Esta semana comenzaba con Granada en los titulares de todos los medios de comunicación nacionales. La campaña electoral a las municipales se veía sacudida por una terrible noticia en uno de los barrios más populares de la ciudad, La Chana. El pasado lunes, una deflagración provocada, al parecer, por la acumulación de gas procedente de una hornilla en una vivienda terminaba con la vida de un pequeño de seis años y ha dejado a su madre con quemaduras graves en el hospital. De las quemaduras se recuperará, esperemos, pero la cicatriz en el alma por haber perdido a su hijo perdurará toda su vida.

La mujer había presentado en 2017 y 2020 denuncias por los malos tratos recibidos de parte de su pareja con la que ya no convivía y que la Policía Nacional ha localizado en Murcia para comunicarle el suceso. Madre e hijo residían en un piso de alquiler cuya cuota mensual no satisfacían desde hace algunos meses

El alcalde de Granada, Paco Cuenca, inmerso en la campaña electoral municipal, no ha dudado en manifestar que el Ayuntamiento se hará cargo del entierro del pequeño ya que la familia –madre e hijo- se encontraba en una situación “delicada” y se estaba trabajando con ellos desde Servicios Sociales. Buen gesto el del primer edil granadino, excelente conocedor del barrio donde ha tenido lugar la tragedia.

Según algunas fuentes, la mujer había presentado en 2017 y 2020 denuncias por los malos tratos recibidos de parte de su pareja con la que ya no convivía y que la Policía Nacional ha localizado en Murcia para comunicarle el suceso. Madre e hijo residían en un piso de alquiler cuya cuota mensual no satisfacían desde hace algunos meses.

La desigualdad y la precariedad se ceban con las mujeres y sus hijos, lo sabemos, pero poco se hace para paliar estas situaciones. Una de las actuaciones que nació con el objetivo de recuperar las vidas de las mujeres maltratadas y todas las situaciones que se derivan de esta realidad es el Pacto de Estado contra la Violencia pero su aplicación tiene más agujeros que un queso gruyere a pesar de la enorme dotación económica con la que cuenta y que debería ser auditada a tenor de lo que se ha estado viendo durante los últimos años. Y no sobran fondos –me adelanto a lo que puedan estar pensando quienes consideran que estas medidas no son necesarias-, lo que es imprescindible es que vayan dirigidas a las mujeres y los menores que dependen de ellas. Que la ciudadanía sepa en qué se están empleando porque, lo que dicen las víctimas es comprobable. A ellas no les llegan.

Andalucía recibirá este año más de 21 millones de euros procedentes del reparto de los fondos destinados a las comunidades autónomas procedentes del Pacto de Estado contra la Violencia. No se sabe, a ciencia cierta, a qué se destinarán

Andalucía recibirá este año más de 21 millones de euros procedentes del reparto de los fondos destinados a las comunidades autónomas procedentes del Pacto de Estado contra la Violencia. No se sabe, a ciencia cierta, a qué se destinarán ni en qué se ha empleado, exactamente, la partida de 2022 que ascendió a 15,1 millones de euros, más allá de algún documento colgado en internet con actuaciones en materia de sensibilización. Vergüenza da mirar los Datos Estadísticos de Recursos en las Comunidades Autómomas del 2020 (últimos publicados) alojados en la web del Pacto de Estado correspondientes a Andalucía. Es la única comunidad que no desagrega las cifras por provincias y donde se especifica que no hay ninguna vivienda de protección pública (VPP) ni vivienda de protección oficial (VPO) ofertadas con acceso preferente para supervivientes de violencia contra las mujeres.  A pesar de señalar que hay programas específicos de empleo para víctimas no ofrece ni un solo dato de cuántas mujeres han participado en estos programas. Y sí, asegura sin rubor, que no existen ayudas al alquiler para víctimas.

Quizá ella pudiera ofrecer una explicación sobre la inexistencia de viviendas accesibles para mujeres víctimas de violencia con menores a su cargo

En campaña está en Granada Marifrán Carazo, la alcaldable del Partido Popular. Ha llegado a Granada, directamente, de la Consejería de Fomento y Vivienda de la Junta de Andalucía. Quizá ella pudiera ofrecer una explicación sobre la inexistencia de viviendas accesibles para mujeres víctimas de violencia con menores a su cargo, al margen de los pisos tutelados y las casas de acogida que siempre son soluciones temporales.

También los ayuntamientos reciben partidas económicas procedentes del Pacto de Estado. El de Granada recibió 100.721,26 euros en 2022. En la web municipal se especifican los recursos disponibles para las víctimas de violencia. Teléfonos donde pueden acudir, impresos que cumplimentar si quieren formar parte de la larga lista de demandantes de viviendas protegidas, un enlace al servicio de empleo de la Junta de Andalucía, correos electrónicos y muchos más teléfonos.