, la anulación de la Instrucción de 5 de octubre de 2010 sobre el régimen registral de la filiación de los nacidos mediante gestación por sustitución, conocida como gestación subrogada. Este órgano ha solicitado además la anulación de la Instrucción de 18 de febrero de 2019 sobre actualización del régimen registral de la filiación de los nacidos mediante gestación por sustitución por considerarlas fraude de ley.

“Los derechos fundamentales inalienables consagrados en nuestra Constitución, como el derecho a la dignidad, el derecho a la igualdad o el derecho a la integridad física y moral no pueden seguir siendo socavados a través de estas prácticas”. De esta Constitución y de los derechos que consagra para las mujeres nadie habla

En una amplia entrevista realizada por la periodista feminista Nuria Coronado, Violeta Alonso Peláez es muy clara.  “Los derechos fundamentales inalienables consagrados en nuestra Constitución, como el derecho a la dignidad, el derecho a la igualdad o el derecho a la integridad física y moral no pueden seguir siendo socavados a través de estas prácticas”. De esta Constitución y de los derechos que consagra para las mujeres nadie habla.

Pero, la batalla continúa para erradicar la compra y venta de bebés. Otra organización integrada por representantes de distintos países, la Coalición Internacional por la Abolición de la Maternidad Subrogada (CIAMS), con la española Berta O. García, su copresidenta, sigue muy de cerca los pasos de la Conferencia de la Haya de Derecho Internacional Privado (HCCH) que empezó a trabajar en 2001 sobre el desarrollo de la subrogación transfronteriza. Este organismo, formado en la actualidad por 90 estados más la Unión Europea, a pesar de haber elaborado importantes protocolos para la protección de los menores está dejando al descubierto sus propias contradicciones al establecer diferencias entre los bebés nacidos por procedimientos estándar (si se permite la expresión) y los llegados a este mundo a través de la explotación reproductiva de mujeres pobres. Si para los primeros sólo se contempla la filiación de la madre ligada al parto, para los segundos se estudia un abanico de posibilidades que incluye la renuncia de la madre a la filiación de sus hijas e hijos, incluso, antes del nacimiento. En uno de los documentos de esta organización se reconoce que la compra y venta de bebés es un “negocio global” y, claro, sustraerse a las cifras de negocio es muy difícil.

La Conferencia de la Haya de Derecho Internacional Privado trabaja con una gran opacidad ya que se desconoce, entre otras cuestiones, el procedimiento de votación para la adopción de acuerdos y ni siquiera se sabe la postura que mantendrá España en la elaboración del nuevo protocolo en el que se trabaja

La Conferencia de la Haya de Derecho Internacional Privado trabaja con una gran opacidad ya que se desconoce, entre otras cuestiones, el procedimiento de votación para la adopción de acuerdos y ni siquiera se sabe la postura que mantendrá España en la elaboración del nuevo protocolo en el que se trabaja. ¿Cuáles pueden ser las consecuencias de este acuerdo? El traslado a las legislaciones nacionales de los países miembros del reconocimiento, de facto, de cualquier bebé nacido por gestación subrogada fuera de sus fronteras aunque dentro del territorio nacional se mantengan leyes que prohíban esta práctica, como es el caso de España.