Esta semana el diputado de Turismo de la provincia, el señor Enrique Medina, se descolgó con unas declaraciones sobre la posible introducción de una tasa turística en Granada: "Un nuevo impuesto sólo se implantaría con el consenso del sector".

Sorprendentes declaraciones, por no decir absurdas, que ignoran la propia esencia del concepto de "impuesto" que, como su mismo nombre indica, es algo que se impone, que es a la fuerza, vaya. ¿Se imaginan que hubiera que plantear por consenso con concesionarios y fabricantes si los compradores de coches tienen que pagar IVA o no? ¿O que el Estado tuviera que establecer por consenso con usted o conmigo si tenemos que cotizar o no por el IRPF? Me da que iba a salir que no.

Este concepto del impuesto "consensuado" no sé si es una metedura de pata del Sr. Medina o si es muestra de la nueva línea del PSOE que ha pasado del socialismo a la socialdemocracia blandita, de ahí al social-liberalismo y anda ya tan en búsqueda del centro que andan preparando ponernos de presidente al señor de los recortes, los regalos a la banca y el despido subvencionado.

A la larga, un impuesto turístico acaba beneficiando a todo el sector

El caso es que una tasa turística sería beneficiosa para el sector en su conjunto. Por un incremento insignificante de entre un 2% y un 5% en los precios finales para el turista (menor a los incrementos del IVA efectuados por PP y PSOE) se consiguen unos fondos finalistas para reparar los costes externalizados del negocio turístico. En una provincia como Granada permitiría invertir en la regeneración de playas, la rehabilitación y mantenimiento de patrimonio cultural o la mejora de senderos, acequias y masas forestales de Sierra Nevada, por citar algunos ejemplos.

En Andalucía esta tasa vendría a aportar fondos para estas y otras acciones, cada vez más abandonadas por la falta de capacidad y voluntad política de un gobierno andaluz al que se le está pasando el arroz de los fondos europeos sin comprometer nuevos fondos para planes de desarrollo turístico, ni para la capital ni para la costa ni para el resto de la provincia.

A la larga, un impuesto turístico acaba beneficiando a todo el sector. Por eso existe en las principales capitales turísticas de Europa, lleva años implantado en Cataluña y se lo están planteando en San Sebastián y Bilbao. Pero en Andalucía, que somos más listos que nadie, se ve que no nos hace falta. Pero no es eso. Lo que pasa es que la sumisión del PSOE andaluz a los dictados de nuestra patronal, bastante cortita de miras por otra parte, es abrumadora. Lo experimentamos desde Izquierda Unida con la amarga experiencia del cogobierno, roto por la negativa de Susana Díaz a iniciativas como la Banca Pública, el impuesto a las grandes superficies o la Ley de Movilidad Sostenible, que favorecían a los andaluces, pero que atentaban contra los intereses particulares de banca, grandes distribuidoras y promotores de la construcción respectivamente.

Si hay que pedirles permiso a quienes tienen que pagarlo, nos quedaremos sin impuesto turístico. Otros destinos seguirán mejorando en calidad mientras nosotros competimos por el turismo barato de baja calidad, con bajas condiciones laborales precarias como corolario. Cuestión de clase.