Acabamos de enterarnos de que el español acusado de un triple asesinato en Florida Pablo Ibar dejará el corredor de la muerte y de que, por lo tanto, se ha librado de la pena capital pese a que tendrá que pasar el resto de su vida en prisión. Hace veinticinco años que fue detenido y ha pasado dieciséis de ellos en ese pasillo hacia el abismo. Poco después comenzamos a oír hablar de este hombre y de las irregularidades en sus juicios, abogados, la falta de pruebas sólidas… y, sin embargo, lo único que ha podido hacer su familia ha sido evitar la pena de muerte después de un último juicio celebrado a principios de este año donde volvía a ser considerado culpable del asesinato de Casimir Sucharski, dueño de un local nocturno, y dos de sus bailarinas: Sharon Anderson y Marie Rodgers, en el domicilio del primero de ellos.

Todos los que hemos pasado alguna vez por un juicio como imputados, como testigos o simplemente como público sabemos que pese a que estés convencido de que llevas la razón y la verdad, eso no siempre es decisivo a la hora de que un juez dicte sentencia. Vamos, que en un juicio siempre hay una parte de  arbitrariedad

Todos los que hemos pasado alguna vez por un juicio como imputados, como testigos o simplemente como público sabemos que pese a que estés convencido de que llevas la razón y la verdad, eso no siempre es decisivo a la hora de que un juez dicte sentencia. Vamos, que en un juicio siempre hay una parte de  arbitrariedad. En definitiva, es como lanzar una moneda al aire para ver si sale cara o cruz, nunca hay garantía total de que te den la razón por más que la lleves. Hace unos años, la empresa en la que yo trabajaba despidió a un compañero por ser enlace sindical, algo en ese momento irregular. La sentencia aceptó el despido porque unos días después se aprobó la reforma laboral que lo permitía, pese a que la ley no contemplaba la retroactividad. Depende del juez y su ideología y su forma de interpretar la ley, de que tu abogado esté lo suficientemente preparado, etc. Y no estoy diciendo que no crea en la Justicia, al contrario, es el menos malo de los sistemas que hemos inventado para organizarnos como sociedad democrática, pero tiene sus lagunas, reconozcámoslo.

Afortunadamente y pese a los intentos desesperados de la ultraderecha española, en nuestro país hace tiempo que se dejó atrás el debate sobre la pena de muerte; no obstante, hay nada menos que treinta estados en Norteamérica en los que se mantiene en vigor y siete personas han sido ejecutadas este año en alguno de ellos. Hay 2721 presos en el corredor de la muerte de Estados Unidos y desde 1973 solo 165 personas han salido de él.

Carlos DeLuna fue ejecutado el 7 de diciembre de 1989 a través del suministro de una inyección letal, por haber sido condenado a muerte, tras el asesinato de Wanda López . Quince años más tarde, el periódico Chicago Tribune denunció que el Estado había acabado con la vida del hombre equivocado y que su único delito fue encontrarse en el momento justo en el sitio erróneo. Uno de los estudios realizados al respecto por un grupo de investigación en el que participaron juristas y bioestadísticos señalaba que un 4,1 % de los ejecutados eran inocentes, así que de las cerca de 1500 personas que han pasado por la pena capital en Estados Unidos desde 1977 se puede decir que casi sesenta inocentes han perdido la vida por ser injustamente acusados, después de sufrir un calvario de juicios, cárceles y condenas.

De hecho, uno de los estados más activos desde hace años es Florida, el mismo donde ha sido juzgado Pablo Ibar. Allí, cuesta al gobierno 51 millones de dólares al año más ejecutar a una persona que condenarla a cadena perpetua. Así que ese afán de venganza les sale caro

De hecho, uno de los estados más activos desde hace años es Florida, el mismo donde ha sido juzgado Pablo Ibar. Allí, cuesta al gobierno 51 millones de dólares al año más ejecutar a una persona que condenarla a cadena perpetua. Así que ese afán de venganza les sale caro.

Así lo confirman el 88 % de los miembros de distintas sociedades criminalísticas norteamericanas, que están de acuerdo en que este castigo no sirve para disuadir a delincuentes. Más bien parece una forma de revanchismo de la ley hacia el que la quebranta. De hecho, en los estados del sur de Norteamérica donde más se aplica la pena de muerte es donde hay una mayor tasa de homicidios, mientras que en el norte, donde no es legal, es dónde ese porcentaje se reduce al mínimo del país.

Claro que, en un lugar donde las armas son legales y no tienen reparos en utilizarlas contra el primero que asoma por la puerta de la casa sin preguntar, es obvio que haya gente que considere que la vida humana no vale lo mismo ni en todos lados, ni siquiera para cada uno de los miembros de una misma familia.

Y es que yo me planteo cómo actuará un ciudadano al que llamen a un juicio para participar como jurado si está en contra de la pena de muerte por muchos delitos que haya cometido el acusado. ¿Quién juzga a los jueces que condenan a la lapidación en Yemen o Sudán a hombres y mujeres por tener relaciones íntimas con alguien de su mismo sexo?

Y es que yo me planteo cómo actuará un ciudadano al que llamen a un juicio para participar como jurado si está en contra de la pena de muerte por muchos delitos que haya cometido el acusado. ¿Quién juzga a los jueces que condenan a la lapidación en Yemen o Sudán a hombres y mujeres por tener relaciones íntimas con alguien de su mismo sexo?

La violencia de los Estados es mucho más grave que la que ejercen las personas individuales porque incrementa la injusticia e invalida las sentencias. Si un gobierno mata a un inocente se equipara al delincuente y, por tanto, sus dictámenes dejan de tener validez moral. A mí, como espectador, ya no me importaba si Pablo Ibar mató o no a esas personas, porque con la cadena de irregularidades que pesan en su historial judicial lo que realmente temía era que fuera condenado a muerte y en el futuro, tras haberle aplicado la pena capital, descubriéramos que había sido inocente por otro nuevo error de la Justicia norteamericana.

Y el hecho es que conocemos el caso porque se trata de un español en el corredor de la muerte, pero no olvidemos que hay más de dos mil personas en las mismas circunstancias hoy en día en Estados Unidos y que la mayoría de ellos carece de los recursos económicos necesarios con los que ha contado la familia del vasco y tendrán más posibilidades de recibir una inyección letal. ¿O es que alguien, de verdad, cree que las clases sociales más desfavorecidas, de las que están plagadas las cárceles de los países desarrollados, nacen con un gen que les concede un mayor grado de peligrosidad,  que son peores, que delinquen más, que asesinan con mayor facilidad que el resto?