La verdad es que no logro explicarme cómo, en el debate sobre la duración del estado de alarma (ya nadie duda de su necesidad y conveniencia, nadie con sentido común, digo), no haya surgido la ocurrencia de que ésta sea de nueve semanas y media. No concibo una propuesta más original, más cinematográfica, y desde luego, más llamativa y más atrayente para captar titulares mediáticos, que parece ser lo que se persigue desde determinadas formaciones políticas y algunos altavoces o voceros.

Decía que ya nadie duda de la necesidad y conveniencia de declarar el estado de alarma, porque una vez parece que superada la campaña de "demonización" de este instrumento legal, ahora ya si existe consenso en que justamente éste, y no otro, es el instrumento adecuado, que permite ofrecer la cobertura jurídica y constitucional a las autoridades (todas) políticas y sanitarias, para que éstas, de manera coordinada, establezcan las restricciones que consideren y que mejor se ajusten a las características de cada territorio

Decía que ya nadie duda de la necesidad y conveniencia de declarar el estado de alarma, porque una vez parece que superada la campaña de "demonización" de este instrumento legal, ahora ya si existe consenso en que justamente éste, y no otro, es el instrumento adecuado, que permite ofrecer la cobertura jurídica y constitucional a las autoridades (todas) políticas y sanitarias, para que éstas, de manera coordinada, establezcan las restricciones que consideren y que mejor se ajusten a las características de cada territorio. Permite la coordinación entre Comunidades autónomas para establecer límites a la movilidad; para ajustar los horarios de cierre de los diferentes establecimientos y servicios en función de los datos (sobre el terreno) de que dispongan; para modular restricciones o autorizaciones sobre espacios públicos (parques y jardines), sobre mascotas o sobre uso de las segundas residencias (en la misma provincia, en la misma comunidad o no).

En definitiva, cada Comunidad autónoma, sin interferencias totalitarias, podrá, en palabras del sr. Moreno Bonilla "ejercer sus competencias sin rehuir sus responsabilidades", eso si, con la adecuada cobertura jurídica y sin estar a expensas de la autorización o prohibición de cada Tribunal Superior de Justicia. Por tanto, con el conocimiento exacto de la situación podrá valorar el tiempo de aplicación de cada medida restrictiva, si levanta, modifica, amplia o cambia alguna de ellas y cuando lo hace y en función de que intereses que, naturalmente, nunca serán partidarios ni egoístas. Nada ni nadie obliga a las comunidades autónomas a mantener las restricciones ningún periodo de tiempo. Lo único que se mantiene durante ese periodo de tiempo es la seguridad y certeza jurídica que ofrece el estado de alarma. Sobre el que, por cierto, haremos algo de historia didáctica, para intentar contribuir a disipar algunas dudas que aún perduran sobre el significado del mismo.

"Para situaciones como esas" se previó el estado de alarma. Catástrofes naturales cuya solución era imposible de predecir en el tiempo y que precisarían medidas excepcionales mientras durara la situación excepcional

Durante los debates de nuestra Constitución de 1978, surgió la duda sobre añadir a los estados excepcionales (y conocidos) de la excepción y el sitio, el de alarma. Dudas entonces sostenidas con evidencias históricas por el diputado comunista Jordi Solé Turá, que no alcanzaba a comprender que circunstancias ampararían la declaración del estado de alarma. Y dudas que fueron resueltas por el diputado Cisneros de UCD (posteriormente miembro del PP), con la ayuda inestimable de dos fenómenos naturales producidos en aquel tiempo, que vinieron a esclarecer el sentido del estado de alarma. Una emergencia producida en la Lombardía italiana como consecuencia de un accidente en una planta química y el tristemente recordado accidente con resultado de decenas de muertes producido por la explosión de un camión cisterna cerca de un camping del Levante español. "Para situaciones como esas" se previó el estado de alarma. Catástrofes naturales cuya solución era imposible de predecir en el tiempo y que precisarían medidas excepcionales mientras durara la situación excepcional.

Por tanto, que nadie mienta. No es confinamiento hasta abril. No es totalitarismo hasta abril. No es prohibición hasta abril. Es cobertura y seguridad jurídica hasta abril, porque hasta abril (y ojalá terminara ahí) tendremos situación excepcional. Nadie, en su sano juicio, puede concebir la inexistencia de causa justificada y acreditada hasta como mínimo abril. Y a partir de ahí, insisto, que cada autoridad competente arbitre, restrinja, amplíe o modifique (en base a criterios científicos) las medidas que tenga que modificar. Sin buscar más rédito que la salvación de vidas humanas, y sin querer buscar culpables ni responsables.

Basta de intentos de desviar la atención. Aunque daremos por bien empleados estos debates embarulladores, para no tener que embarullarnos en ellos nuevamente

Y que nadie se equivoque. Esta situación tendrá consecuencias sobre la economía, pero los efectos sobre la economía son exactamente iguales si la cobertura jurídica la da el estado de alarma (en este caso es segurísimo), una ley especial que pudiera entrar en vigor (habría que ver lo que dicen los TSJ) o la actual legislación (ya hemos visto que no). Las medidas adoptadas para la reactivación y recuperación económica se producen al margen del instrumento jurídico que ampara las restricciones en derechos. Basta de intentos de desviar la atención. Aunque daremos por bien empleados estos debates embarulladores, para no tener que embarullarnos en ellos nuevamente.

Eso sí, me quedo con las ganas (hasta el momento presente) de que además de " es mucho tiempo", "8 semanas", "no sabemos cuanto, pero menos", "quizá algo más", "3,62856 meses", algún lumbreras por fin proponga " nueve semanas y media".