La caída de Cristina Cifuentes, la presidenta de la Comunidad de Madrid que hasta ‘anteayer’ se había autoerigido en adalid de la transparencia y la lucha contra la corrupción, ha sido producto de la conjunción de varias fuerzas físicas: las que empujaban para tirarla y las que la han dejado caer, a las que hay que sumar todos los esfuerzos que ha hecho la propia Cristina para despeñarse por cuenta propia, con su conducta ilegal e inmoral.

Los representantes de Ciudadanos han declarado que la dimisión/renuncia de la presidenta supone el fin del “caso Cifuentes”, aunque todavía hay muchas cosas que aclarar en este affaire. De la investigación abierta de algunas de ellas, -como la falsificación de documentos públicos en la Universidad Juan Carlos I o el almacenamiento de las imágenes del supermercado que debieron haberse destruido-, derivarán consecuencias tanto en el plano jurídico como en el político. 

En Granada se vive una situación análoga. El PP también ayudó a caer a Torres Hurtado que se rindió con la condición de arrastrar en su salida del ayuntamiento a Sebastián Pérez, sin que se aclarara nunca el por qué de esta vinculación y por qué, (o a cambio de qué), aceptó la dirección regional del PP esta exigencia

Pero aunque Albert Rivera crea que “muerto el perro se acabó la rabia”, (perdóneseme la metáfora, no hay animus injuriandi), el asunto no se acaba con el cambio por un candidato interino hasta las próximas elecciones. Porque el caso Cifuentes, no es un caso aislado, es el caso PP de Madrid y la metástasis de la formación se extiende por toda la Comunidad, (Púnica, Gürtel, Mercamadrid, Canal de Isabel II, Lezo, Acuamed…), que afecta/infecta a toda su nómina de dirigentes, unos ya en la cárcel, otros investigados, salpicando ya a casi la mitad de los 48 diputados elegidos en 2015, que han tenido que renunciar a sus actas. 

Ciudadanos en Madrid debe entender que la regeneración democrática que tanto pregona no puede hacerse con el PP en el gobierno de la Comunidad y que, si  los azules populares encontraran un candidato blanco, presuntamiente limpio, los naranjas no deberían apoyarlo porque eso sería un auténtico marrón para la democracia y para esa región durante los próximos meses hasta las elecciones autonómicas y municipales de mayo. 

En Granada se vive una situación análoga. El PP también ayudó a caer a Torres Hurtado que se rindió con la condición de arrastrar en su salida del ayuntamiento a Sebastián Pérez, sin que se aclarara nunca el por qué de esta vinculación y por qué, (o a cambio de qué), aceptó la dirección regional del PP esta exigencia. 

El presidente provincial del PP se ha convertido ahora en el aspirante de la derecha a recuperar la alcaldía, apareciendo como si fuera “nuevo en la Plaza” (del Carmen) donde ha vagado durante muchos años. El ahora alcaldable pepero ha estado más de veinte años de concejal, empezando a principios de los 90 en la oposición al PSOE, luego a la sombra en la alcaldía del Kiki, volviendo luego a la oposición cuando Moratalla fue alcalde y volviendo de nuevo al gobierno municipal de la mano de Torres Hurtado, al que siempre tuvo el deseo de arrebatarle la vara de mando. Mientras le llegaba la hora se ha entretenido siendo, (aparte de los cuatro años de presidente de la Diputación),  simultáneamente senador en varias legislaturas, de las que se desconoce cuáles han sido los frutos conseguidos para Granada. Igualmente desconocidos son los méritos profesionales y académicos, fuera de la Política, porque por mucho que se rastrea en las webs del Partido, del Senado o en la wikipedia, sólo se consigue encontrar un vago “no acabó sus estudios de Ciencias Políticas”, que más bien induce a sospechar que tras él se esconde más bien que apenas los comenzó. 

El caso Torres Hurtado,  afecta directamente al ex alcalde pero también es el caso PP, el de su partido, cuyo presidente era y es Sebastián Pérez; porque este partido consiguió sus votos con el uso y abuso de los medios públicos, verbigracia la manipulación de la televisión municipal, o con  ‘los intrusos de los muertos’ trabajando en su sede, como hemos sabido por las investigaciones poliicales-judiciales

En Granada, el caso Torres Hurtado,  afecta directamente al ex alcalde pero también es el caso PP, el de su partido, cuyo presidente era y es Sebastián Pérez; porque este partido consiguió sus votos con el uso y abuso de los medios públicos, verbigracia la manipulación de la televisión municipal, o con  ‘los intrusos de los muertos’ trabajando en su sede, como hemos sabido por las investigaciones poliicales-judiciales. Y además Sebastián Pérez no puede escurrir el bulto de su responsabilidad institucional también porque es ‘cómplice’ y ‘cooperador necesario’ de muchas de las acciones ilícitas de los casos destapados en su condición de concejal del equipo de gobierno de Torres Hurtado. En este caso no puede escaparse de rositas, bien porque estaba al tanto de las operaciones, bien por culpa in vigilando como jefe de la formación política, que tenía el deber de vigilar  (y estaba muy cerca) la limpieza y la legalidad de la acción del gobierno municipal del PP. 

Porque ‘el caso Torres Hurtado’, mejor dicho los n-casos,  (Serrallo, Nazarí, Emucesa, TG7, Casa Agreda…), son también en este caso, valga la redundancia, ‘los casos del PP granadino’, y se corresponde con una forma de gestionar la cosa pública como si fuera un (su) cortijo privado y una manera de entender la política en beneficio propio, y de los propios, que el PP no ha pagado aún ni en las urnas  ni socialmente, en buena medida porque ha jugado ‘dopado’ en cada elección apoyado en una trama de intereses económicos, sociales y mediáticos que ha silenciado, maquillado o trucado la realidad para conseguir el apoyo de una mayoría de ciudadanos que ha ido menguando progresivamente pero que aún parece mantener un colchón electoral importante. 

Madrid, Granada, Valencia, España no pueden tropezar con las mismas cosas, con los mismos casos, con las mismas piedras.