La dotación de infraestructuras para un determinado territorio obedece a criterios de prioridad presupuestaria, por tanto política, basada en las necesidades y demandas ciudadanas y sociales de dicho territorio, normalmente establecidas en algún documento estratégico/planificador con vigencia en el medio plazo. Documento cuya génesis, desarrollo, debate y aprobación también se habrán visto sometidos a un debate interminable y a veces apasionado, pues es mucho lo que hay en juego. En el bien entendido que por la testarudez de los tiempos, es más que posible que se planifique una infraestructura por una opción política de un color, se construya por otra y se inaugure por una tercera. Es también indudable.

La política consiste, entre otras cosas, en un justo y equilibrado reparto de las dotaciones económicas, siempre insuficientes, entre aquellos territorios (regiones, provincias, municipios..) que las demandan, en función de índices, normalmente objetivos, como carencias detectadas, población afectada, beneficios sociales a lograr y desigualdades a corregir. Pero también en función de índices subjetivos, como la presión política, social o mediática ejercida y, a qué negarlo, el interés partidista o puramente electoral. Seguramente en el complejo e inestable equilibrio entre ambos índices, encontraremos algo de luz. Es también indudable.

Pero abandonar o dejar en segundo plano los valores que deben regir la sociedad o cada modelo de sociedad, los principios que inspiran una determinada opción política o las normas éticas y democráticas sobre las que construir el desarrollo de un país, para establecer toda una acción política y estratégica en base a los kilómetros de carretera construidos, los metros cúbicos de agua embalsada o las hectáreas de terreno urbanizadas en un determinado periodo de tiempo, no deja de ser síntoma de pobreza intelectual, carencia política y escasez argumental. Eso si que, para mi, es indudable.